Las autoridades venezolanas acusan a dos periodistas y detienen a uno

…por delitos contemplados en la ley ‘contra el odio’

Autoridades venezolanos en Caracas el 11 de julio. Ciudadanos demandando medidas preventivas contra Covid-19.
Foto: (AP/Matias Delacroix)

HAVANA TIMES – Las autoridades venezolanas deben retirar inmediatamente todas las acusaciones contra los periodistas Otilio Rodríguez y Nicmer Evans, liberar inmediatamente a Evans, y dejar de utilizar la ley contra el odio de Venezuela para perseguir a la prensa, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas.

El 13 de julio, cerca de las 2 p. m., agentes policiales y de contrainteligencia allanaron la vivienda de Evans en Caracas cuando el periodista se encontraba ausente, y confiscaron un teléfono móvil y varios equipos, según tuits de la organización venezolana defensora de la libertad de prensa Espacio Público.

Cerca de las 8 p. m. de ese mismo día, agentes arrestaron a Evans, fundador y director del sitio noticioso independiente Punto de Corte, según un video que Evans subió a Instagram y que lo muestra entregándose a los agentes. En el video, Evans enseña la orden de captura dictada por el Tribunal de Control 21 del Área Metropolitana de Caracas, que lo acusa del delito de instigación al odio en virtud de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia de 2017.

El 15 de julio, efectivos de la Guardia Nacional en la localidad de Carúpano, en el oriental estado de Sucre, detuvieron a Rodríguez, reportero de la radioemisora privada Pura Candela, lo acusaron de violar la ley contra el odio, y lo liberaron al cabo de 20 horas, según informaciones de prensa y Espacio Público.

De ser condenados por violar la ley contra el odio, Rodríguez y Evans podrían ser sancionados a una pena de hasta 20 años de cárcel, de acuerdo con el texto de la ley.

Evans está detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta, Caracas, de acuerdo con Edgar Cárdenas, secretario general de la sección Caracas del Colegio Nacional de Periodistas, quien habló con el CPJ por una aplicación de mensajería.

“La ambigua ley contra el odio de Venezuela se vuelve a utilizar contra la prensa, y Nicmer Evans y Otilio Rodríguez son sus últimas víctimas”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades deben retirar todas las acusaciones contra los periodistas, liberar a Evans inmediatamente, y reformar esta ley, que se ha empleado reiteradamente para acosar a los medios y criminalizar su labor”.

La ley contra el odio de Venezuela fue adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente en noviembre de 2017. Como el CPJ lo documentó en ese entonces, la ley no define términos fundamentales como el odio, y lo deja abierto a una amplia interpretación. El mes pasado, otros dos periodistas fueron acusados de cometer delitos contemplados en la ley contra el odio, y continúan en arresto domiciliario, como el CPJ lo informó.

El 17 de julio, las autoridades presentaron a Evans ante el tribunal, donde un juez ratificó las acusaciones contra él y ordenó su detención en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar mientras continúa la investigación, según Espacio Público.

Periodistas locales tuitearon que consideraban que la detención de Evans era una represalia por el trabajo periodístico de Punto de Corte, que frecuentemente criticaba al Gobierno venezolano.

“Punto de Corte es un medio que ha tenido una línea editorial crítica. Esto se puede entender como un pase de factura”, expresó Cárdenas.

Las autoridades arrestaron a Rodríguez luego de que éste informara sobre la presunta implicación de la Guardia Nacional en la venta de gasolina en el mercado negro en medio de la escasez de combustible en el país, según informaciones de prensa.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa tuiteó que Rodríguez estaba detenido en el comando de la Guardia Nacional en Carúpano y que le habían confiscado el teléfono móvil. El CPJ llamó varias veces al Ministerio de Defensa, que está a cargo de la Guardia Nacional, para solicitar una declaración, pero no recibió respuesta.

El sistema judicial venezolano ha cerrado parcialmente por causa de las restricciones relacionadas con la pandemia de la COVID-19, pero Carlos Correa, director de Espacio Público, declaró al CPJ por medio de una aplicación de mensajería que, cuando termine la fase de confinamiento, Rodríguez tendrá que presentarse periódicamente ante un juez de un juzgado penal mientras su proceso sigue su curso.

El CPJ llamó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar y a la Policía de Caracas a los números telefónicos que aparecen en sus sitios web, pero nadie respondió las llamadas.

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