La fiscal que tiene a Maduro en apuros

Por Néstor Rojas Mavares (dpa)

HAVANA TIMES – La abogada Luisa Ortega Díaz fue ratificada como fiscal general de Venezuela en 2014 para una gestión hasta 2021, con el apoyo de una Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, que expresaba absoluta confianza en su desempeño, reportó dpa.

Desde entonces, la jefa del Ministerio Público no había escuchado amenazas tan gruesas sobre su permanencia en el cargo de parte de funcionarios del Gobierno y el oficialismo como las de los últimos días, en medio de la ola de protestas contra el presidente Nicolás Maduro.

En síntesis, le advirtieron de que puede ser destituida por la Asamblea Constituyente que propuso Maduro, que aunque no sea elegida por un proceso comicial universal, tendría poderes plenipotenciarios. Esto supone que estará por encima de cualquier poder constituido mientras redacta la nueva Carta Magna.

Todo comenzó el 31 de marzo pasado, cuando Ortega señaló que dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que despojaron de sus atribuciones a la Asamblea Nacional (Congreso unicameral) significaban una ruptura del orden constitucional. Aunque el TSJ retiró parcialmente el fallo, la fiscal mantuvo su criterio.

Hasta ese momento, Ortega había acompañado con sus decisiones las líneas de la llamada revolución bolivariana. Considerada una militante de izquierda inclinada al proyecto bolivariano, sus decisiones eran favorables al oficialismo y su discurso fuera de sospecha.

Hasta ahora nadie recordaba que su cargo tiene el dominio de la acción penal y que puede ejercer acciones contra el Ejecutivo en materia penal y de corrupción, lo que ha sido visto como una amenaza por el Gobierno.

Esta semana, Ortega volvió a la carga contra la línea oficial. Dijo que la Guardia Nacional (policía militarizada), el órgano que apoya las tareas de orden público, dejaba actuar a grupo de civiles armados en el control de manifestaciones.

Señaló también su desacuerdo con pasar a la justicia militar a detenidos en las protestas y que las fuerzas del orden estaban inexplicablemente ausentes en episodios de saqueos a comercios.

Pero el más delicado señalamiento fue en torno a la muerte del estudiante universitario Juan Pernalete, ocurrida el 26 de abril por un violento impacto en el pecho, cerca de la plaza Altamira, el principal centro opositor del país.

El Gobierno y el oficialismo habían instalado en la opinión pública la idea de que el joven cayó en extrañas circunstancias en las protestas, alegando que su muerte fue ocasionada por una pistola de “perno cautivo”, utilizada para sacrificar animales.

En una rueda de prensa, Ortega mostró un cartucho de bomba lacrimógena y señaló que, según se indica en sus instrucciones, dispararla al cuerpo puede ser letal. Además, dijo que las investigaciones habían identificado al comando de la Guardia Nacional que tenía a cargo el arma con la que se disparó el cartucho que mató al estudiante.

La acusación contra el cuerpo militar fue la gota que derramó el vaso en el Gobierno, que había señalado a los asesinos de Pernalete de entre sus colegas manifestantes.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, reaccionó indignado en defensa de la Guardia Nacional, con una declaración:

“Esta hipótesis (del crimen), no solo afecta el espíritu de cuerpo de nuestros efectivos, sino que podría además instigar a la violencia contra ellos y alimentar la matriz negativa que quieren posicionar grupos de derecha sobre este componente de la institución castrense”, replicó.

Pero la más estridente advertencia a Ortega la hizo el viernes el ministro de Educación y jefe de la comisión presidencial para la Asamblea Constituyente, Elías Jaua.

“Es irresponsable que una alta funcionaria adelante una especulación sobre un crimen sin tener pruebas y acuse a la gloriosa Guardia Nacional de haber asesinado”, afirmó.

Y agregó: “Esto nos obliga a ir a una Constituyente”, dejando ver la eventual destitución de Ortega una vez que se instale la Asamblea, que tendrá 545 miembros elegidos a fines de julio, muchos de ellos entre grupos chavistas.

“La Constitución debe ser mejorada para evitar que un poder, por ejemplo el Ministerio Público, se cruce de brazos ante una rebelión armada contra la república, que el Ministerio Público vea cómo se destruyen centros de salud y escuelas y no haga nada”, señaló.

Según Maduro, la Constituyente, que ha tenido el firme rechazo de la oposición, “lo podrá todo, (podrá) cambiar todo lo que tenga que ser cambiado”.

La fiscal entró en un túnel de silencio y solo aparece cuando cree necesario hablar sobre el saldo de las protestas y la ola de violencia, que en casi ocho semanas han dejado 59 muertos y miles de heridos.

Durante las protestas, la Fiscalía ha imputado a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Nacional por varias de las víctimas mortales, la mayoría de balazos.

Ortega, de 59 años, es una abogada que ingresó a la Fiscalía en 2002.

Fue designada para el cargo en 2007 y ratificada en 2014 para el período 2014-2021, cuando la legislatura estaba dominada por el oficialismo.

Es egresada de la Universidad de Carabobo en derecho penal y se especializó en derecho procesal y constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Antes de ingresar a la Fiscalía, fue consultora jurídica de la televisora oficial venezolana.

En los últimos años se encargó de una comisión que investigó los crímenes, desapariciones y torturas por razones políticas entre 1958 y 1998, con énfasis en la lucha contra la guerrilla izquierdista de los años 60.