Cineastas nicas temen “nuevo poder censurador” de audiovisuales

La Cinemateca Nacional ubicada en Managua. Foto: Gobierno.

Iniciativa de reforma que da poder controlador a la Cinemateca podría ser incluida en la agenda legislativa de la próxima semana

Por Confidencial

HAVANA TIMES – La iniciativa de reformas y adiciones a la Ley 909, Ley creadora de la Cinemateca Nacional, que este jueves 6 de octubre fue dictaminada favorablemente por la comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social, de la Asamblea Nacional, es percibida por especialistas como un eslabón más en la cadena de censura impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

Esta iniciativa de reforma, que podría ser incluía en la agenda legislativa de la próxima semana, eleva a la Cinemateca Nacional al rango de ente regulador de todos los proyectos cinematográficos y audiovisuales que se produzcan en Nicaragua o se pretendan reproducir en el país.

De aprobarse la iniciativa, la Cinemateca Nacional tendrá la atribución de “autorizar la preproducción, producción, realización o filmación, exhibición y distribución de proyectos audiovisuales y cinematográficos nacionales o extranjeros, en Nicaragua”, según se lee en el artículo 4, numeral 14.

Por tanto “toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que  pretenda desarrollar en el territorio nacional, actividades audiovisuales y cinematográficas de cualquier índole, deberá cumplir con los requisitos de registro ante la Cinemateca Nacional y contar con la debida autorización para la ejecución  de tales actividades”, indica el artículo 12 de la iniciativa.

Cineastas preocupados

La creación de este ente regulador ocurre dos meses después que un equipo periodístico de TV Azteca, dirigido por el periodista mexicano Otoniel Martínez, estuvo en Nicaragua durante dos semanas documentando la vida cotidiana de los nicaragüenses a pesar del estado de sitio policial. El comunicador  junto a otros dos colegas ingresaron a Nicaragua, desde Costa Rica, como turistas, para burlar el control que mantiene la dictadura sobre los periodistas nacionales y extranjeros.

Un cineasta nicaragüense, que solicitó anonimato por seguridad, expresó que la iniciativa ha generado preocupación en el gremio, ya que hace especial énfasis en el control, fiscalización y potencial censura de material audiovisual. Situación que, en un contexto de represión estatal y persecución política, podría ser aplicada discrecionalmente.

Esta iniciativa le confiere a la Cinemateca Nacional atribuciones que podrían ser consideradas inconstitucionales, valoró el cineasta. “Ningún Estado debería tener potestad alguna para autorizar, fiscalizar y controlar el pensamiento ni la creación artística”. Además, “sigue con el patrón de coartación de libertades en Nicaragua”, apuntó.

Por otro lado, la iniciativa plantea “un registro de actividades cinematográficas, que si bien es parte de cualquier ley de fomento de cine, en un contexto de represión estatal y persecución política a cualquier pensamiento distinto preocupa, porque también podría ser usado de manera discrecional”, subrayó.

Intensificación de la censura

Para el abogado y exdiputado liberal, Eliseo Núñez, esta iniciativa impulsada por la Presidencia de la República en la práctica pretende crear “un ente de censura” a los medios de comunicación nacional e internacional, puesto que el régimen no está en capacidad de regular todo el material que produzcan los ciudadanos en sus teléfonos inteligentes.

“Esto está dirigido esencialmente a los medios de comunicación”, advirtió Núñez. “No a todo el mundo que esté en redes sociales le van a exigir que tenga ese permiso, pero si alguien publica algo que ellos (el régimen) sienten que les perjudica, entonces, además de señalarlo con la Ley de Ciberdelitos, le van a decir que no contaba con la aprobación audiovisual”, continuó.

El régimen también pretende regular la producción de documentales en el país, situación que el abogado valoró como “un síntoma inequívoco de un régimen absolutamente cerrado”, que está llevando al país a un retroceso “a la época de la Unión Soviética”.

Actualmente la Cinemateca Nacional es un ente descentralizado cuyo objeto es la promoción y difusión de la cinematografía y las artes audiovisuales en todos sus aspectos, así como el rescate, restauración, preservación y difusión del acervo fílmico nacional e internacional.

En los últimos años, sin embargo, este ente ha cobrado especial relevancia entre los medios de comunicación internacional.  La prensa extranjera identifica a Idania Castillo, actual directora de la Cinemateca Nacional de Nicaragua y exesposa de uno de los hijos de la pareja presidencial, como el canal de comunicación con la Presidencia.

Confiscación de material

Con esta iniciativa de reforma la Cinemateca Nacional podrá “dictar medidas de aseguramiento” del material cinematográfico y audiovisual producido en Nicaragua. Dichas medidas pueden consistir, entre otras, en “la prohibición del desarrollo, exhibición pública, comercialización de los productos cinematográficos y audiovisuales, así como en el decomiso de los mismos”, de acuerdo con el artículo 13, párrafo segundo.

Para el periodista español Daniel Rodríguez Moya, productor del documental Patria Libre para Vivir, la reforma que se pretende aprobar en Nicaragua es “básicamente una ley de control absoluto”, ya que con ella el régimen tendrá un marco jurídico para autorizar que se puede o no grabar en Nicaragua.

“Está claro que cualquier periodista o productor de cine que quiera hacer un trabajo en Nicaragua que contraríe la visión del régimen, y que vaya en plan de denuncia a la dictadura, no se va a autorizar”, comentó Rodríguez. Además, recordó que en años anteriores el régimen de Ortega ha negado el ingreso al país a periodistas internacionales que intentaban documentar la realidad de la nación.

Por su parte Núñez señaló que la confiscación de material audiovisual “es algo que ya lo estaban haciendo” de facto. “Pero ahora van a tener una legislación para confiscar todo el material audiovisual y no dejar entrar cámaras ni otras cosas”, subrayó.

Desde de 2018, cuando los medios de comunicación y la población documentaron con sus teléfonos inteligentes la represión a las protestas contra el régimen, la Policía y simpatizantes del régimen han continuado confiscando cámaras, teléfonos y toda clase registro de lo sucedido en el país.

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