EEUU declara Venezuela amenaza a su seguridad nacional

HAVANA TIMES (dpa) – El presidente de Estados Unidos Barack Obama ordenó hoy aplicar sanciones contra siete funcionarios venezolanos, presuntamente culpables de violaciones de derechos humanos y de corrupción en su país, anunció la Casa Blanca.

El Congreso de Estados Unidos ya había aprobado en diciembre esas sanciones con la llamada Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de 2014 de Venezuela, que Obama ratificó el 18 de diciembre.

Hoy la Casa Blanca identificó a los afectados en una nueva orden presidencial.

Se trata del comandante Antonio José Benavides Torres, el director general de la inteligencia Gustavo Enrique González López, el ex comandante Justo José Noguera Pietri, la fiscal Katherine Nayarith Haringhton Padron, el director de la policía nacional Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, el jefe de brigada Manuel Gregorio Bernal Martínez y el inspector general de las fuerzas armadas Miguel Alcides Vivas Landino.

Como suele ser habitual en la terminología de este tipo de órdenes presidenciales, a la hora de implementar las sanciones Obama declaró “una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación de Venezuela”. Esta declaración permite implementar las sanciones, explicaron fuentes del Departamento del Tesoro que pidieron el anonimato.

La Casa Blanca dejó claro que las sanciones no van dirigidas contra el pueblo venezolano ni contra la economía de ese país.
Funcionarios del gobierno que pidieron el anonimato explicaron que el sector petrolero no se verá afectado por las sanciones.

“Los funcionarios de Venezuela del pasado y presente que violen los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y que se involucren en actos de corrupción pública no serán bienvenidos aquí, y ahora tenemos las herramientas para bloquear sus bienes y su uso de los sistemas financieros de Estados Unidos”, aseguró Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca, a través de un comunicado.

A los funcionarios venezolanos afectados por las sanciones se les bloquearán o congelarán las propiedades y cuentas bancarias en Estados Unidos y se les prohibirá la entrada al país. Además se prohibirá a los estadounidenses que hagan negocios con ellos, precisó la Casa Blanca.

El secretario del Tesoro, Jacob Lew, explicó que las sanciones contra los funcionarios corruptos serán utilizadas “para proteger al sistema financiero estadounidense de flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela”.

La Casa Blanca se mostró muy preocupada “por los esfuerzos del gobierno de Venezuela por aumentar la intimidación de sus oponentes políticos”.

“Los problemas de Venezuela no se pueden resolver criminalizando la disidencia”, dijo Earnest, quien hizo un llamado al gobierno de Venezuela a que “libere a todos los prisioneros políticos, que incluyen a docenas de estudiantes, al líder de la oposición Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma”.

La Casa Blanca cree que “la única manera de resolver los problemas de Venezuela es a través del diálogo verdadero, y no deteniendo a los oponentes e intentando silenciar las críticas”.

La tensión entre Caracas y Washington ha aumentado en los últimos días. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha acusado a Estados Unidos de estar detrás de un presunto golpe para derrocarlo. Washington lo ha negado.

La Casa Blanca asegura que con este tipo de declaraciones el gobierno de Maduro “trata de distraer” la atención y consideró que esto refleja “una falta de seriedad por parte del gobierno de Venezuela para tratar con la situación grave que enfrenta”.

“Es desafortunado que durante una época en donde hemos abierto un compromiso con cada nación en el continente americano, Venezuela ha optado ir en la dirección opuesta”, dijo Earnest.

A pesar de las diferencias entre ambos gobiernos, Estados Unidos “sigue comprometido con mantener nuestros vínculos fuertes y duraderos con la gente de Venezuela y está abierto a mejorar nuestra relación con el gobierno de Venezuela”, apuntó.

La crisis en Venezuela, que comenzó en febrero de 2014, dejó 43 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos. Algunos de estos detenidos, como Lepoldo López, todavía siguen en prisión sin juicio.