Las autoridades peruanas amenazan con incautar documentos a Ojo Público

sobre sus investigaciones de actos de corrupción

Oscar Castilla, editor del sitio web peruano, Ojo Público.

HAVANA TIMES – Las autoridades peruanas deben cesar sus intentos de incautar documentos a Ojo Público, y deben respetar el derecho de los periodistas a utilizar fuentes reservadas, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

El 5 de abril, la fiscal peruana Yovana Mori García envió 13 oficios a Ojo Público, un medio digital de periodismo investigativo, en los cuales le exigía al medio la entrega de documentos relacionados con sus investigaciones periodísticas sobre lavado de dinero, las cuales involucran a empresas inmobiliarias, mineras, madereras y agroindustriales, así como a un excandidato presidencial, según versiones noticiosas, copias de los oficios a las cuales tuvo acceso el CPJ, y el testimonio del director de Ojo Público, Óscar Castilla, quien habló con el CPJ por aplicación de mensajería.

El medio digital había revelado esos casos de presunto lavado de activos en las investigaciones que publicó en 2016-2017 con base en los Papeles de Panamá, documentos filtrados provenientes de un estudio jurídico panameño. Tales denuncias llevaron a las autoridades a investigar esas empresas y al candidato.

“Es preocupante que las autoridades peruanas hayan intentado utilizar una investigación en curso para presionar a Ojo Público a entregar documentos de carácter reservado que sencillamente no tiene”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “La Fiscalía está demostrando una falta de comprensión elemental sobre los métodos del periodismo investigativo, y debe dejar de amenazar con tomar medidas legales contra un medio informativo que no ha hecho nada malo”.

Ojo Público fue una de las más de 100 organizaciones noticiosas de todas partes del mundo que colaboraron en la investigación de los Papeles de Panamá en 2016, galardonada con un premio Pulitzer. La investigación estuvo supervisada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Los oficios enviados por Mori le ordenan a Ojo Público la entrega de los documentos pertinentes antes del 23 de abril, y advierten que la Fiscalía de la Nación solicitaría una orden judicial para acceder a los documentos si el medio digital se negaba a cumplir la orden, una medida que podría incluir la incautación de sus computadoras de escritorio y portátiles.

Castilla declaró que Ojo Público había respondido a Mori en una carta con fecha 23 de abril, en la cual afirmaba que no poseía los citados documentos, porque pertenecían a una base de datos controlada y administrada por el ICIJ, y que la petición de entrega de los documentos era, por tanto, “inviable”.

“Nos están pidiendo algo que no nos pertenece”, señaló Castilla, quien agregó que la Fiscalía no había contestado la carta de Ojo Público fechada el 23 de abril.

Castilla expresó que Ojo Público y las demás organizaciones noticiosas que colaboraron con la investigación de los Papeles de Panamá habían suscrito acuerdos de confidencialidad que les impedían revelar las fuentes periodísticas.

El CPJ envió un correo electrónico y mensajes de texto por aplicación de mensajería a la Fiscalía de la Nación para obtener una declaración, pero no recibió respuesta.

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