Exigen a Procuraduría de Nicaragua “no ser cómplice”
de violaciones a los derechos humanos
Presidenta del Consejo Centroamericano de Procuradores y Defensores de DD.HH. llamó a sus homólogos nicas a reaccionar ante la represión del régimen
Por Cindy Regidor (Confidencial)
HAVANA TIMES – Catalina Crespo Sancho, presidenta del Consejo Centroamericano de Procuradores y Defensores de Derechos Humanos y también Defensora de los Habitantes de Costa Rica, exigió a la Procuraduría de Derechos Humanos de Nicaragua “actuar en favor de las personas y no ser cómplices del Gobierno ni de sus actos de represión en contra del pueblo nicaragüense”.
En un comunicado oficial de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica de este viernes 13 de agosto, Crespo llamó a sus homólogos nicaragüenses a luchar por los derechos “de quienes están sufriendo la represión policial, militar y de turbas militantes”.
La defensora “solicitó a la Procuraduría de Nicaragua la inmediata interposición de sus buenos oficios para todas aquellas personas que han sufrido afectación a sus derechos y libertades, por parte de las fuerzas gubernamentales, con ocasión del libre ejercicio de sus libertades políticas y de manifestación contrarias al régimen del Presidente Ortega”.
Crespo se refiere a la represión estatal contra la población en Nicaragua, que inició en abril de 2018 como respuesta a las masivas protestas en contra del Gobierno de Daniel Ortega y que ha escalado notoriamente en los últimos meses, previo a las elecciones presidenciales previstas para noviembre próximo.
En 2018 hubo al menos 328 muertes, miles de heridos, decenas de denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, decenas de miles de desplazados y cientos de presos políticos, de los cuáles más de 150 permanecen en las cárceles. Desde entonces el régimen de Ortega instauró un estado policial de facto, conculcó todas las libertades civiles y ha cerrado, censurado y confiscado los medios de comunicación 100% Noticias y CONFIDENCIAL.
La represión ha escalado desde mayo de este año, cuando el régimen comenzó a arrestar a aspirantes presidenciales, empresarios, periodistas, dirigentes opositores, defensores de derechos humanos y exdiplomáticos nicaragüenses. En total son 32 los nuevos reos de consciencia, señalados en la mayoría de los casos bajo la Ley 1055 o Ley de Soberanía, por “traición a la patria” y “realizar actos que menoscaban la soberanía”, una ley creada y aprobada por la Asamblea Nacional leal al Gobierno el año pasado junto con otras leyes, descritas por organismos de derechos humanos y por la comunidad internacional como instrumentos represivos diseñados para acallar y criminalizar cualquier expresión de disenso con el partido de Gobierno.
Crespo fue electa presidenta de ese órgano regional en enero de este año, el cual está conformado por las instituciones estatales de derechos humanos de Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Belice; y cuyo objetivo es impulsar acciones conjuntas para la promoción y protección de los derechos humanos en el istmo centroamericano.
En ese sentido, en la nota de prensa, la presidenta del Consejo exigió a la Procuraduría adecuarse a los parámetros protectores de derechos humanos, “en salvaguarda de los derechos e intereses de las personas y partidos políticos que hoy sufren, a cargo del Estado nicaragüense, prácticas represivas inhumanas y antidemocráticas”.
Procuraduría nicaragüense leal al régimen
En Nicaragua todos los poderes del Estado e instituciones gubernamentales están bajo el control del régimen Ortega Murillo, por lo que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dirigida por Darling Ríos Munguía, exdirigente de la Juventud Sandinista, está plegada a los intereses gubernamentales.
La procuraduría nicaragüense ha hecho suyo el discurso oficial que insiste en que el Gobierno fue víctima de un intento de golpe de Estado en 2018 y que acusa a los manifestantes de terroristas, por lo que este órgano nunca se ha pronunciado ni investigado los delitos cometidos por el Estado que, según informes de organismos de derechos humanos internacionales, evidencian la comisión de crímenes de lesa humanidad.
En cambio, la entidad gubernamental fue rápida en dar trámite a una denuncia interpuesta por simpatizantes sandinistas el pasado 3 de agosto contra Berenice Quezada, la candidata a la vicepresidencia de la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL). Los denunciantes pidieron la inhibición de Quezada por, supuestamente, hacer apología del delito de terrorismo.
El día anterior, tras inscribirse formalmente ante el Consejo Electoral para la elección de noviembre, Quezada señaló la falta de condiciones electorales y llamó a la ciudadanía a votar de manera masiva. “Como lo hicimos en 2018, como lo hicimos en abril. Tenemos que demostrar el 7 de noviembre que Nicaragua no los quiere en el país”, dijo Quezada, en referencia a las masivas manifestaciones de ese entonces que demandaban la salida del poder de la pareja presidencial en Nicaragua.
Quezada fue inhibida y posteriormente a CxL se le canceló su personería jurídica, mientras que a su presidenta Kitty Monterrey se le despojó de su ciudadanía nicaragüense, por lo que hoy se encuentra en el exilio en Costa Rica.
Hechos recuerdan represión de hace 30 años
Crespo agregó que los hechos actuales y verificados en Nicaragua recuerdan el uso de la institucionalidad represiva de hace 30 años en la región, “rememorando en los agentes militares, policiales y judiciales, la represión y sus perpetradores que hubo en aquellos tiempos en que las dictaduras, y no las democracias, componían el paisaje político centroamericano”.
La presidenta del Consejo Centroamericano también rechazó la detención de políticos opositores y de cualquier disidente por ser “una flagrante violación a los derechos humanos de las personas nicaragüenses”, por lo que envió un oficio a las autoridades de la procuraduría nicaragüense, para exigirles que intervengan inmediatamente “en la defensa de sus connacionales”.