CIDH otorga protección a líder campesina de Nicaragua
HAVANA TIMES – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la dirigente campesina nicaragüense Francisca Ramírez, líder de las protestas contra la construcción de un canal interoceánico, informaron hoy fuentes del movimiento campesino, reportó dpa.
“Este es un acto de justicia hacia doña Francisca como defensora de derechos humanos, hacia su familia y los campesinos” que se oponen al canal, declaró a dpa Mónica López Baltodano, abogada del Consejo en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, fundado por Ramírez.
En su resolución 33/2017, la CIDH concedió medidas cautelares a favor de Ramírez por ser objeto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia, y pidió al Estado de Nicaragua un informe sobre las acciones adoptadas para investigar las denuncias en su contra.
Francisca Ramírez, habitante del poblado La Fonseca, en la zona sur de Nicaragua, recibió amenazas de muerte y fue detenida por la Policía en varias ocasiones en 2014, 2015 y 2016, tras organizar protestas oontra el megaproyecto del canal interoceánico.
El movimiento anticanal denunció en julio pasado al Estado de Nicaragua ante la CIDH para forzar al Gobierno a derogar la Ley 840, que otorgó la polémica concesión canalera a un consorcio chino en 2013. La Comisión no ha respondido aún a esa denuncia.
Para Mónica López, las medidas cautelares anunciadas por la CIDH también son “un reconocimiento de los innumerables abusos y atropellos que ha padecido el movimiento campesino” en su lucha contra “la aberración de la concesión canalera”.
“Es un gran respaldo para el movimiento y para los campesinos. Creo que (estas acciones) eran necesarias porque hay tantas cosas que este Gobierno y el Estado de Nicaragua han venido atropellándonos”, comentó por su parte Francisa Ramírez al diario local “La Prensa”.
La ley 840 autoriza al Estado a afectar territorios bajo la figura de expropiación, confiscación, arrendamiento o donación de tierras. El Parlamento, controlado por el gobernante partido Frente Sandinista, ha rechazado desde 2013 varias iniciativas ciudadanas que buscaban derogar la ley.