Ataque de jefe policial ebrio contra presa política Ana Vijil

Ana Margarita Vijil cumplió este 30 de diciembre 200 días en prisión. La última vez que su familia la vio fue en noviembre.

Presa política cumplió, este 30 diciembre, 200 días secuestrada en celdas de El Chipote. Pinita Gurdián, madre de Vijil, pide que le permitan verla.

Por Confidencial

HAVANA TIMES – La familia de la presa política Ana Margarita Vijil denuncio que la rea de conciencia fue agredida en su celda por un jefe policial en “estado de ebriedad”, la madrugada del domingo 19 de diciembre. La líder opositora cumplió, este 30 de diciembre, 200 días secuestrada en el centro carcelario Evaristo Vásquez, conocido como “el nuevo Chipote”.

Pinita Gurdián, madre de Ana Margarita, señaló que desconocen qué tipo de agresión sufrió la presa política y cuáles fueron los daños.

“Esta información que estamos denunciando, de confirmarse, es gravísima. Nos preocupa por la posición del presunto oficial de alto rango que ingresó y el estado que lo hizo”, denunció Gurdián, quien también es abuela de la rea de conciencia Tamara Dávila, que también está secuestrada en “el nuevo Chipote”.

En la denuncia pública que fue hecha en compañía del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y de Amnistía Internacional, los familiares de Vijil solicitaron al Estado de Nicaragua que respondan: “¿qué fue lo que pasó esa madrugada? ¿Cuál es el estado de la salud física y emocional? ¿Qué tipo de agresión sufrió y cuáles fueron sus daños? ¿Por qué un oficial entró en la madrugada? ¿Quién permitió el ingreso de ese oficial? ¿Quiénes fueron los presuntos agresores intelectuales y el presunto agresor material?”.

Solicitaron a las autoridades que permitan el ingreso a Pinita Gurdián en compañía de Cruz Roja Internacional, para corroborar el estado de la presa política. Asimismo, que se inicie una investigación sobre los hechos ocurridos contra Ana Margarita.

Amnistía Internacional: “Estamos viendo que existe un cuadro persistente de actos de tortura”

La representante para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, quien acompañó a los familiares de Ana Margarita, lamentó que en Nicaragua están ocurriendo “actos de tortura en contra de personas que se encuentran bajo custodia del Estado por motivos poliíticos”.

“Estamos con mucha preocupación no solo el testimonio en voz de su madre sino además de la evidencia que se encuentra documentada sobre este incidente que ha puesto en altísimo riesgo los derechos a la vida y a la seguridad de Ana Margarita”, dijo.

Asimismo, reiteró que “Es importante mencionar que estaríamos frente a actos que están prohibidos por el derecho internacional, que no pueden de ninguna manera ser justificados. Estos actos son considerados crímenes de derecho internacional y en determinadas circunstancias puede incluir crímenes de lesa humanidad con una responsabilidad penal no sólo de quienes ejecutan el acto sino de los altos mandos que por omisión o comisión están involucrados”.

Según describió Ana Álvarez, familiar de Ana Margarita, la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) ya solicitó información a Estados sobre la reciente agresión que sufrió Vijil, pero no han obtenido respuesta.

“El Estado sistemática se ha negado a responder a cada una de nuestras peticiones y de nuestras preguntas, dada esa respuesta sistemática y generalizada del Estado a todas las acciones que hemos hecho,es que nosotras como familiares decidimos hacer esta denuncia pública porque entendemos que el Estado tiene la obligación de responder”, dijo.

Asimismo, reiteró que como familiares seguirán agotando todas las instancias nacionales en búsqueda de respuestas. “Esperamos que gracias a la solidaridad de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos esta denuncia pueda tener eco y ese eco pueda tener resultado en la garantía de derechos y en poder constatar cuál es la situación de Ana Margarita y que se pueda hacer una investigación seria, ética y creíble”.

200 días en prisión

Vijil fue arrestada el pasado 13 de junio junto a Dora María Téllez, ambas son integrantes de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), que antes se conocía como el Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Ese mismo día, también fueron detenidos tres miembros más de esta organización: Suyén Barahona Cuán, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco. Asimismo, un día antes fue detenida Tamara Dávila, quien es parte de la UNAB.

A Vijil, el régimen de Daniel Ortega la acusó de ser “presunta autora del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua”.

Desde su arresto, las presas políticas Téllez, Dávila, Vijil y Barahona, permanecen en total aislamiento en celdas de confinamiento solitario del “nuevo Chipote”.

Según denunciaron sus familiares, Vijil, quien recientemente cumplió 44 años, no tiene permitido que le proporcionen ni frazadas, ni ropa de cama por lo cual padece frío en su aislamiento. Además que en su celda mantienen la luz encendida durante todo el día y la noche y sufre de constantes interrogatorios.

“Vivo con dolor y angustia su encarcelamiento y la tortura de la incomunicación en que la tienen (…) La última vez que la miré se quedó con una gran angustia por si me moría. Estoy saliendo de una gravedad por una obstrucción intestinal, por lo que recientemente tuve dos cirugías y estuve intubada”, describió Pinita Gurdián.

Los nuevos presos

Entre mayo y finales de noviembre de 2021, el régimen sumó a 67 nuevos reos de conciencia, que incluyen siete aspirantes a la presidencia. Previo a estas detenciones ya aguardaban en las cárceles al menos 100 presos políticos.

Este grupo de más de 60 presos solo han tenido derecho a tres visitas familiares, la primera en agosto, la segunda en octubre y la última en noviembre. Se esperaba que previo a la Navidad se les otorgará este derecho, pero no ocurrió así y los familiares temen que ni siquiera en la víspera de Fin de Año se les permita verlos.

Los presos políticos se enfrentan a la pérdida de peso acelerada, los interrogatorios constantes, la negación de acceso a sus abogados, porciones reducidas de comida que se traducen en desnutrición, bloqueo al ingreso de alimentos por parte de sus familiares y cero comunicación con el exterior.

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