Marlon Powell, el tercer periodista como rehén político de la dictadura de Ortega
Producía el programa radial “El Dedo en la Llaga”, crítico con el régimen
Acusado de terrorismo, incendio, robo agravado y entorpecimiento de servicios públicos en perjuicio del Estado, está en prisión desde el siete de marzo
Por Juan Carlos Bow (Confidencial)
HAVANA TIMES – El periodista Marlon Jerónimo Powell Sánchez sabía que el régimen iría tras él. El comunicador huyó de su natal Masaya, una hora antes de que las fuerzas policiales y paramilitares orteguistas tomaran a sangre y bala el control de la ciudad, el 17 de julio de 2018. Sin embargo, fue hasta el pasado siete de marzo que la Policía Nacional pudo detener al reportero, que se convirtió en el tercer periodista preso ilegalmente por su posición crítica contea la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Powell tenía el programa radial “El dedo en la llaga”, en el cual lanzaba críticas contra el régimen orteguista. Actualmente está recluido en el Sistema Penitenciario Nacional La Modelo, donde también está encarcelado el periodista Miguel Mora, director de 100% Noticias, detenido ilegalmente en diciembre de 2018, junto a su colega Lucía Pineda Ubau, quien está en la cárcel de mujeres La Esperanza.
El día que Powell huyó, la Policía y paramilitares del régimen lanzaron en Masaya un operativo de al menos siete horas. Era parte de la “Operación Limpieza”, que dejó decenas de muertos y cientos de heridos en varios departamentos del país.
Powell huyó por veredas junto a un grupo de 30 ciudadanos, que habían participado en las manifestaciones cívicas en Masaya. “Pasaron la noche en el monte, se acostaron en el piso y se taparon con hojas, para que nos los descubrieran”, comentó una familiar del comunicador, que solicitó el anonimato por miedo a represalias de simpatizantes sandinistas.
Golpeado en captura
El periodista estuvo en casas de seguridad en León, Estelí y Managua, donde fue detenido ilegalmente el pasado siete de marzo, en el barrio San Judas. El comunicador pasó 53 días en las celdas de la antigua Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida popularmente como El Chipote. Ahí estuvo aislado y sin recibir alimentos, denunciaron organismos nacionales de derechos humanos.
“El día que fue capturado lo lastimaron bastante, fue golpeado fuertemente. Estuvo sin conocimiento ocho días, hasta los nueve o diez días fue recuperando el conocimiento de dónde se encontraba, de quién era, se dio cuenta que estaba detenido y qué estaba pasando con él”, comentó la familiar.
Añadió que en “El Chipote pasó mucho tiempo en una celda de aislamiento, que era pequeña, oscura, casi sin aire. Siempre ha estado en celdas de crueldad, viviendo inhumanamente”.
Ante la justicia
Powell fue presentado ante la justicia, el pasado primero de mayo. Al comunicador lo acusan de los delitos de terrorismo, incendio, robo agravado y entorpecimiento de servicios públicos en perjuicio del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR).
Elton Ortega, abogado defensor de Powell, indicó que su cliente fue presentado hasta esa fecha porque la Fiscalía no tenía las “pruebas” de los hechos, aunque después de tanto tiempo presentaron una “acusación mal hecha, con muchas deficiencias y que aún no logramos conocer cuáles son los verdaderos elementos de prueba”.
“(Fiscales) tuvieron suficiente tiempo para investigar y, si era así el caso, formular (una acusación), pero como están criminalizando la protesta y persiguiendo a personas que han alzado su voz, lo primero que hacen es detener, mal investigar y después acusar”, describió.
Powell es acusado junto a Humberto de Jesús Pérez Cabrera y Felipe Santiago Vázquez Hondoy, detenidos en diciembre pasado. También son implicados Emmanuel Salvador Arias Martínez y Francisco Román Navas Galán, que están prófugos.
La familiar calificó como “ridículas” las acusaciones, ya que la Fiscalía no tiene pruebas de los hechos, además que Powell no conoce a las personas con las cuales lo vinculan.
