Justicia ecuatoriana abrió juicio contra Correa por secuestro
Por Ramiro Carrillo (dpa)
HAVANA TIMES – La Justicia ecuatoriana abrió hoy juicio penal contra el ex presidente Rafael Correa y otras tres personas en Quito por su presunta implicación en el secuestro en 2012 del ex asambleísta ecuatoriano Fernando Balda en Colombia.
Sin embargo, al mismo tiempo, la jueza Daniella Camacho suspendió el juicio contra el ex presidente hasta que se entregue o sea aprehendido, ya que no puede ser juzgado en ausencia debido a que no reside en Ecuador sino en Bélgica desde 2017.
La audiencia preparatoria del juicio se desarrolló de manera reservada por más de tres horas con la presencia de los abogados de las partes, de la fiscal encargada Ruth Palacios y de Balda.
La respuesta de la jueza responde el pedido de la Fiscalía formulado a fines de septiembre en que pidió, tras haber encontrado elementos de convicción, que Correa y otros tres vinculados – Pablo Romero, ex jefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y los agentes de la Policía Raúl Chicaiza y Diana Falcón- sean llamados a juicio penal.
Los agentes agentes ingresaron al programa de protección de testigos ya que declararon que el ex mandatario Correa ordenó el secuestro.
El abogado defensor de Correa, Caupolicán Ochoa, señaló que la decisión de la jueza es “pírrica” y que hay “desfases gruesos y evidentes” en la argumentación de la Corte que sólo obedecen a presiones políticas.
El propio Correa dijo a la cadena venezolana Telesur momentos antes de la decisión judicial que el caso Balda debe ser entendido como “una persecución judicial” y “parte de una estrategia regional contra la izquierda” debido a que ésta no puede ser vencida en las urnas.
El ex presidente aseguró que si se encontrara en Ecuador, ya estaría preso, al igual que su ex vicepresidente Jorge Glas. Correa añadió que responderá con acciones ante organismos internacionales.
Además, el mandatario tuiteó antes del fallo una foto de la supuesta tapa del diario ecuatoriano “El Telégrafo” en la que se lee: “Jueza dispone juicio y prisión contra expresidente Rafael C.” y escribió:
“Me voy a dormir. Con la portada de El Telégrafo, es claro lo que va a pasar. Se ratifica que el Caso Balda es una farsa, y que todo es persecución política, porque no pueden derrotarnos en las urnas. No se preocupen por mí, preocúpense por la Patria. ¡Hasta la victoria siempre!”.
En tanto, frente a la Corte Nacional de Justicia, un centenar de seguidores de Correa se apostó con carteles a favor del ex presidente bajo una fuerte custodia policial.
Balda, que había sido miembro de la Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución para Ecuador por parte del naciente movimiento oficialista Alianza País (AP) de Correa, fue secuestrado durante unas horas en agosto de 2012 en Bogotá por cinco agentes colombianos que fueron inmediatamente detenidos.
Éstos confesaron que debían entregar al plagiado a agentes ecuatorianos de la Senain, un organismo adscrito a la Presidencia.
El ex asambleísta había sido un leal seguidor de Correa, pero se volvió en contra de éste en el transcurso del proceso constituyente.
Balda huyó a Colombia después de ser condenado a dos años de cárcel tras haber sido demandado por el presidente por injurias y por atentar contra la seguridad del Estado en relación con la difusión de unas grabaciones en las que Correa y otros asambleístas supuestamente pactaban cambios a la redacción de la nueva Constitución sin que hubiesen sido aprobados por el legislativo.
Según declaraciones de los agentes de Senain detenidos, la orden del entonces mandatario fue llevar a Balda a Ecuador desde Colombia “de cualquier manera”.
El ex presidente tiene una orden de prisión preventiva en su contra y sobre él pesa un pedido de captura y extradición a Interpol, aún sin resolver.
La detención provisional fue decidida luego de que el presidente no cumpliera con la medida cautelar de presentarse cada 15 días en un juzgado de Quito.
Otros presidentes en la historia reciente de Ecuador han sido también procesados al dejar su cargo por diferentes motivos, como Lucio Gutiérrez (2003-2005) por malversación de fondos del Instituto de Seguridad Social y el interino Fabián Alarcón (1997-1998) por contrataciones ilegales mientras fue presidente de la Legislatura.
Por su parte, Gustavo Noboa (2000-2003), acusado de irregularidades en la contratación de deuda externa, cumplió un año de arresto domiciliario.