Denuncian golpiza a 16 mujeres presas políticas en Nicaragua

Por Gabriela Selser (dpa)

Managua, 30 oct (dpa) – Al menos 16 mujeres que guardan prisión en Nicaragua por protestar contra el Gobierno sufrieron una “feroz y salvaje golpiza” por parte de decenas de guardias del penal, denunciaron este martes familiares de las detenidas y miembros del Comité de Presas y Presos Políticos.

Los denunciantes confirmaron un informe emitido por la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en torno al hecho, ocurrido el pasado viernes en la cárcel de mujeres “La Esperanza”, al norte de Managua, la capital.

Según el abogado de la CPDH, Julio Montenegro, unos 25 guardias armados con clavas conocidas como “amansa-locos” irrumpieron con violencia en dos celdas y golpearon a las mujeres en el rostro, la cabeza y en distintas partes del cuerpo.

En rueda de prensa, Daniel Esquivel, marido de la comerciante y líder social Irlanda Jerez, explicó que el hecho surgió cuando los guardias, “unos 70 hombres armados, encapuchados y vestidos de negro”, intentaron sacar de la celda a su esposa para interrogarla, ante lo cual sus compañeras se lanzaron a protegerla.

“Las muchachas hicieron una cadena humana para impedir que se llevaran a Irlanda, que finalmente se entregó. Fue una golpiza feroz, salvaje. Todas están muy golpeadas y lastimadas”, aseguró Esquivel, quien dijo tener información fidedigna de lo sucedido.

Por su parte, Gloria López, madre de la universitaria detenida Solange Centeno, dijo que una de las mujeres golpeadas es Brenda Muñoz, de 46 años y enferma de cáncer terminal.

“Ella se desmayó por tantos golpes y pasó desmayada tres horas”, aseguró Esquivel. La liberación de Muñoz ha sido solicitada sin éxito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Este régimen ha encarcelado a personas inocentes, realiza juicios con testigos falsos y cargos inventados. Si esta dictadura sigue en el poder vamos a llegar a tener 50.000 presos políticos”, dijo la abogada Mariela Cerrato, directiva del Comité y madre de la detenida María Adilia Peralta, de 17 años.

El Gobierno del presidente Daniel Ortega no ha informado sobre el hecho ni ha desmentido la denuncia. Representantes de la CIDH y de la CPDH llegaron por la tarde (local) a la cárcel de mujeres para indagar sobre el caso pero no se les permitió el ingreso.

En la cárcel “La Esperanza” guardan prisión 46 mujeres, de los 558 detenidos durante los seis meses de protestas antigubernamentales que registra el Comité de Presas y Presos Políticos. Hasta septiembre pasado el Gobierno reportaba 204 prisioneros.

La crisis en Nicaragua se inició el 18 de abril con una protesta de estudiantes que se extendió a otros sectores tras la violenta acción de la Policía y paramilitares, que dejó al menos 325 muertos según la CIDH, aunque el Gobierno registra 200 fallecidos y ONGs de derechos humanos elevan la cifra hasta 528.

Mientras, líderes de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) dijeron en rueda de prensa que el Gobierno continúa violando los derechos humanos de la ciudadanía y denunciaron que en la isla de Ometepe (sur) la Policia y paramilitares han desatado “una brutal persecución” de jóvenes opositores.

Por su parte, la vicepresidenta Rosario Murillo confirmó el arribo al país, mañana miércoles, del viceministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Niels Annen, quien se reunirá con autoridades, miembros de la Iglesia y de la sociedad civil.

Antes de iniciar su gira, que comenzó el lunes en Cuba y termina el domingo en Colombia, Annen dijo que en Managua tratará “de identificar in situ vías para reimpulsar el diálogo nacional y promocionar una solución pacífica al conflicto”.

El Gobierno de Alemania ha urgido a Ortega reanudar el diálogo con la opositora Alianza Cívica y bajo la mediación de la Iglesia católica.

El 4 de septiembre pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán condenó “enérgicamente” el “aumento de la represión y la criminalización de las protestas en Nicaragua”.

El Gobierno de Ortega también anunció la segunda emisión de bonos financieros de las últimas semanas, esta vez por 105 millones de euros (unos 117,2 millones de dólares), en un intento por fortalecer la economía en medio de la crisis.

El jueves último se anunció oficialmente la primera emisión de bonos, por unos 280 millones de dólares, para financiar el presupuesto general del Estado 2018.

Mientras, la Policía anunció restricciones a la fabricación, uso y comercio de productos pirotécnicos del 6 de diciembre al 6 de enero próximo, incluyendo los “morteros” (bombas caseras) utilizados masivamente por manifestantes en las protestas sociales.

Entretanto, en Costa Rica, un grupo de nicaragüenses exiliados anunciaron hoy la creación de una organización que canalizará las denuncias de sobre presuntas violaciones de los derechos humanos por parte del Gobierno de Ortega.

La Unión de Nicaragüenses Exiliados en Costa Rica (UNE-CR) pretende “ofrecer una plataforma de lucha en pro de defensa de los derechos humanos, el restablecimiento de la democracia, la justicia, la libertad y el Estado de derecho en Nicaragua”, indicó un documento leído en una conferencia de prensa.

Entre los firmantes del documento están el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva, Naomi Urbina (“comandante Masha”) y el cantautor Carlos Mejía Godoy.