El Gobierno boliviano criminaliza la ‘desinformación’ sobre el brote del COVID-19

Un policía militar en El Alto, Bolivia, el 3 de abril de 2020. Bolivia promulgó recientemente un decreto que criminaliza la ‘desinformación’ sobre el brote del COVID-19. (AFP/Aizar Raldes)

HAVANA TIMES – Las autoridades bolivianas deben reformar el decreto nacional que refuerza la cuarentena, con la finalidad de asegurar que los periodistas no puedan ser objeto de sanciones penales por informar sobre la pandemia del COVID-19, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

El 25 de marzo, la presidenta interina boliviana Jeanine Áñez suscribió un decreto que prorrogó la cuarentena nacional por el COVID-19 en Bolivia hasta el 15 de abril. El Artículo 13-2 del decreto declara: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.

El decreto afirma que las personas que cometan delitos contra la salud pública pudieran ser sometidas a la privación de libertad de uno a 10 años si son condenados por violar ese artículo.

“La pandemia del COVID-19 debe tomarse en serio, pero las imprecisas regulaciones que criminalizan la ‘desinformación’ hacen que el Gobierno interino boliviano parezca más preocupado por su imagen pública que por una respuesta eficaz a la crisis”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ. “Estas disposiciones excesivamente amplias que criminalizan la expresión abren la peligrosa posibilidad del abuso contra los periodistas que difunden información y hechos cruciales”.

Raúl Peñaranda, director del sitio noticioso independiente Brújula Digital, declaró al CPJ por vía telefónica que creía que el artículo iba dirigido a políticos opositores que presuntamente han difundido rumores y noticias falsas sobre el coronavirus.

Por su parte, Rafael Loayza, director de la carrera de Comunicación Social de la privada Universidad Católica de Bolivia, declaró al CPJ en entrevista telefónica que el artículo, de enunciado impreciso, pudiera utilizarse contra la prensa por parte de un Gobierno que caracterizó de extremadamente sensible a la crítica.

Áñez, quien reemplazó en el cargo al presidente Evo Morales tras su renuncia en noviembre de 2019 y quien funge de presidenta interina hasta las elecciones generales en una fecha posterior de este año, todavía no ha invocado el artículo, según Loayza y Peñaranda.

Consultada por el CPJ, Isabel Mercado, directora del diario independiente de La Paz Página Siete, explicó que los periodistas han estado abrumados con la cobertura del coronavirus y la cuarentena nacional, y no han dado mucha cobertura al artículo.

En los cinco meses que ha ejercido el poder, el Gobierno interino presidido por Áñez ha cerrado varias radioemisoras opositoras, ha acosado a periodistas críticos y ha calificado a algunos de “sediciosos”, según informaciones de prensa. En enero, la exministra de Comunicación de Áñez, Roxana Lizárraga, declaró que la libertad de expresión en Bolivia “tiene sus límites”.

“Hay mucha preocupación entre los periodistas acerca de la relación entre el Gobierno y la prensa”, expresó Loayza. “Es muy inquietante”.



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