Denuncian amenaza de muerte a obispos en Nicaragua
Por Gabriela Selser (dpa)
HAVANA TIMES – La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) denunció hoy que varios obispos y sacerdotes han sido amenazados de muerte, aparentemente por servir de mediadores en un diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil.
En un comunicado, la CEN indicó que religiosos han sido víctimas de “descrédito y amenazas de muerte” por parte de “sectores poco acostumbrados a la cultura del diálogo” y que uno de los afectados es monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, crítico del Gobierno de Daniel Ortega.
Los obispos han recibido “ataques del Gobierno orquestados a través de periodistas y medios de comunicación oficialistas y cuentas anónimas en redes sociales como Facebook y Twitter”, señaló el comunicado.
Advirtió que la CEN toma estas amenazas como propias, ya que “somos un cuerpo colegiado y si se ataca a un obispo, se ataca a la Iglesia”.
El diálogo fue convocado para buscarle salida a una crisis que inició en abril pasado con una protesta estudiantil contra una reforma al Seguro Social, que afectaba a miles de trabajadores y jubilados, y que se multiplicó debido a la violenta acción de la Policía y paramilitares contra los universitarios.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) divulgado ayer en Managua reporta 76 muertes durante un mes de protestas, así como 868 heridos (cinco de ellos de gravedad y aún hospitalizados) y 438 detenidos, en su gran mayoría estudiantes.
El Gobierno nicaragüense sólo reconoce 18 muertes y asegura que la rebelión cívica es parte de un “complot financiado desde el exterior” para desestabilizar a Ortega, en el poder desde 2007.
Mientras, una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) inició este martes una visita al país invitada por el Gobierno y se reunió con los obispos mediadores en el diálogo.
La presencia de los funcionarios de la OEA encabezados por Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general Luis Almagro, fue recibida con recelo por el opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD), que en un comunicado advirtió que Ortega “pretende continuar negociaciones secretas, debajo de la mesa y a las espaldas del pueblo, que le permitirían a la dictadura lograr concesiones mínimas para continuar perpetuándose en el poder”.
“Desde ya expresamos nuestro rechazo a cualquier maniobra de parte de la dictadura Ortega Murillo que pretenda con la complicidad del señor Almagro sustraer el tema de la salida de Ortega y la democratización del país del diálogo nacional”, señaló el FAD.
Durante la última sesión del diálogo nacional, ayer lunes, los estudiantes, el sector privado y la sociedad civil exigieron la “renuncia inmediata” de Ortega como “única solución” a la crisis, la más grave en los últimos 40 años en este país.
En noviembre de 2016, la OEA avaló los comicios que le dieron la segunda reelección al presidente, pese a insistentes denuncias de fraude de la oposición. Un mes después, Almagro firmó con Ortega un acuerdo que le dio un plazo de tres años para reformar el cuestionado sistema electoral.
El gobierno desea terminar con los tranques
En tanto, la progubernamental Central Sandinista de Trabajadoresn(CST) instó a retirar los “tranques” (bloqueos de carreteras) que estudiantes y campesinos mantienen desde hace días en las 16 provincias del país.
“En nombre de la paz hay destrucción, hay violencia, ya hay daños profundos en el país. ¿Cómo vamos a construir paz con destrucción y violencia? Ese es un falso propósito”, dijo el dirigente sindical Pedro Ortega y aseguró que las protestas han dejado pérdidas por 1.000 millones dólares.
Agregó que más de 30.000 empleados han incumplido sus jornadas de trabajo y que miles de familias del campo y de la ciudad no pueden abastecerse de productos básicos debido a que las carreteras continúan bloqueadas. “Esto es boicot, es caos, es anarquía, es violencia, esto es pretensión de golpe de Estado”, aseveró.
En su cuenta de Facebook, la líder campesina Francisca Ramírez respondió que en los “tranques” se permite el tránsito cada 20 minutos para no afectar al comercio que circula sobre dos importantes vías de comunicación con el resto de Centroamérica.
Ramírez, que dirige uno de los retenes en una zona rural, acusó al Gobierno de colocar “tranques piratas” en los que “cobran peaje y maltratan a la población (para) desprestigiar al “movimiento de autoconvocados”, como se le conoce a los protagonistas de las protestas.