Expertos de la CIDH denuncian obstrucción del trabajo en Nicaragua

Por Gabriela Selser (dpa)

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HAVANA TIMES – Un grupo de expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para ayudar en las investigaciones sobre la violencia en Nicaragua denunciaron hoy no haber podido realizar a cabalidad su trabajo, por falta de apoyo e información de las entidades del Gobierno.

En rueda de prensa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) informó que desde su formación el pasado 2 de julio no han recibido los expedientes oficiales de las investigaciones realizadas, listados de detenidos e informes de medicina legal.

“Hasta el día de hoy no hemos tenido acceso a esa información básica e imprescindible para cumplir con nuestro mandato”, dijo el italiano Amerigo Incalcaterra, jefe del grupo de cuatro expertos.

Explicó que su tarea era recopilar información oficial sobre hechos de violencia ocurridos del 18 de abril al 30 de mayo, cuando estiman habría muerto un centenar de personas. Para ello la solicitaron varias veces por escrito y verbalmente al Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía y la Cancillería de la República.

Aunque el grupo se ha reunido con familiares de fallecidos en las protestas contra el Gobierno y recabado bastante documentación, “sin la información de Estado es muy difícil cumplir con las tareas asignadas”, sostuvo el argentino Pablo Parenti.

“No hemos accedido a ninguna de las líneas de investigación del Estado. Tampoco se nos permitió ingresar a la audiencia por el asesinato del periodista Angel Gahona”, realizada el pasado martes, agregó.

Los miembros del GIEI distribuyeron un comunicado instando al Gobierno de Daniel Ortega “para que disponga a la brevedad el acceso, sin condiciones, a los expedientes de las investigaciones y causas penales, el plan de reparación (de las víctimas) y la demás información solicitada oportunamente”.

Consultado por dpa, Incalcaterra evitó responder si los miembros del GIEI permanecerán en el país los seis meses previstos cuando se les asignó el trabajo, o si se verán obligados a cancelar su misión.

“Lo importante es que podamos acceder cuanto antes a esta información. No queremos imaginar un escenario en el que esto no se cumpla”, comentó a su vez la experta guatemalteca Claudia Paz y Paz.

En su sitio web con fecha 14 de agosto, la Corte Suprema de Justicia confirmó que existe un acuerdo oficial según el cual la Cancillería sería el canal de comunicación con el GIEI, en caso de solicitar asistencia a juicios de personas detenidas.

Sin embargo, “hasta esta fecha, la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia no ha recibido de la Cancillería de la República ninguna solicitud hecha por el GIEI o la CIDH para que se permita a sus funcionarios asistir a ninguna audiencia o juicio”, se indicó.

La crisis de Nicaragua estalló el 18 de abril con una protesta de estudiantes y se agravó tras la violenta acción de la Policía y paramilitares contra manifestantes civiles, que dejó unos 450 muertos, 2.800 heridos y casi 500 detenidos, según ONGs de derechos humanos.

El Gobierno registra 198 fallecimientos y responsabiliza de las víctimas a los opositores, a quienes califica de “terroristas golpistas”.

Grupo de Trabajo de la OEA para Nicaragua elige representantes

Entre tanto, un Grupo de Trabajo creado por la OEA para buscar soluciones a la crisis de Nicaragua celebró este jueves en Washington su primera reunión formal, en la que eligió a Canadá y Chile como presidente y vicepresidente de la instancia.

El grupo está integrado además por Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú. Su creación se aprobó a principios de mes con el voto de 20 de los 34 países miembros del consejo permanente de la OEA.

El Gobierno de Ortega, contra el que se dirigen las protestas desde el 18 de abril, emitió una nota de prensa el miércoles advirtiendo que no dejará a los miembros del grupo de la OEA ingresar a Nicaragua.

En el mismo sentido, el Parlamento nicaragüense, dominado por el gobernante Frente Sandinista, aprobó hoy una declaración de “rechazo y repudio” al grupo de la OEA por considerar que “violenta la soberanía e interviene en los asuntos internos de Nicaragua”.

Los diputados acordaron “respaldar la decisión del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de no recibir dicha comisión en nuestro suelo patrio”, indicó la “Declaración de rechazo al injerencismo”.

La libertad de prensa y expresión bajo peligro

Mientras, representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de Reporteros Sin Fronteras (RSF) que concluyeron una visita de tres días a Nicaragua expresaron su “alarma” por el deterioro de la libertad de prensa y de expresión a raíz de la crisis que afecta al país desde hace casi cuatro meses.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, dio a conocer un informe que denuncia “una campaña de agresión sistemática, sostenida y permanente de parte del Gobierno” contra la prensa independiente que ha dado cobertura a las protestas sociales desde abril.

“Nos vamos muy alarmados por las denuncias recibidas de los periodistas, sobre todo los del interior del país, por los altos niveles de represión por parte de las fuerzas policiales o paramilitares contra participantes de protestas sociales y de periodistas que dan cobertura a dichas protestas”, declaró.

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