La fiscal chavista que denuncia al Gobierno de Maduro
Por Ángel Alberto González (dpa)
HAVANA TIMES – La decisión de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, de recusar a 33 magistrados y pedir un antejuicio contra la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), oficializó la guerra abierta entre esta defensora del chavismo y el Gobierno, que ahora la acusa de “traición”.
Militante desde su juventud en movimientos de la izquierda revolucionaria, Ortega Díaz en su momento defendió la revolución bolivariana y el legado del ex presidente Hugo Chávez (1999-2013), a quien calificó como “el más grande humanista” de este siglo.
La gran diferencia entre Ortega Díaz y la oposición es que la fiscal se opone al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como una manera de defender a Chávez, algo que la sitúa dentro de un grupo conocido como el “chavismo disidente”.
El último episodio del divorcio entre Ortega Díaz y Maduro fue la decisión de la fiscal de oponerse a la convocatoria del mandatario de una Asamblea Constituyente, supuestamente para reforzar los derechos establecidos en la Constitución que promulgó Chávez en 1999 y refundar las instituciones del país.
Ortega Díaz decidió la semana pasada introducir un recurso, que finalmente fue rechazado, contra la Constituyente por considerar que este mecanismo representaba una amenaza a la Constitución chavista.
“Yo creo que con esto (la Constituyente) también estamos destruyendo el legado del presidente Chávez, este es uno de los principales legados del presidente Chávez”, argumentó mientras sostenía una Constitución en su mano.
Desde su nombramiento en 2008, la trayectoria de Ortega Díaz al frente de la Fiscalía General ha estado llena de polémicas y la oposición hasta hace poco la acusaba de ser un alfil del chavismo carente de independencia.
Una de las actuaciones más controversiales de la fiscalía bajo su mandato ha sido el juicio y condena a 13 años y nueve meses de prisión del dirigente opositor Leopoldo López, quien en 2014 lideró un movimiento de protestas antigubernamental que se saldó con 43 muertos.
La oposición, al igual que numerosas organizaciones de derechos humanos y Gobiernos internacionales, defiende la inocencia de López y atribuye el saldo de muertes a la brutal “represión” gubernamental.
Hasta las elecciones parlamentarias de 2015, que fueron ganadas por la oposición, la fiscal mantuvo una actuación en sintonía con la línea del Gobierno de Maduro.
Sin embargo, la victoria de la oposición en las parlamentarias y la juramentación de la nueva Asamblea Nacional (Congreso) en enero de 2016 marcaría el comienzo de un conflicto de poderes que terminaría por alejar a Ortega Díaz del oficialismo.
Tras las elecciones, la disputa entre el Parlamento y los demás poderes se agravó hasta el punto de que el TSJ progresivamente fue eliminando casi todas las competencias del Parlamento tras declararlo en “desacato” por juramentar a tres diputados cuya elección había sido suspendida por el propio máximo tribunal tras recibir una denuncia por supuesta compra de votos.
En tanto, una comisión parlamentaria decidió anular la designación de 13 magistrados principales y 20 suplentes realizada en los últimos días del ejercicio parlamentario anterior, cuando el oficialismo contaba con la mayoría, por considerar que se cometieron irregularidades con el fin de mantener el control político del Gobierno sobre la Justicia.
Paralelamente, la situación económica en Venezuela fue deteriorándose con una inflación que se situó en alrededor del 500 por ciento, según analistas privados, sumada a un cuadro crónico de escasez de alimentos y medicinas. Esto causó un desplome de la popularidad de Maduro, que las encuestas sitúan por debajo del 20 por ciento.
En tanto, el conflicto con el Parlamento fue profundizándose hasta que en marzo el TSJ emitió dos fallos que prácticamente disolvían la Asamblea Nacional, lo que motivó que finalmente Ortega Díaz denunciara la “ruptura del orden constitucional” que dejó en evidencia su separación del oficialismo.
La oposición respondió a las sentencias denunciando que Maduro buscaba implementar una “dictadura” mediante la disolución de los otros poderes y decidió convocar a un movimiento de protesta para sacar al gobernante del poder, movilizaciones que se han extendido por más de dos meses, dejando un saldo de 67 muertos.
En medio de las protestas, Ortega Díaz ha criticado la “represión” policial, los “grotescos” fallos judiciales y la convocatoria a la Constituyente, que ahora intenta neutralizar judicialmente.
La oposición ha saludado que la fiscal “se puso del lado del pueblo”, pero nadie olvida su actuación en casos como el de Leopoldo López, quien ya cumple más de tres años en prisión.
Para algunos opositores, Ortega Díaz es sólo una oportunista que abandonó el barco del chavismo ante su inminente hundimiento.
Desde el oficialismo prometen que una vez que se juramente la Asamblea Constituyente se procederá a destituir a los funcionarios que han fracasado en su objetivo de ofrecer justicia oportuna, empezando por la fiscal general.
Ante esta realidad, Ortega Díaz, y quizás el resto del “chavismo disidente”, se encuentran en la paradójica situación en la que su futuro político luce sombrío, tanto si Maduro saca adelante la Constituyente o si, por el contrario, la oposición logra sacar a Maduro del poder.