Fiscalía salvadoreña incauta bienes a cómplices de Mauricio Funes
Expropian nueve inmuebles, seis vehículos y cuatro cuentas bancarias a dos exfuncionarios del expresidente asilado en Nicaragua
Por EFE (Confidencial)
HAVANA TIMES – La Fiscalía de El Salvador intervino este miércoles varios inmuebles de dos exfuncionarios del expresidente Mauricio Funes —asilado junto a su familia en Nicaragua—, valorados en 1.3 millones de dólares y supuestamente ligados a una trama de corrupción.
Un representante del Ministerio Público explicó que se trata de nueve inmuebles, seis vehículos y cuatro cuentas bancarias que pertenecen al exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia David Rivas y al ex director ejecutivo de la Casa Presidencial Arturo Ayala.
Sostuvo que estas personas, procesadas por supuestamente colaborar en la malversación de más de 351 millones de dólares del presupuesto estatal, obtuvieron estos bienes durante la administración de Funes (2009-2014), época que “aprovecharon para incrementar indebidamente su patrimonio”.
Explicó que las propiedades serán administrados por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), mientras se desarrolla un proceso de extinción de dominio y un tribunal decide si pasan a poder del Estado.
Acusaciones contra Funes
Funes, asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016 y que recibió la nacionalidad de ese país en 2019, es procesado junto a más de 30 personas, incluidos algunos familiares, por el supuesto desvío y lavado de más de 351 millones de dólares.
También es acusado de pagar sobornos al ex fiscal general Luis Martínez para evitar investigaciones, malversar fondos de la construcción de una represa y revelar un documento secreto del Gobierno de Estados Unidos.
El expresidente, quien gobernó bajo la bandera del “cambio” del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) ante la corrupción de Administraciones anteriores, es el tercer presidente de la democracia salvadoreña en ser acusado de apoderarse de dinero público.
Funes, al igual que el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), utilizaron esquemas similares para apropiarse del dinero mediante una cuenta de “gastos reservados” que sirve para canalizar el gasto de la inteligencia estatal, de acuerdo con la Fiscalía.
Saca purga una pena de 10 años de prisión impuesta en septiembre de 2018 por malversar más de 300 millones de dólares y lavarlos mediante sus empresas de comunicaciones, delitos que confesó en un juicio.