Demandan justicia transicional en Nicaragua, Gobierno se opone

Pallais: “Nosotros proponemos una Comisión de la Verdad, ellos (Ejecutivo) dicen que tiene que ser la Comisión de la Verdad que autorizó la Asamblea”

EFE / Confidencial

Pancarta con los nombres de los asesinados en los primeros 45 días de las manifestaciones, cargada en el Día de las Madres, 30-5-2018. Foto: Franklin Villavicencio / Confidencial

HAVANA TIMES – La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia planteó este lunes aplicar la justicia transicional para juzgar a los responsables de los cientos de fallecidos que han dejado las protestas callejeras contra el Gobierno de Daniel Ortega desde abril de 2018.

La justicia transicional es la que se aplica en aquellos países tras una guerra, un conflicto armado o una crisis con saldos trágicos, y en donde se busca reparar las violaciones masivas de derechos humanos a través de medidas especiales judiciales y políticas.

En Colombia se estaría aplicando la justicia transicional tras el conflicto con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta iniciativa también se ha aplicado en Guatemala, Ecuador y en otros países de la región.

Uno de los delegados propietarios de la Alianza Cívica en la mesa de negociación, José Pallais, dijo a periodistas que en la mesa de negociación que mantuvieron con el Ejecutivo, que concluyó el miércoles pasado aunque dejaron las puertas abiertas para seguir las conversaciones, el Gobierno se opuso a esa propuesta.

Pallais indicó que en el tema de verdad, justicia, reparación y no repetición hicieron una serie de planteamientos y ninguno fue aceptado por los delegados del Gobierno sandinista.

“Nosotros proponemos una Comisión de la Verdad, ellos (Ejecutivo) dicen que tiene que ser la Comisión de la Verdad que autorizó la Asamblea Nacional”, controlada por el oficialismo, señaló.

La Alianza Cívica propuso aplicar una justicia transicional, “ellos no aceptan justicia transicional”, continuó.

En el tema de democratización, la oposición propuso reformas constitucionales junto con reformas electorales, además de adelantar las elecciones presidenciales previstas para noviembre de 2021, que tampoco fue aceptado por el Ejecutivo, añadió.

“Mientras no se acerquen posiciones y se vea que es factible a través de la mediación de los testigos y acompañantes, no tiene sentido estar sentado en un diálogo de sordo”, razonó Pallais, quien es jurista de profesión.

El político opositor abogó para que las partes abran “los oídos y las posiciones se aproximen”.

El Gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica concluyeron el miércoles pasado la mesa de negociación para superar la crisis que estalló hace casi un año, sin acuerdos en los temas de justicia y democratización, aunque dejaron la puerta abierta para seguir las conversaciones.

Los delegados del Ejecutivo pidieron un tiempo para reflexionar sobre los puntos de verdad, justicia, reparación y no repetición, y de democratización y reformas electorales, mientras avanzan en la elaboración de los protocolos sobre los acuerdos logrados relativos a derechos y garantías ciudadanas y la liberación de los denominados “presos políticos”.

El cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes, dijo el domingo que en el fallido diálogo nacional, que se desarrolló entre mayo y julio del año pasado y en el que la Conferencia Episcopal de Nicaragua participó como mediador y testigo, “se acabó” cuando en la mesa se comenzó a trabajar el tema de justicia y democracia.