Líder de tranques
Según la Fiscalía, Powell era además líder de uno de los tranques de Masaya, entre abril y julio de 2018. La acusación indica que los tranques fueron montados por unas 200 personas, aún no identificadas porque andaban encapuchadas.
Presuntamente desde esos tranques, el periodista ordenó el saqueo de los equipos y mueblería de las oficinas de la Fiscalía y la PGR en Masaya, locales que luego, según la acusación, mandó a incendiar.
Para el abogado defensor, la imputación de delitos “obedece al patrón del Ministerio Público” de criminalizar las protestas, ya que “la acusación es deficiente porque no hace un señalamiento de cuáles conductas están atribuyendo a cada una de las personas acusadas, sino que refiere de manera global a tres hechos ocurridos en tres momentos diferentes”.
La acusación señala que el 10 de mayo de 2018, más de 200 sujetos entraron a la fuerza y quebraron las puertas de la Fiscalía y la PGR. Luego, el 14 y 28 del mismo mes, ambas instituciones fueron saqueadas y finalmente quemadas.
Ortega subrayo que la Fiscalía “hace un relato somero de la prueba” y que está se fundamenta principalmente en el llamado Código Uno, que es un agente policial encubierto. “Es la figura que han utilizado en todos los procesos de los presos políticos, ponen a un policía encapuchado a decir lo que la acusación dice, pero no está sujeto a confirmación, comprobación, ni verificación”.
En celdas de castigo
Familiares y organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado que el periodista ha pasado mucho tiempo en celdas de castigo. Tras su audiencia preliminar, el primero de mayo, fue penalizado porque protestó frente a la juez Karen Chavarría, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, y no quiso firmar el acta de la audiencia.
“Al regresar al Sistema (Penitenciario) fue cambiado al régimen de castigo y conducido a la celda 001, en esa celda ha vivido un calvario”, afirmó la familiar de Powell, quien agregó que el periodista estuvo recluido con otros diez presos políticos en una “celda pequeña, a oscuras, sin ventilación. A un lado del servicio higiénico estaba una especie de cocina, para hacer sus alimentos con hedor”.
La familiar destacó que en esa celda de castigo, Powell “se tiraba al piso y metía la nariz en la rendija que había entre el piso y la puerta, trataba de respirar para no colapsar porque tiene claustrofobia”.
En el Infiernillo
El abogado Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), denunció en Twitter que Powell, junto con otros presos políticos fue trasladado a la Galería 300, también conocida como El Infiernillo.
El traslado se dio entre el 11 y 12 de mayo. El Infiernillo es una celda de máxima seguridad a la cual han confinado a más de una docena de presos políticos.
La familiar del periodista relató que la estancia en El Infiernillo es “como estar encerrado en un sauna, pero sin aire, sin luz del sol o artificial. El calor es insoportable y no hay donde caminar, es algo muy pequeñito”.
Además, resaltó que Powell “está enronchado por los piquetes de zancudo y está enfermo, con mucha tos, que si no se atiende podría empeorar su estado de salud”.
Negociación política
La audiencia inicial de Powell estaba prevista para el pasado 13 de mayo, pero la juez Chavarría la reprogramó para el próximo cinco de junio. La Fiscalía solicitó el aplazamiento bajo el argumento de motivos de “fuerza mayor”.
Ortega manifestó que la audiencia no se llevó a cabo porque el SPN no trasladó a los acusados hacia el Complejo Judicial, por lo que “técnicamente” hay un impase en el proceso. “Extraoficialmente podemos deducir que no fueron trasladados porque todavía están las conversaciones entre la Alianza Cívica y el Gobierno”.
El abogado añadió: “Es comprensible que los procesos no avancen, porque sería carente de lógica, que sigás con la dinámica judicial si estás tratando de encontrar una salida viable a estos procesos judiciales”.
El régimen mantiene bloqueadas las negociaciones al negarse a cumplir los acuerdos sobre la liberación de presos políticos y el restablecimiento de libertades públicas, como el derecho de expresión y manifestación, con la excusa de que la Alianza Cívica debe solicitar la suspensión de eventuales sanciones internacionales contra Nicaragua, en especial la Nica Act.