Brasil llama a consultas a embajadores por asesinato en Nicaragua

Por Gabriela Selser (dpa)

Brazilian medical student Rayneia Lima, shot and killed on Monday night in Managua.

HAVANA TIMES – Brasil llamó el martes a consultas a la embajadora de Nicaragua en Brasilia, Lorena Martínez, y a su homólogo brasileño en Managua, Luis Claudio Villafañe Gomes, para aclarar asuntos relativos al asesinato de la estudiante de medicina brasileña, Rayneia Lima, en el país centroamericano, donde continúa la ola de violencia.

En un comunicado reproducido por los principales medios brasileños, la Cancillería de Brasil lamentó la muerte de la joven y condenó “la profundización de la represión” en Nicaragua, así como “el uso desproporcionado y letal de la fuerza y el empleo de grupos paramilitares en operaciones coordenadas por los equipos de seguridad”.

La estudiante brasileña, de 31 años, murió tras ser atacada por desconocidos que dispararon al vehículo que conducía en Managua la noche del lunes. La Policía atribuyó el ataque a un “guardia de seguridad privado” y prometió investigar el caso.

El crimen ocurrió en vísperas de una nueva jornada de violencia que dejó al menos ocho muertos y varios heridos en ataques armados en distintas zonas del país, y en medio de crecientes críticas también de Estados Unidos hacia el Gobierno de Daniel Ortega.

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, afirmó que “la violencia patrocinada por el Estado en Nicaragua es innegable” e instó nuevamente a Ortega a celebrar elecciones anticipadas.

“La propaganda de Ortega no engaña a nadie y no cambia nada”, escribió Pence en Twitter como respuesta a una entrevista que el gobernante de 72 años ofreció el lunes a Fox News.

“Más de 350 muertos a manos del régimen. Estados Unidos llama al Gobierno de Ortega a frenar la violencia AHORA y celebrar elecciones anticipadas. ¡El mundo está observando”, añadió Pence.

Por su parte Ortega, en una entrevista este martes a la cadena venezolana Telesur, adujo que la violencia en el país es resultado de “una conspiración de marca internacional” con participación de empresarios locales y promovida por Estados Unidos, que apoyó a la “contra” antisandinista en su primer gobierno (1985-1990).

“El veneno lo pone la (ley norteamericana) ‘Nica Act’, el intervencionismo norteamericano nuevamente en Nicaragua. Si Estados Unidos respetara lo que decimos los nicaragüenses, los empresarios estarían trabajando con Nicaragua y se hubiera aprobado la reforma al Seguro Social” que detonó las protestas el 18 de abril, indicó.

Al respecto, Ortega dijo que la polémica reforma, que él mismo derogó en mayo, “es imprescindible” y “urgente”, y que volvería a ponerla sobre la mesa “afinándola más (y) con el consenso de los afiliados” a la seguridad social.

El gobernante también negó que su Gobierno maneje a grupos parapoliciales o paramilitares, cuya dirección atribuyó a “los partidos de derecha y golpistas”, pese a que estas fuerzas han sido vistas y filmadas operando junto a policías uniformados.

Mientras, la presidenta Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh, independiente), Vilma Núñez, dijo que cuatro personas fallecieron en un ataque de paramilitares a manifestantes que protestaban en la ciudad de Jinotega, 150 kilómetros al norte de Managua.

En declaraciones al canal 100% Noticias (privado), Núñez indicó que entre los fallecidos figura un niño. La televisora aseguró que otras
25 personas habrían resultado heridas en el mismo lugar.

Al informar sobre el suceso, la Policía indicó en un comunicado que los civiles muertos son tres y que hay cinco policías heridos en enfrentamientos. La entidad aseguró que el barrio Sandino estaba “secuestrado por grupos de terroristas que mantenían tranques y barricadas”.

Por su lado, la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, informó que tres miembros del gobernante partido sandinista “fueron asesinados” en la zona rural de Waslala (noreste) pero no indicó quiénes fueron los responsables del crimen.

La presidenta del Cenidh dijo que otros grupos paramilitares secuestraron al alcalde Apolonio Vargas, del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) en el norteño municipio de Mulukukú.

Agregó que el Gobierno “ha desatado una represión brutal” de sus adversarios y de personas involucradas en las protestas que iniciaron en abril contra Ortega. Más de 350 personas han muerto desde entonces, según ONGs de derechos humanos.

Mientras, el movimiento estudiantil que lidera las protestas condicionó su regreso al diálogo al cese de la persecución de opositores y a la disolución y desarme de los paramilitares, según declaró a dpa Ernesto Medina, asesor de los universitarios.

“No podemos volver al diálogo si no se cumplen estas condiciones mínimas, porque los jóvenes siguen siendo perseguidos y secuestrados”, dijo Medina, rector de la Universidad Americana (UAM) de Managua y miembro de la opositora Alianza Cívica.

El diálogo está suspendido y los obispos católicos se reunirán esta semana para decidir si continuarán en su papel de mediadores, después de que Ortega los acusara de ser “parte de un plan golpista” para desestabilizarlo.

El rector dijo que cientos de civiles ligados a las protestas contra el presidente Ortega han sido detenidos por policías y paramilitares en distintas zonas del país. Según la ONG Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), 758 personas fueron víctimas de secuestros en los últimos días.

Medina afirmó que el Gobierno está enjuiciando a gran cantidad de personas, pero no ha detenido “a un solo policía o paramilitar involucrado en crímenes atroces”. Los paramilitares, dijo el catedrático, son “la base del gran poder de Ortega”.

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