Acusan por conspiración y noticias falsas a sacerdote nica

El sacerdote Enrique Martínez Gamboa

La Fiscalía inicia proceso contra religioso un día después de su captura violenta. Como en otros casos, jueza y fiscal del caso vinculadas al FSLN

Por Octavio Enríquez (Confidencial)

HAVANA TIMES – El régimen de Daniel Ortega continuó su escalada de agresiones contra la Iglesia católica y acusó al sacerdote Enrique Martínez Gamboa, de 64 años, por el supuesto delito de conspiración en concurso con el de propagación de noticias falsas.

La acusación de tres páginas fue interpuesta por el Ministerio Público desde las 10:56 de la mañana del 14 de octubre pasado, es decir, menos de un día después de la detención violenta del religioso a manos de agentes policiales en su domicilio, ubicado en carretera sur en Managua.

Martínez es el onceavo sacerdote encarcelado en la escalada judicial de Ortega contra la Iglesia católica, incluido el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien se encuentra retenido a la fuerza en la casa de sus familiares en Managua por la Policía desde el viernes 19 de agosto.

El padre Martínez Gamboa denunció con voz firme las violaciones a los derechos humanos del Estado contra los nicaragüenses en 2018. Un familiar del sacerdote interpuso el lunes 17 de octubre un recurso de exhibición personal, el que se encuentra en “trámite”, recurriendo de esta manera ante el magistrado Octavio Rothschuh Andino en contra de las actuaciones del jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), el comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas.

El día de la captura violenta del sacerdote Martínez, los policías llegaron a su casa e ingresaron derribando la puerta. Lo llegaron a sacar a la habitación donde se encontraba y lo sacaron a golpes y empujones hasta subirlo a una camioneta, mientras él les gritó “policías asesinos” y varias veces “¡Viva Cristo Rey!”. Fuentes cercanas a CONFIDENCIAL denunciaron que lo tienen detenido “en calzoncillos”.

Fiscal y jueza, verdugas de presos políticos

De acuerdo con el expediente del caso radicado bajo el número de asunto 022576-ORM4-2022-PN, la fiscal a cargo es Heydi Estela Ramírez Olivas. La jueza es Karen Chavarría Morales, titular del Noveno Distrito Penal de Audiencia en Managua. Ambas cuentan con antecedentes de subordinar sus decisiones judiciales a la voluntad del partido de gobierno.

Ramírez Olivas es recordada por su persecución a la prensa independiente en casos como la reciente persecución a trabajadores del diario La Prensa, pero también por amenazar a periodistas en los interrogatorios realizados en junio de 2021 durante la fabricación del caso por lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

En 2021, la jueza Chavarría Morales ordenó precisamente la captura de la aspirante presidencial y expresidenta del organismo, Cristiana Chamorro Barrios.

Chavarría Morales fue sancionada por Estados Unidos el nueve de marzo pasado, cuando fue agregada a la lista de actores corruptos y antidemocráticos conocida como “Lista Engel”.

En el comunicado de prensa firmado entonces por Ned Price—portavoz del Departamento de Estado— señalaron a la judicial de “abusar de su autoridad y subvertir procesos legales para actuar contra opositores políticos al régimen Ortega-Murillo e inhabilitar candidatos opositores a las elecciones de noviembre de 2021”.

Fuentes de CONFIDENCIAL dijeron en días pasados que el sacerdote Martínez es enfermo crónico. Padece de diabetes, hipertensión, tiene afectaciones en un rinón y tiene problemas de circulación.

Para el primero de diciembre próximo, está programado también el juicio oral y público contra tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas, y un camarógrafo, quienes acompañaban al obispo Rolando Álvarez el día del asalto policial a la Curia de Matagalpa, cuando fue trasladado a Managua a la fuerza.

Además de la detención de los 11 sacerdotes, el régimen forzó el exilio del obispo auxiliar de Managua Silvio Báez en 2019, expulsó en marzo pasado al nuncio apostólico, ha desterrado a otros, expulsó en julio a las misioneras de la caridad y cerró siete emisoras de la Diócesis de Matagalpa.

En 2018, en medio de la crisis de derechos humanos causada por la represión de Ortega, los sacerdotes denunciaron los abusos y auxiliaron a las víctimas en las parroquias. La Dictadura los acusó de “golpistas” y el tirano llegó a decir en septiembre pasado que los religiosos pedían a los manifestantes que le “metieran plomo”.

“Salían de las iglesias armados para lanzar ataques contra cuarteles de Policía. Y algunos curas, obispos, llamando a la gente a que me metieran plomo, qué esperaban para matarme, fíjense qué clases de obispos y curas, lo decían tranquilamente. Eh, decir una banda de asesinos, encubierta con la Iglesia católica”, dijo Ortega el pasado 29 de septiembre.

Ortega dio esas declaraciones de odio en el acto de aniversario 43 de la Policía, en que afirmó que la Iglesia católica era la “dictadura perfecta”, mientras se preguntaba quién elegía a “los curas, los obispos y el Papa” en la celebración del cuarto año del estado policial de facto con que conculcó desde entonces el derecho de reunión y protesta en Nicaragua, mientras incrementó la represión para sostenerse en el poder, alegando injerencismo cuando le pedían responder por los crímenes cometidos por el Estado.

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