Ortega entierra diálogo en Nicaragua para negociar reformas con partidos “zancudos”

José Pallais, vocero de Alianza Cívica, advierte otra trama orteguista

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta, Rosario Murillo, assisten el 19 de julio a la conemoración del 40 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, en Managua, Nicaragua. Foto: Jorge Torres / EFE/

Alianza Cívica seguirá presionado por elecciones libres y transparentes, para lograr una salida pacífica a la crisis sociopolítica del país

Por Ismael López  (Confidencial)   

HAVANA TIMES – La dictadura de Daniel Ortega acabó con el diálogo nacional, varado desde mediados de mayo pasado, al enviar una carta al Vaticano este 30 de julio, para luego llamar a sus aliados y simular con ellos que negocian las reformas electorales.

“Acaban con el diálogo para sacar ventajas y negociar con los partidos políticos que han jugado bajo sus reglas, reformas electorales a su medida para seguir haciendo fraudes”, denunció el vocero de la Alianza Cívica (AC) José Pallais, al darse cuenta de la misiva, firmada por el canciller Denis Moncada.

Pallais dijo que van a seguir presionando para que se dé “una salida democrática en el país, real, mediante elecciones libres, no con reformas cosméticas, amañada para producir los mismos resultados que los pactos y los partidos zancudos han generado en el pasado”.

La AC se había retirado del diálogo desde mayo en protesta después que un custodio armado en el penal de La Modelo, ultimó a balazos al preso político Eddy Montes.

Luego, en la segunda semana de junio, la dictadura liberó a una parte de los presos políticos y desde entonces se ha negado a volver a la mesa de negociación donde quedaban grandes temas por cumplir: restitución de libertades ciudadanas como el derecho a movilización y la libertad de expresión y democracia (reformas electorales y adelanto de elecciones).

El pasado 19 de julio, durante la celebración del 40 aniversario de la Revolución Sandinista, el dictador Daniel Ortega anunció en su discurso que impulsarían las reformas electorales y que el diálogo continuaría con los sectores productivos.

Unidad es la próxima tarea

Pallais dijo que como AC continuarán denunciando al Gobierno ante la comunidad internacional para que “continúen apoyando la democratización en el país”.

“La AC continúa en su lucha por la justicia y la democracia. Vamos a impulsar la conformación de la gran coalición nacional, estamos ya trabajando fuertemente unidos con la Unidad Nacional Azul y Blanco”, dijo Pallais.

Para seguir presionando a la dictadura “los paros escalonados son una opción también”, dijo a Confidencial la feminista nicaragüense María Teresa Blandón, integrante de la Unidad Nacional.

Blandón cree que las protestas en las calles se han extinguido porque “la gente tiene mucho miedo… ¿Viste cuántos éramos el jueves pasado (durante las protestas)? Claro que mantendremos las protestas, pero cada vez es como un acto heroico. Estarán (siempre) pequeños grupos dispuestos a desafiar, la resistencia mayoritaria está siendo más silenciosa”.

Los estudiantes: salir a los territorios

El líder universitario Ángel Rocha, mimbro de la Coalición Universitaria y miembro de la AC, dijo que ellos tienen que comenzar a construir una verdadera unidad con las diferentes organizaciones y salir a “visitar los territorios y trabajar en conjunto y estar unidos para el próximo evento que es de cara al proceso electoral y las reformas”.

Fueron los estudiantes, precisamente los que con sus protestas en abril de 2018 obligaron a Ortega a negociar en el primer diálogo que luego fracasó.

Nicaragua tiene 15 meses de vivir una crisis política luego de que las protestas estudiantiles fueron violentamente reprimidas. Más de 60 000 nicaragüenses se fueron al exilio, según datos de las Naciones Unidas y más de 326 personas murieron a manos, la mayoría, de fuerzas policiales o parapoliciales.

CIDH lamenta cancelación de las negociaciones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó este jueves la cancelación del Gobierno de Nicaragua a las negociaciones con la oposición, que tenían como objetivo superar la grave crisis sociopolítica del país, que ha dejado cientos de muertos en 15 meses.

“La CIDH lamenta la intención del Gobierno de Nicaragua, de no continuar el diálogo en la mesa de negociación, en un contexto de persistencia de violaciones a los derechos humanos y ante la necesidad de reformas que garanticen la no repetición”, informó la entidad, en una declaración pública.

El Gobierno del presidente Daniel Ortega canceló las negociaciones con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia el 30 de julio pasado, pero la decisión no se supo hasta este jueves, cuando fue confirmada por el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, testigo del diálogo.

Durante las negociaciones, que iniciaron en febrero pasado, las partes acordaron que el Gobierno liberaría de forma definitiva a todos los “presos políticos” y respetaría la Constitución en lo referido a las libertades de expresión y de prensa, pero no cumplió, según la oposición.

El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la CIDH, advirtió que al momento de cancelar las negociaciones, continúa la “persecución a opositores por medio de detenciones, amenazas y asedio; faltan investigaciones imparciales en los asesinatos que siguen ocurriendo; y las libertades públicas permanecen suspendidas”.

“El deterioro estructural de la democracia en Nicaragua, en particular la falta de independencia de los poderes públicos, ha sido un factor fundamental para mantener la represión sobre manifestantes opositores, defensores y defensoras de derechos humanos”, agregó la CIDH.

La negativa de Ortega a negociar se da a pesar de que el 28 de junio pasado la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó a las partes a reanudar una “negociación efectiva y de buena fe”.

La CIDH recordó que “el diálogo democrático es un elemento indispensable en las reformas institucionales que requiere Nicaragua para superar la crisis, conforme a los estándares de no repetición que obligan al Estado frente al derecho internacional”.