Nicaragua en la agenda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Expertos hablan en el 40º período del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
“Al tratarse de crímenes de lesa humanidad, debe intervenir para que esa situación se modifique”, afirma la guatemalteca exfiscal Claudia Paz y Paz
HAVANA TIMES – La abogada Claudia Paz y Paz, miembro del grupo de expertos creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la represión en Nicaragua en 2018, declaró a la agencia Efe que la comunidad internacional debe seguir atenta a ese país e intervenir ante los crímenes cometidos.
“Es fundamental que la comunidad internacional no quite la mirada de Nicaragua”, ya que, “al tratarse de crímenes de lesa humanidad, debe intervenir para que esa situación se modifique”, explicó la letrada guatemalteca, una de los cuatro miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Paz y Paz intervino este martes en un panel para explicar los resultados del informe —junto a otro de los miembros del grupo de expertos, el fiscal argentino Pablo Parenti— en uno de los actos del actual Consejo de Derechos Humanos que en Ginebra trata hasta mediados de mes la situación de las libertades fundamentales en todo el mundo.
“Logramos documentar que en el periodo que comprendía nuestro mandato, del 18 de abril al 30 de mayo, hubo 109 muertes violentas, de éstas la gran mayoría fueron con arma de fuego, y más de 1 400 heridos”, recordó la abogada.
Aunque también se documentó la muerte de una veintena de policías, gran parte de la violencia “fue responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado, que actuaron de forma coordinada con grupos paraestatales integrados por juventudes sandinistas, o lo que históricamente se ha llamado en Nicaragua ´motorizados´”, explicó Paz y Paz a Efe.
Investigar a Daniel Ortega
El grupo de investigadores, también compuesto por el abogado italiano Amérigo Incalcaterra y la socióloga peruana Sofía Macher, recomendó tras la elaboración del informe investigar al presidente del país, Daniel Ortega, por su responsabilidad directa en los actos cometidos por las fuerzas de seguridad.
El informe, para cuya elaboración el grupo de expertos pasó seis meses en Nicaragua, se elaboró con grandes dificultades de acceso a información, pese a que el Gobierno de Ortega había acordado colaborar.
“Nunca nos dio acceso a los expedientes judiciales, tampoco pudimos reunirnos a solas con la fiscal general”, Ana Julia Guido, y cuando se solicitó al Gobierno nicaragüense una reunión para presentar las conclusiones, “su respuesta fue pedirnos que abandonáramos el país”, recordó la abogada.
También subrayó que el mismo mes en que el informe se presentó en Washington se quitó la personalidad jurídica a una de las ONG nicaragüenses que habían colaborado de forma más estrecha con ellos, el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), obligando a algunos de sus integrantes a dejar el país.
Discurso oficialista
El grupo de expertos llegó a Nicaragua en julio, cuando las tensiones se encontraban en su punto álgido, relató por su parte Parenti.
“A cualquier jefe de policía le puede pasar que un subalterno actúe mal, lo que no puede ocurrir es que esto ocurra de una forma sostenida en el tiempo, en distintos lugares y momentos, y que no se investigue nada (…). Es más, los principales responsables de la actuación del Estado en este periodo fueron ascendidos”, relató.
El fiscal argentino también subrayó que “el discurso público del presidente y la vicepresidenta (Rosario Murillo, esposa de Ortega) desde el primer día demonizó y estigmatizó a los manifestantes en discursos realmente violentos”, pese a que el grupo de expertos estableció que la mayoría de las protestas fueron pacíficas.
Las protestas se iniciaron el 18 de abril de 2018, por el rechazo a una reforma del sistema de seguridad social que suponía subidas de impuestos y reducción de pensiones.
Según los observadores, la represión de estas protestas ha causado más de 300 muertos (el informe del CIDH, que documenta únicamente 109, sólo estudió los primeros meses de violencia) y la detención de periodistas, líderes campesinos y estudiantiles y miembros de organizaciones de derechos humanos.