Rafael Solís: Con esa agenda, Ortega “quiere un diálogo a su medida”
Sostiene que primer tema debe ser libertad de todos los presos políticos
Se debe reformar “hoja de ruta” para garantizar a obispos como mediadores y garantes nacionales, o de lo contrario la Alianza debe retirarse, afirma
HAVANA TIMES – El exmagistrado y operador político del FSLN en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rafael Solís, considera que la agenda revelada por el Gobierno de Daniel Ortega para el diálogo nacional con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, demuestra que “el Gobierno no quiere un diálogo serio y responsable, sino un diálogo hecho a su medida”, y sostiene que el primer punto de un diálogo con verdaderas condiciones debe ser la anulación de todos los procesos contra los presos políticos.
En una amplio artículo, circulado a través de redes sociales, el exmagistrado (que renunció a su cargo y la militancia del FSLN), considera que la hoja de ruta definida entre la Alianza Cívica y el Gobierno tras cinco de ocho encuentros realizados hasta la fecha, debería de reformar a fin de garantizar la participación de los obispos de la Conferencia Episcopal como mediadores y garantes nacionales, y no simplemente como testigos y acompañantes. Una limitación que ya ha generado el rechazo de los obispos, que decidieron rechazar la invitación de la mesa de negociación.
“Hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr su participación y en mi modesta opinión, se debe reformar la hoja de ruta y darle a la Conferencia Episcopal el papel no solo de testigos y acompañantes, sino de mediadores y garantes nacionales desde un principio”, asegura. De no ocurrir esto, Solís considera que la Alianza Cívica entonces se debe negar a continuar en el mismo.
Además, indica que la invitación paralela de la mesa a la Iglesia evangélica si puede limitarse como testigos y acompañantes, “pero no la Iglesia Católica, que estuvo en el diálogo del año pasado”, refiriéndose al primer intento de diálogo nacional sostenido entre mayo y julio, cuando se suspendió ante la falta de voluntad de la dictadura.
En cuanto a los garantes internacionales del proceso, el exmagistrado sugiere la participación de la Organización de Estados Americanos, a través de la CIDH, el MESENI Y el GIEI, que fueron expulsados por el Gobierno en diciembre, previo al informe del GIEI que documentó los crímenes de lesa humanidad de la dictadura.
Libertad de los presos políticos
Tras su renuncia a la Corte y al FSLN, Solís afirmó en una entrevista exclusiva con el programa Esta Semana, que los juicios políticos contra los manifestantes presos por la dictadura deben ser anulados y que todos los reos de conciencia deben ser puestos en libertad.
Solís reitera ahora este planteamiento, en su artículo de reflexiones sobre la mesa de negociación. “Debe ser siempre el primer punto de discusión y que se logre la liberación total de los presos políticos a través de la anulación de todos los juicios, porque realmente son nulos”, afirma.
Igualmente, insiste en la importancia de establecer los garantes nacionales e internacionales “que aseguren que estos presos quedarán en libertad absoluta y que no podrán ser capturados de nuevo bajo otras excusas en el futuro”. Y tal advertencia, justifica, es por el acoso y la vigilancia policial que continúa sobre los presos políticos a quienes el Gobierno cambió el régimen carcelario a casa por cárcel o convivencia familiar.
“También debe quedar establecido que la Policía Nacional bajo ninguna circunstancia pueda volver a detener a estas 700 personas puestas en libertad, salvo está, que pudieran cometer un delito común en el futuro y que se establezca además que ellos no quedarán bajo ninguna vigilancia policial”, añade.
Las garantías constitucionales
En sus reflexiones, Solís plantea que “en el caso del derecho a las manifestaciones públicas se debe establecer que la Policía Nacional debe otorgarles los permisos a los solicitantes con carácter de ineludible cumplimento para la Policía Nacional y que estas marchas no deben ser reprimidas por la Policía o por algún grupo paramilitar”.
A finales de septiembre, la Policía Nacional decretó la ilegalidad de las manifestaciones contra Ortega y ha rechazado al menos cuatro solicitudes de protesta, bajo el argumento de estar a cargo de “golpistas” (incluso contra el sector privado), estableciendo un Estado policial de facto.
El exmagistrado considera que “la primera marcha debiera solicitarla la Alianza Cívica para estos días de marzo, a fin de probar la buena fe del Gobierno en esta negociación”.
“De igual forma —agrega—, se deberá proceder con el derecho a la libertad de expresión y cualquier otro derecho que se firme en los acuerdos, pues aunque sean derechos establecidos en la Constitución Política, todos sabemos lo que está ocurriendo en la práctica”.
Entre sus puntos de agenda, revelados el sábado, la dictadura de Ortega ha indicado la liberación de los presos, pero limita estos únicamente a los que no han sido juzgados, para dejar bajo consideración de caso por caso a los ya juzgados. Para Solís, esto indica que “de entrada dejaría según ellos en la cárcel a muchos presos políticos”.
Para Solís, mientras el Gobierno de Ortega busca un diálogo a la medida (en el cual tampoco acepta la demanda ciudadana de adelanto de elecciones), es visible que uno de sus objetivos principales es la gestión internacional para que se suspendan las sanciones contra su Gobierno.