Declaran calamidad en ciudad colombiana por deportaciones de Venezuela

HAVANA TIMES (dpa) – Las autoridades de la ciudad colombiana de Cúcuta declararon hoy el estado de calamidad pública a raíz de las masivas deportaciones desde Venezuela en el marco de una crisis fronteriza que empezó la semana pasada.

La decisión fue adoptada por el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, quien dijo que la medida le permitirá a la municipalidad tener recursos para atender la emergencia.

Según el servicio de migración de Colombia, 751 personas han sido deportadas desde el viernes pasado, entre ellas 139 menores de edad. El gobierno dijo que 514 fueron trasladadas a albergues, mientras que las demás viajaron a otros lugares del país en busca de ayuda de familiares.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el jueves pasado el cierre de la frontera por 72 horas, pero luego extendió por tiempo indefinido la medida y decretó el estado de excepción en Táchira, provincia limítrofe con el departamento colombiano de Norte de Santander, del que Cúcuta es capital.

Maduro argumenta que tomó esa decisión para luchar contra el contrabando y la presencia de grupos armados ilegales en la frontera.

El alcalde Ramírez pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que actúe rápido para que las autoridades venezolanas reabran la frontera entre Norte de Santander y Táchira, cuyos pasos internacionales están entre los de mayor tránsito de personas y mercancías en América Latina.

“Necesitamos que se reconozca la existencia de un solo pueblo, habitado por familias cuyos integrantes viven a lado y lado de la frontera para que dispongan de una sola vez y para siempre los mecanismos que rompan las barreras artificiales y respeten la identidad cultural”, dijo el alcalde.

El gobierno colombiano indicó en un comunicado expedido hoy que el tema fronterizo será abordado mañana en una reunión extraordinaria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en la cual tienen asiento los ex presidentes de la República, algunos ex cancilleres y congresistas.

“No nos falta ni nos faltará firmeza para defender a todos nuestros connacionales, donde quiera que su seguridad se vea amenazada o sus derechos fundamentales violentados, pero esa firmeza requiere la sabiduría y la prudencia de la diplomacia. La confrontación solo sirve a intereses políticos, individuales y electorales y no nos conduce a una solución satisfactoria”, señaló el comunicado.

Algunos de los deportados dijeron al diario “El Tiempo” de Bogotá que fueron sacados de sus casas y que los militares pintaron en las paredes las letras “R” o “D”, para indicar que las viviendas fueron revisadas o serán demolidas en las invasiones Mi Pequeña Barinas, Ezequiel Zamora y La Guadalupe, ubicadas en el municipio de San Antonio, en Táchira.

“No respetan los derechos de nadie y están demoliendo las casas con todo lo que hay adentro”, dijo Cristina Sierra, quien denunció que su casa fue demolida en el poblado de San Antonio.

Reporteros enviados a la zona han señalado que el caso está derivando en una crisis humanitaria, pues las denuncias indican que varias familias han sido separadas.

Una de las deportadas, Mary Contreras, le dijo a “El Tiempo” que fue abordada en la calle por la Guardia Nacional de Venezuela, que la llevó a la frontera para entregarla a las autoridades colombianas. En San Antonio quedó su hijo, de 16 años.

Los ministros colombianos de Relaciones Exteriores y del Interior, María Ángela Holguín y Juan Fernando Cristo, respectivamente, instalaron hoy en Cúcuta un puesto de mando unificado para atender la situación.

Holguín tiene previsto reunirse mañana con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, para hablar sobre los recientes acontecimientos en la frontera.

Según el gobierno colombiano, durante el encuentro de las cancilleres se dejará constancia de la “preocupación e inconformidad por las denuncias sobre atropellos sufridos por colombianos en Venezuela”.

“También le reiteraremos a Venezuela nuestra total disposición para colaborar y coordinar las acciones necesarias, en la lucha contra el contrabando y el crimen organizado, que lo controla.
Nosotros somos los primeros interesados en ser efectivos contra este flagelo”, concluyó el comunicado.