Fuga de aliados amenaza con volver irreversible la caída de Rousseff

Por Ana María Pomi

La Cámara de diputados de Brasil.  Foto: noticieros.televisa.com
La Cámara de diputados de Brasil. Foto: noticieros.televisa.com

HAVANA TIMES (dpa) – Aunque esperada, la derrota sufrida por el Gobierno brasileño de Dilma Rousseff en la Cámara de Diputados, donde una comisión especial aprobó su enjuiciamiento, revela una peligrosa y creciente fuga de aliados que amenaza con volver irreversible la caída de la política del Partido de los Trabajadores (PT).

Los 38 votos -contra 27- con los que la oposición se impuso en el lunes en la comisión de diputados habla de que los “aliados” tienden cada vez más a la infidelidad, lo que alimenta las posibilidades de que el domingo 17 el plenario de la Cámara Baja decida no archivar el proceso y avalar la apertura de un juicio político contra Rousseff.

El derechista Partido Progresista (PP) -hoy el mayor socio del Gobierno- y el liberal Partido de la República (PR) son un ejemplo de que la ya debilitada coalición oficialista está en vías de extinción.

El bloque de apoyo al Gobierno ya había sufrido un golpe mortal hace un par de semanas con la disidencia del mayor partido del país, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), conducido por el vicepresidente de la República, Michel Temer.

El sábado, el dirigente del PR, Mauricio Quintela, abandonó públicamente su posición de liderazgo en el partido para votar tranquilamente a favor del enjuiciamiento de Rousseff. Una decisión que, según afirman analistas políticos, puede diseminarse entre los 40 diputados que conforman la bancada.

La oposición necesita el domingo 342 votos como mínimo para que el proceso contra Rousseff avance al Senado, que tiene la potestad de admitir o no la apertura del juicio, y luego, si la admite, de llevar adelante la acción.

El Gobierno contaba con al menos 30 votos de la bancada del PR que fueron prometidos días atrás por el presidente del partido, Valdemar da Costa Neto. No obstante, los legisladores ya avisaron que podrán garantizar como máximo -y por ahora- 15 votos.

El cambio de lado fue un balde de agua fría para el Ejecutivo, que cuenta los votos como monedas para frenar el avance de la acción.

En el PP la situación no es mejor para el Gobierno. Convertido en el mayor aliado tras la ruptura del PMDB, el partido conservador fue el más codiciado por contar con la cuarta mayor bancada de Diputados, con 49 legisladores.

Pese a que el Gobierno estaba dispuesto a entregarle ministerios de gran porte, entre otros el de Salud, en los últimos días al menos 10 directorios regionales anunciaron que apoyarán el “impeachment.

Según analistas, la promesa que el PP había hecho al Gobierno de garantizarle 25 votos, hoy cayó a menos de diez.

El lunes, el PP dio la primera muestra de lo que puede venir. De los cinco legisladores del partido que integraron la comisión especial, tres votaron a favor del “impeachment” y dos en contra.

Según asesores del Gobierno citados por medios locales, el recelo de los aliados se debe al fracaso del nombramiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien no pudo asumir como principal ministro de Rousseff por orden judicial.

El máximo líder de la izquierda brasileña, quien marcha primero en las preferencias de voto de cara a las elecciones de 2018 según un sondeo reciente, era la garantía de que el Gobierno cumpliría las promesas hechas a cambio de votos contra la salida de la mandataria.

“Los diputados no confían más en las promesas de la presidenta Dilma”, sostiene la analista política del canal GloboNews Cristiana Lobo, quien recuerda que la Corte Suprema recién analizará la situación del ex presidente el 20 de abril, después de la votación en la Cámara.

La situación en tan negra para el oficialismo como luminosa para la oposición. Según Lobo, los defensores de la caída de la presidenta esperan obtener más de 360 votos, 18 más de los que necesitan.

Una ventaja tan holgada, sumada a los ínfimos índices de aprobación que tiene Rousseff y a las denuncias de corrupción que se aproximan cada vez más a altos funcionarios de su Gobierno y su partido, entre ellos el propio Lula, haría prácticamente imposible que el Senado rechace la acción.