Denuncia constantes amenazas, intimidaciones y asesinatos mientras Gobierno de Daniel Ortega sigue favoreciendo la impunidad
Por Yader Luna (Confidencial)
HAVANA TIMES – La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó este 14 de septiembre que “no se ha observado progreso en la situación de derechos humanos” en Nicaragua y que por el contrario se ha visto agravada por la pandemia de covid-19.
En la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, alertó que sumada a la crisis sociopolítica la respuesta del Gobierno a la pandemia de covid-19 “continúa afectando una multitud de derechos, incluidos los económicos, sociales y culturales”.
Bachelet sostuvo que la crisis sanitaria requiere más transparencia y difusión de información por parte del Gobierno de Daniel Ortega.
“Los datos oficiales sólo se reportan una vez por semana y carecen de información epidemiológica detallada”, lamentó.
En ese sentido, mencionó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió “que ha sido necesario recurrir a datos producidos por fuentes no oficiales para analizar la situación en el país”.
“Preocupa, especialmente, la falta de información desglosada sobre los impactos de la pandemia en pueblos indígenas y afrodescendientes, así como sobre medidas específicas adoptadas en su favor”, manifestó la funcionaria.
Por el contrario, Bachelet denunció que la respuesta estatal, “ha incluido violaciones a la libertad de expresión y despidos de personal médico”.
En su discurso durante sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos, afirmó que el Gobierno sigue sin dar muestras “para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica en abril de 2018”.
Mencionó que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos (Oacnudh) ha registrado 30 casos de amenazas e intimidaciones en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico, entre otras personas.
“También continúa registrando casos de posibles violaciones del derecho a la vida, como el homicidio de un hombre a manos de un elemento armado progubernamental, el 19 de julio en La Trinidad, Estelí. Esto nos recuerda la importancia de la recomendación en mi informe de 2019 sobre el desmantelamiento y el desarme de los elementos armados progubernamentales”, apuntó.
Bachelet insistió que como advirtió, en diversas oportunidades, “la Ley de Amnistía aprobada en junio de 2019 ha favorecido la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”.
Según organizaciones civiles, 94 personas “percibidas como opositoras, entre ellas cuatro mujeres, siguen presos, acusadas en su mayoría de delitos comunes”.
La funcionaria dijo que dos de estas personas debieron ser hospitalizadas recientemente en delicado estado de salud, por lo que exhortó al Gobierno “a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el marco de las protestas o por expresar opiniones críticas”.
“Esto constituiría un paso significativo hacia la restitución de derechos y la disminución de la polarización existente”, expresó.
Asimismo, se mostró preocupada por amenazas a la libertad de prensa que incluyen “procesos por calumnias e injurias abiertos en contra de dos periodistas”, actos de intimidación y hostigamiento por parte de la Policía Nacional en contra de directivos y personal de dos emisoras de radio en Bluefields y León.
“También preocupan las recientes resoluciones fiscales impuestas contra tres medios de comunicación, que podría afectar sus operaciones,” manifestó.
Bachelet se mostró preocupada por el incremento de femicidios, registrando las organizaciones de mujeres 50 hasta el 31 de agosto de 2020, en comparación con 44 registrados en el mismo periodo el año pasado. Además se reportan 68 tentativas de femicidio, en comparación con 52 en el mismo periodo en 2019.
“Al respecto, preocupa también la diferencia con los datos oficiales que mencionan únicamente 11 feminicidios entre el 1 de febrero y el 7 de agosto de 2020, evidenciando un posible subregistro, lo que dificultaría también la adopción de medidas efectivas para contrarrestar esos crímenes”, denunció.
Bachelet instó al Gobierno a cumplir con las recomendaciones y reanudar una cooperación efectiva con su Oficina, incluso autorizando una misión al país “teniendo en cuenta la preparación del próximo informe ante este Consejo”, también “en vista de las elecciones previstas en noviembre de 2021”.
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