Exigen renuncia de directivo electoral de Nicaragua sancionado por EEUU
HAVANA TIMES – Un grupo de conocidos intelectuales y políticos nicaragüenses exigieron el jueves la renuncia del presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, sancionado por Estados Unidos por supuestos actos de corrupción, reportó dpa.
La demanda la presentó en rueda de prensa el denominado “Grupo de los 27”, formado por los famosos escritores Ernesto Cardenal y Gioconda Belli, el catedrático Carlos Tunnermann y los políticos opositores al gobierno Fabio Gadea y Enrique Sáenz, entre otros.
“Demandamos la renuncia inmediata del actual presidente del CSE, Roberto Rivas, y que este consejo y estructuras territoriales sean totalmente renovados con personas probas y plurales, a la vez que se proceda a una reforma jurídica íntegra del sistema electoral”, señaló una proclama de la organización.
El titular del CSE fue sancionado el mes pasado por el Gobierno de Donald Trump en el marco de la Ley Magnitsky, que permite aplicar restricciones a personas acusadas de violar los derechos humanos y cometer actos de corrupción a nivel global.
El Gobierno del presidente Daniel Ortega ha guardado absoluto silencio sobre el caso y Rivas no ha sido visto en público desde entonces, en medio de incesantes rumores de la prensa local.
El magistrado Rivas integra el Poder Electoral desde 1995 y lo preside desde 2000. La oposición lo acusa de cometer fraude en favor del gobernante Frente Sandinista en las últimas cuatro elecciones presidenciales y municipales.
Según un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Rivas es acusado de amasar una gran fortuna personal -que incluiría propiedades inmobiliarias, jets privados, vehículos de lujo y un yate-, con un salario anual que no supera los 60.000 dólares.
La lista en la orden ejecutiva de Trump incluía a otras 12 personas y 33 empresas en el mundo.
Aunque lamentó “que se emplace desde afuera al Gobierno a frenar la corrupción mediante la ley Magnitsky, el “Grupo de los 27” señaló que Ortega “es el responsable principal del desmantelamiento de la democracia, de las violaciones a los derechos humanos, de los fraudes
electorales, de las oscuras relaciones con Rusia y de la corrupción y los turbios negocios” con el petróleo venezolano.
En otro orden, los firmantes de la proclama exigieron al gobierno investigar la muerte, en noviembre pasado, de seis campesinos ejecutados por el Ejército en una comunidad surcaribeña, incluyendo a dos niños cuyos restos no han sido entregados a su madre.
También condenaron “la entronización de un modelo de poder familiar autoritario con características dinásticas” que ha convertido al Poder Judicial, el Parlamento y la Contraloría de la República en “instrumentos al servicio del régimen”.
“Condenamos la corrupción que se ha entronizado y la impunidad que se promueve desde el poder (…) y la gravísima partidización del Ejército y la Policía, cuyas leyes internas han sido alteradas para dejarlas a expensas de la voluntad” de Ortega, señaló el documento.