Argentina construye centro infantil con dinero retenido a venezolano
HAVANA TIMES – Argentina destinará a la construcción de un centro de atención infantil unos 800.000 dólares que hace diez años un empresario venezolano intentó ingresar al país, según dijo, para aportar a la campaña presidencial de la entonces candidata Cristina Fernández de Kirchner, reportó dpa.
“Ojalá sea el camino para muchas otras acciones, y que la Justicia pueda recuperar los recursos perdidos con la corrupción y eso vuelva a la gente”, dijo hoy el jefe de Gabinete argentino, Marcos Peña, en declaraciones a radio Mitre, de Buenos Aires.
En septiembre pasado, un juez argentino había ordenado al Gobierno la utilización del dinero para financiar una obra en favor de la comunidad.
En los últimos días, la ministra de Desarrollo Social argentina, Carolina Stanley, “propuso financiar la construcción de dos espacios de primera infancia en las localidades de Gran Tucumán y Tafí Viejo, de la provincia de Tucumán”, ubicada en el norte del país, publicó hoy el diario “Clarín”.
El empresario venezolano Guido Antonini Wilson llegó en agosto de 2007 a la Argentina con una maleta en la que trasladaba 790.550 dólares, pero agentes de seguridad le impidieron ingresar el dinero, que fue retenido durante una década.
Los dólares “eran para la campaña presidencial” de Cristina Fernández de Kirchner, declaró Antonini Wilson a la Justicia.
El empresario venezolano había arribado al país en un avión junto a varios funcionarios del entonces gobierno del presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y directivos de la petrolera venezolana PdVSA.
El vuelo, declaró Antonini Wilson en la Justicia, había sido pagado por la empresa estatal argentina de energía Enarsa.
Dos días después del hallazgo del dinero, el empresario venezolano participó de un acto oficial en la Casa de Gobierno argentina, confirmó en su momento el entonces jefe del Gabinete, Aníbal Fernández. Luego de eso, dejó el país.
El Gobierno argentino presentó a fines de 2016 un proyecto de ley en el Parlamento para que el Estado pueda utilizar dinero, bienes, empresas o títulos a nombre de personas que los hayan adquirido por medio de alguna actividad ilícita.