La dictadura en Nicaragua elimina a 1500 oenegés más
La Procuraduría realizará el traspaso de los inmuebles y otros bienes de las organizaciones clausuradas a nombre del Estado de Nicaragua.
HAVANA TIMES – En una medida sin precedentes, el Ministerio del Interior (MINT) canceló a 1500 oenegés nicaragüenses, a las que acusa de “no reportar” sus estados financieros por periodos de entre uno y 35 años.
La mayoría de oenegés eliminadas son evangélicas y católicas, aunque también hay organizaciones sociales, hípicas, empresariales, educativas, médicas, indígenas, deportivas, de excombatientes y de abogados.
La masiva cancelación se dio a conocer a través del acuerdo ministerial 38-2024-OSFL, publicado en el Diario Oficial La Gaceta de este lunes 19 de agosto de 2024.
Con la disolución de estas 1500 organizaciones, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo alcanzó la cifra de 5163 oenegés eliminadas desde finales de 2018.
El acuerdo ministerial, firmado por la titular de Interior, María Amelia Coronel Kinloch, establece que en “lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles” de las oenegés eliminadas, “corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua”.
“Nuevo modelo de operatividad” para oenegés
La ministra Coronel Kinloch firmó el acuerdo ministerial el 16 de agosto de 2024, mismo día en que la dictadura Ortega-Murillo oficializó un “nuevo modelo de operatividad” para las oenegés, que —según analistas— les arrebata la autonomía de sus proyectos, y pretende controlar los recursos que estas reciben.
De acuerdo con el nuevo modelo, las oenegés deberán presentar al Ministerio del Interior (MINT) o la Cancillería propuestas de “programas y proyectos de alianza”.
Las propuestas serán valoradas por Ortega, Murillo y las instituciones estatales que estén involucradas, por la temática de los mismos. Estos decidirán si aceptan o rechazan la iniciativa.
La medida se suma a la persecución que el régimen desató en contra de las oenegés, a quienes acusó —sin pruebas— de recibir dinero de otros Gobiernos “para desarrollar actividades terroristas desestabilizadoras”.