Gobierno de Colombia y FARC apuntan a un alto el fuego definitivo
Isaac Risco y Rodrigo Ruiz Tovar
HAVANA TIMES (dpa) — El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC dieron hoy un paso decisivo en la negociación que iniciaron en 2012 en La Habana con el anuncio de un plan para buscar un alto el fuego “bilateral” y “definitivo”, que significaría el final de un conflicto de cinco décadas.
El plan, anunciado de forma conjunta por los equipos negociadores como una hoja de ruta “para agilizar (los diálogos) en La Habana y desescalar (el conflicto) en Colombia”, llega en medio de la caída del apoyo al proceso por parte de los colombianos, medido en encuestas, a raíz de la intensificación del conflicto.
En una alocución por radio y televisión, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, destacó el anuncio y fue más allá esta noche al anticipar que, dependiendo del cumplimiento por parte de la guerrilla, en cuatro meses dirá si continúa o suspende las negociaciones.
“Vamos a estar vigilantes sobre lo que hoy se pactó. Y en cuatro meses, a partir de ahora, dependiendo de si las FARC cumplen, tomaré la decisión de si seguimos con el proceso o no”, dijo Santos.
Según el documento revelado en La Habana, el gobierno se comprometió a reducir las acciones militares contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a partir del 20 de julio, día en que entrará en vigor un cese del fuego unilateral de un mes que la guerrilla declaró el pasado miércoles.
En opinión de Luciano Marín, conocido con el alias de “Iván Márquez” y jefe del equipo negociador de las FARC, el cese del fuego de su grupo se verá reforzado “con la decisión del gobierno de corresponder a este gesto y actuar decididamente en función del desescalamiento”.
Las partes también anunciaron su decisión de “acordar sin demoras”
los términos de una tregua bilateral sobre la que ya conversan de forma inicial desde hace meses a nivel de subcomisiones.
“Es una buena noticia que debe recuperar la esperanza de los colombianos, en momentos en que, como hemos reconocido, ha aumentado el escepticismo”, celebró el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle.
Los negociadores señalaron que esperan contar con el apoyo de la ONU y de la Unasur para implementar un sistema de monitoreo y verificación de la tregua. Los avances para llevar adelante ese sistema deberán ser evaluados dentro de cuatro meses, según las partes.
Las delegaciones presididas por De la Calle y “Márquez”
comparecieron sentadas a la misma mesa mientras representantes de los países garantes del diálogo, Cuba y Noruega, leían el anuncio del acuerdo.
Aunque el gobierno había anunciado que la guerrilla ampliaría su tregua unilateral de 30 días a cuatro meses, los insurgentes especificaron luego que ellos evaluarán tras el 20 de agosto si continúan con el cese el fuego, en función de que se reduzcan los ataques militares en su contra.
Santos afirmó en Bogotá que después de llegar a acuerdos en los primeros puntos de la agenda, el proceso de paz llegó a una instancia en la que es necesario “comenzar ya a frenar las muertes”.
“En esta dirección, las FARC hoy se comprometieron a mantener la suspensión unilateral de todo tipo de acciones ofensivas. Y si ellos suspenden su ofensiva contra el país, nosotros también procederemos a desescalar las acciones militares”, expresó.
Al defender su negativa a estudiar una tregua bilateral desde el inicio de las negociaciones, como con insistencia han propuesto las FARC, Santos dijo que lo mejor era entablar las conversaciones en medio del conflicto.
“La experiencia nos ha demostrado que discutir desde el principio el cese al fuego hace que la negociación se centre en eso y no se avance en los temas de fondo. Porque no podíamos permitir que la guerrilla aprovechara de nuevo esos espacios para fortalecerse militar o políticamente. Porque, sin presión militar, se generaría un incentivo perverso para dilatar las negociaciones”, afirmó.
Las FARC ya habían declarado un alto el fuego unilateral en diciembre pasado, pero lo levantaron en mayo a raíz de una ofensiva militar que dejó 40 guerrilleros muertos en bombardeos.
El gobierno había suspendido en marzo los bombardeos aéreos contra los campamentos guerrilleros, pero ordenó reanudarlos en abril, después de que las FARC mataran a 11 militares cuando aún mantenían su compromiso de cese del fuego.