Asesinato de opositor en Estelí por gritar “Que viva Nicaragua libre”

Policía descarta móvil político pero los familiares dicen que si fue

Según la versión oficial, los policías “capturaron” al homicida, pero familiares de la víctima y testigos indicaron que éste se entregó voluntariamente

Por Confidencial

HAVANA TIMES – La Policía Nacional descartó la motivación política como unas de las causas del asesinato del opositor Jorge Luis Rugama Rizo, de 45 años, quien fue ultimado de un balazo en el cuello por el fanático orteguista Abner Onell Pineda Castellón. El homicidio ocurrió la noche del 19 de julio en el municipio La Trinidad, en Estelí.

En una escueta nota de prensa, la Policía señaló que Pineda discutió con Rugama, y “lo privó de la vida”. Sin embargo, familiares de la víctima y testigos del homicidio han relatado que el opositor estaba sentado afuera de su casa, junto a su mamá Luisa Rizo Laguna, cuando pasó una caravana de orteguistas y éste les gritó: “¡Viva Nicaragua libre!”. En ese momento, el homicida y demás militantes sandinistas se regresaron a la vivienda del ciudadano, forcejearon con él y le dispararon.

Según la versión oficial, fueron investigadores policiales quienes “capturaron” a Pineda —quien trabaja en la Alcaldía de Estelí—; pero familiares de la víctima y fanáticos sandinistas, que presenciaron el asesinato, indicaron que el homicida se entregó voluntariamente a la Policía.

La Policía determinó que la causa de la muerte fue un trauma craneoencefálico. Al asesino confeso le confiscaron “un arma de fuego tipo pistola con un cargador y ocho unidades de munición calibre 45 milímetros”, según la nota de prensa.

El crimen ocurrió luego del acto principal en conmemoración del 41 aniversario de la revolución popular. El discurso principal estuvo a cargo del presidente Daniel Ortega, quien reapareció después de una ausencia de 38 días sin rendir cuentas. El caudillo del FSLN se mostró, por primera vez en público, con una mascarilla, pese a que su Gobierno ha minimizado la pandemia.

Reto para la Policía

Organizaciones nacionales de Derechos Humanos han advertido que este caso será un reto para la Policía, que se ha mostrado permisiva y cómplice, ante los abusos de sus propios agentes y paramilitares orteguistas contra opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), han dicho que seguirán el caso de cerca.

Los defensores de Derechos Humanos temen que este caso termine como el homicidio de la estudiante de medicina brasileña, Rayneia Lima, quien fue asesinada en julio de 2018 por el paramilitar Pierson Gutiérrez Solís. El militante sandinista fue liberado en julio de 2019, a través de una Ley de Amnistía, aprobada por la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional.

La socióloga e investigadora Elvira Cuadra subrayó que la Policía Nacional y todo el aparato de administración de justicia forman parte de un “sistema de impunidad”, ya que muchas de las diligencias de investigación “son muy superficiales, cuando las hay”.

Represión nunca ha cesado

La represión gubernamental en Nicaragua “nunca ha cesado” desde mediados de 2018, cuando el presidente Ortega recurrió a ataques armados para silenciar las protestas cívicas en su contra, según un informe presentado este martes en Managua y avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De acuerdo con el informe, elaborado por el grupo interdisciplinario Monitoreo Azul y Blanco, desde el 4 de julio de 2018 la represión gubernamental en Nicaragua ha producido 10 360 incidentes, entre los que se cuentan 410 asesinatos, mientras que unas 3 511 personas han sufrido detención arbitraria, 4 147 han recibido amenazas y 2 437 han sido agredidas.

“La represión nunca ha cesado, sin embargo es cíclica y se acentúa en fechas claves”, señaló en sus conclusiones el grupo Monitoreo Azul y Blanco, cuyos integrantes reciben denuncias y elaboran reportes, a veces de forma clandestina, para organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales.

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