Pablo Abrao: CIDH espera aprobación para regresar a Nicaragua

Meseni continúa monitoreo, pero falta aprobación para equipo en el país

Paolo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, durante su visita mas reciente a Nicaragua. Foto: Carlos Herrera / Confidencial

Secretario ejecutivo afirma que, si la CIDH regresa, sería garante para el cumplimiento de acuerdos pendientes; pero eso depende de la OEA y de Ortega

 

Por Ivette Munguía  (Confidencial)

HAVANA TIMES – La aprobación de una resolución sobre Nicaragua en la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), permitiría el regreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Nicaragua, donde serviría como garante para el cumplimiento de los acuerdos pendientes entre el Gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, estima el secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao.

En víspera del encuentro anual de la OEA, que reúne a los cancilleres de los Estados miembros, Abrao aseguró en una entrevista con el periodista Carlos F. Chamorro, en el programa Esta Noche, que el retorno —sin embargo— está sujeto a la decisión que adopte la Asamblea General y a la aprobación del Gobierno de Ortega, el mismo que ordenó expulsar al organismo a finales de diciembre de 2018, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirmó que el régimen cometió crímenes de lesa humanidad.

 “El funcionamiento del Meseni (Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua) es independiente de la anuencia del Gobierno, pero la presencia de un equipo en el terreno sí depende de la anuencia”, explicó Abrao.

“Espacio de mediación”

El secretario ejecutivo de la CIDH, uno de los principales testigos internacionales de la matanza orteguista que dejó al menos 325 muertos entre abril y septiembre de 2018, estima que hay toda una agenda pendiente de implementarse en Nicaragua, y a su juicio la Comisión podría seguir como un “espacio de mediación” para la construcción de la confianza en su implementación.

En la 49 Asamblea General, que concluye este viernes en Medellín, Colombia, se discutirá una propuesta de resolución del Grupo de Trabajo para Nicaragua, encabezado por Canadá, que propone a la OEA la creación de una comisión “en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”, para que “realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua, y que rinda un informe en un plazo de tres meses”.

A Medellín han llegado presos políticos liberados, defensores de derechos humanos, miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y de la Unidad Nacional Azul y Blanco. La oposición ha planteado su rechazo a un punto de la propuesta: el plazo de tres meses para que una comisión presente al Consejo Permanente un informe sobre el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Gobierno en la mesa de negociación. Los mismos que Daniel Ortega ha incumplido hasta la fecha.

Para Abrao, la resolución “es muy explícita” en decir que solicita el regreso del organismo para apoyar a la sociedad civil en la reconstrucción de sus derechos. “A ver si la OEA va a confirmar esta solicitud que el Consejo Permanente ya lo había hecho, a ver si la Asamblea General también lo confirmará y en seguida ver cómo responderán las autoridades gubernamentales de Nicaragua”, planteó el secretario ejecutivo de la Comisión.

Urge protocolo de seguridad para el retorno

Abrao también urgió la creación de un protocolo de seguridad para el regreso “con garantías de protección” a todas las personas que han salido del país huyendo de la represión orteguista.

Además, señaló la necesidad de regresar las personerías jurídicas a todas las ONG que fueron canceladas y confiscadas, trabajar en el regreso de toda la diáspora y reconstruir el proyecto de vida de todos los estudiantes que fueron obligados a salir del país para protegerse.

“Hay que construir un plan nacional de reparación a las víctimas, hay que construir un plan nacional de memoria pública que sea plural, que respete todas las perspectivas y eso todo depende de acciones de los organismos internacionales que tienen una expertis para ejecutarlas, a ver como el Gobierno reacciona a esta propuesta”, retó.

Monitoreo desde Washington

Aunque el régimen expulsó del país a las delegaciones de la CIDH, en diciembre de 2018, el secretario ejecutivo de la Comisión señaló que el Meseni continúa monitoreando desde Washington la situación de Nicaragua, el mismo que recientemente confirmó que al cumplir un año de trabajo ha reunido más de 1500 testimonios de la represión orteguista.

Abrao lamentó que persista “el ambiente de represión y de intimidación” en Nicaragua y opinó que la liberación de los presos políticos fue “apenas un primer paso” de la agenda necesaria para la reconstrucción de la libertades del país: derecho a la movilización, de reunión, libertad de expresión y de prensa, que permanecen conculcados por el régimen de Ortega, que ha impuesto un Estado de excepción de facto.

Tras la liberación de 56 presos políticos, el pasado 11 de junio, entre ellos los principales líderes de la protesta cívica, familiares y organismos nacionales han denunciado que aún permanecen más de 80 reos de conciencia en las cárceles de la dictadura.

El secretario ejecutivo de la CIDH recordó que, desde antes de la expulsión del organismo en Nicaragua, el Gobierno de Ortega ha alegado el supuesto intento de un golpe de Estado. Sin embargo, la Comisión ha verificado que no ha habido ninguna práctica que pueda comprobar tal argumento. “Todos los testigos que escuchamos se referían a personas que estaban insatisfechas con el Gobierno y que pensaban que podían salir libremente a protestar”, subrayó.

En septiembre de 2018, la CIDH denunció que en Nicaragua se ha establecido una Estado de sitio de facto, que ha anulado libertades públicas en Nicaragua.

“Todavía sigue existiendo dentro del país un patrón de administración que pasa por la restricción a las libertades públicas, por medio de decretos de la Policía que prohibía las protestas, conductas que no son compatibles con el Estado de derecho”, denunció.

Abrao reiteró que por estos motivos, la Comisión ha denunciado este Estado de sitio, que atenta contra las mismas disposiciones constitucionales del país.

Ante los reclamos constantes del régimen, el secretario ejecutivo de la Comisión sostuvo que la responsabilidad de mantener la paz interna y la seguridad del país pertenece a las autoridades estatales. “No es nuestra labor evaluar, ni tampoco juzgar acciones de individuos o acciones sociales y sí las acciones estatales”, subrayó.



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