España dará la nacionalidad a todos los nicaragüenses “apátridas”

por el destierro ordenado por Daniel Ortega

El canciller español José Manuel Albares. Foto: Efe

La extensión de este gesto humanitario se la comunicó el canciller español, José Manuel Albares, al escritor nicaragüense Sergio Ramírez

Por Confidencial

HAVANA TIMES – El Gobierno de España extendió la oferta de otorgar la nacionalidad española a los 94 ciudadanos nicaragüenses que, en esta semana, fueron declarados “apátridas” por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre ellos la defensora de derechos humanos Vilma Núñez; los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; y el director de CONFIDENCIAL y Esta Semana, Carlos Fernando Chamorro, y su esposa Desirée Elizondo.

La propuesta del Gobierno español se hace extensiva “a cualquier ciudadano de Nicaragua que en el futuro pueda quedar en situación de apátrida por las decisiones” del Ejecutivo de Ortega.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, le comunicó la decisión de este gesto humanitario a Ramírez, quien a su vez se dirigió por carta al presidente de España, Pedro Sánchez, según confirmó este viernes el Ministerio en un comunicado oficial.

Esta oferta se suma a la realizada el pasado 10 de febrero por el Ejecutivo de Sánchez a las 222 personas expulsadas de Nicaragua y a las que se retiró la nacionalidad nicaragüense.

La semana pasada, el Gobierno español había explicado que “el trámite que se utilizará es el de otorgamiento de la nacionalidad española por carta de naturaleza, para evitar que queden apátridas”.

Asimismo, que “es una decisión gubernamental que tardaría muy poco tiempo” y que el trámite sería “inmediato”. En respuesta varios de los excarcelados políticos que fueron desterrados a Estados Unidos agradecieron el gesto y afirmaron que será una de las opciones para ellos.

Suman 317 nicaragüenses declarados apátridas

En ocho días el régimen de Ortega ya acumula 317 nicaragüenses despojados de su nacionalidad. El primer grupo fue el de los 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos, que incluyeron a siete personas que intentaron disputar la presidencia del país a Ortega el pasado año y cinco sacerdotes, a quienes inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos o de elección.

El 10 de febrero, la dictadura despojó de la nacionalidad al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien ese día fue condenado en un juicio exprés a 26 años y cuatro meses de cárcel por supuestos delitos de “conspiración”, “propagación de noticias falsas”, “obstrucción de funciones agravada” y desacato a la autoridad”. El juicio espurio estaba programado para esta semana, pero fue adelantado después que el religioso se negara a aceptar el destierro hacia Estados Unidos. 

“Lo que tenemos es un comportamiento de soberbia, de quien se considera el jefe de la Iglesia en Nicaragua”, dijo Ortega en cadena nacional el jueves 09 de febrero, y seguido confirmó que el religioso fue traslado a la cárcel La Modelo, donde permanece en una celda de máxima seguridad.

Este miércoles, 15 de febrero, el Ministerio Público —controlado por la dictadura— despojó de su nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, entre ellos también el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez; el excomandante de la Dirección Nacional del FSLN en los años ochenta, Luis Carrión; la exguerrillera Mónica Baltodano; el excanciller Norman Caldera; el exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields; el exfiscal Yader Morazán, y el exdiputado Eliseo Núñez Morales, entre otros.

A estos se les declaró “prófugos de justicia” y se les inhabilitó para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua. También ordenó “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades, que los procesados tengan inscrita a su favor, ya sea a título personal, o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios, para responder por los delitos cometidos”.

**Con información de EFE**

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