Denuncian al Estado de Nicaragua ante CIDH por caso canal

Francisca Ramírez. Foto: laprensa.com.ni

HAVANA TIMES – El movimiento campesino que se opone a la construcción de un canal interoceánico denunciará mañana al Estado de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informaron hoy los promotores del caso, reportó dpa.

Francisca Ramírez, líder campesina del Consejo en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, dijo en rueda de prensa que enviarán el jueves la petición a la CIDH, con sede en Washington, para forzar al Gobierno nicaragüense a derogar la Ley 840, que otorgó la polémica concesión canalera a un consorcio chino en 2013.

La acción es apoyada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Fundación “Popol Na”, entidades que han respaldado al movimiento anti-canal. Los campesinos temen ser expulsados de sus tierras al amparo de la Ley 840, que autoriza expropiaciones masivas sobre la ruta canalera, en el sur del país.

Gonzalo Carrión, asesor jurídico del Cenidh, explicó a dpa que la citada ley “viola derechos fundamentales a la propiedad, a la integridad física y a la libre movilización” de las personas en la región donde se construiría la ruta interoceánica.

“Estamos apoyando la petición ante la CIDH porque consideramos que ya se han agotado los mecanismos de defensa legal y constitucional de los derechos humanos, que han sido violados por el Estado de Nicaragua”, agregó.

Francisca Ramírez recordó que los campesinos han realizado 90 marchas de protesta en comunidades del sur, con la movilización de miles de personas, en rechazo a la construcción del canal que según el consorcio chino HKND costaría 50.000 millones de dólares.

Aunque las obras fueron inauguradas oficialmente en diciembre de 2014, aún no ha comenzado la construcción de puertos, oleoductos,  carreteras ni centros turísticos, mencionados como obras paralelas al canal húmedo.

Según Ramírez, aunque el canal interoceánico no se construya, “el propósito del Gobierno y KHND es apoderarse de una gran cantidad de territorios” en la franja sur de Nicaragua.

La ley 840 autoriza al Estado a afectar territorios bajo la figura de expropiación, confiscación, arrendamiento o donación de tierras. El Parlamento, controlado por el gobernante partido Frente Sandinista, ha rechazado desde 2013 varias iniciativas ciudadanas que buscaban derogar la ley.


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