Empresarios Nicaragua condicionan diálogo a cese represión policial

 

HAVANA TIMES – Empresarios de Nicaragua condicionaron hoy un diálogo con el presidente, Daniel Ortega, al “cese inmediato de la represión” de la Policía y fuerzas de choque del Gobierno contra manifestantes, mientras organismos de derechos humanos contabilizaron 25 muertos en cinco días de protestas por una reforma de pensiones.

Según datos del Centro Nicaragüense de derechos Humanos (Cenidh) y la Iniciativa de Defensoras de Derechos Humanos (INDDH), además de los fallecidos se reportan 67 heridos, 43 desaparecidos y 20 detenidos por la Policía en distintas ciudades del país.

La abogada y activista Mónica López Baltodano dijo a dpa que 17 de las víctimas (entre ellos un agente de la Policía) murieron en incidentes violentos en Managua y en dos municipios vecinos. Otras tres fallecieron en Masaya (oriente), dos en León (oeste), dos en Estelí (norte) y una en Sébaco (norte).

También se reportó hoy la muerte del periodista Angel Gahoma, asesinado de un balazo en la ciudad de Bluefields (surcaribe). Un video divulgado en las redes sociales mostró el momento de su deceso, aunque éste no fue confirmado aún por el Cenidh e INDDH.

En un comunicado este sábado, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que ayer ofreció dialogar con Ortega a partir del lunes, condicionó la cita al “cese inmediato de la represión de la Policía y de las fuerzas de choque afines al Gobierno” y a la excarcelación de los detenidos, cuya cifra se desconoce.

“Urgimos al Gobierno crear estas condiciones de manera inmediata para evitar más derramamiento de sangre”, destacó el informe del Cosep, que también pidió levantar el bloqueo oficial a medios de prensa censurados.

También la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense (Amcham) demandó en un pronunciamiento el fin de la violencia, garantías para la seguridad física y respeto al derecho de movilización y libertad de expresión como “condiciones previas a cualquier proceso de diálogo”.

Ortega accedió a dialogar con el sector privado y revisar una polémica reforma al Seguro Social que originó las protestas el martes pasado, y que derivaron en una imparable ola de violencia. El Gobierno sólo registra 10 fallecidos.

El presidente habló en un mensaje a la Nación flanqueado por los máximos jefes del Ejército y la Policía, mientras efectivos antimotines ejercían una violenta represión contra manifestantes en varias ciudades del país.

En Managua, la Policía lanzó bombas lacrimógenas contra personas que protestaron en barrios del oreste y suroeste de la ciudad, así como en torno a la Universidad Politécnica (Upoli, norte), donde allanó viviendas y requisó celulares a los pobladores.

Mientras, en León (occidente) tropas antimotines disolvieron un “plantón” de estudiantes, y en Matagalpa (norte) la catedral abrió sus puertas a manifestantes perseguidos, además de habilitar un puesto médico para atender a personas heridas, dijeron radioemisoras.

Además de los 67 heridos y lesionados (53 hombres y 14 mujeres), el registro de los organismos de derechos humanos menciona la destrucción de la emisora Radio Darío, en la ciudad de León, que fue incendiada el viernes por presuntos activistas del Gobierno.

Los organismos alertaron también que el canal 15 de televisión de Managua y el canal Telenorte de Estelí permanecen censurados por el Gobierno desde hace tres días.

Ortega expresó que desear retomar el diálogo con los empresarios en aras de lo que llamó “gran alianza estratégica”, y acusó a los jóvenes de estar “manipulados por grupos criminales” que buscan apoyo internacional para crear “caos y desestabilización, afectar la imagen del país y ahuyentar el turismo”.

La primera rebelión que enfrenta el Gobierno desde su instalación en 2007 estalló un día después de anunciarse una reforma unilateral al Seguro Social, que aumentará las cuotas de trabajadores y patronales hasta en 22,5 por ciento, y gravará con un 5 por ciento las pensiones de los jubilados.

Se estima que esa medida afectará a más de 700.000 empleados del sector formal a partir del 1 de julio, en el segundo país más pobre de América Latina y donde el salario mínimo es equivalente a 170 dólares y la canasta básica mensual cuesta más de 450.

También la Conferencia Episcopal exigió a Ortega derogar la reforma decretada unilateralmente, y advirtió que el conflicto puede agravarse si no se toman las decisiones acertadas para todos y a tiempo mediante un diálogo urgente.

“Exhortamos a las autoridades del país a escuchar el grito de los jóvenes nicaragüenses y a la voz de otros sectores que se han pronunciado al respecto de las reformas al Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS)”, señalaron los obispos católicos.

Por su parte, el Frente Amplio por la Democracia (FAD), coalición de ONGs y partidos opositores, rechazó de plano la posibilidad de un diálogo que a su juicio sólo colocaría “parches” a problemas institucionales graves que ha enfrentado el país.

Destacó que “mientras Ortega habla de diálogo, en estos momentos estudiantes y pobladores continúan siendo agredidos, reprimidos por las fuerza del régimen” tras protagonizar “grandes jornadas de protesta cívica y pacífica” en los últimos días.

“Los nicaragüenses no permitiremos la continuidad de un régimen criminal que continúe reprimiendo impunemente a los ciudadanos. ¡Que se vayan! Exigimos la salida de los Ortega Murillo!”, señaló el FAD.

En Costa Rica, el Gobierno pidió hoy a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Nicaragua, debido a la ola de violencia que sacude ese país.

“Ante la situación de violencia social que vive el vecino país de Nicaragua, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto recomienda no viajar a Nicaragua por el momento”, señaló una nota de la Cancillería costarricense.