Congreso de EE.UU. baraja más presión contra Ortega en Nicaragua

 

Comité de Relaciones Exteriores realiza sesión para actualizar estado de la crisis nicaragüense

La Cámara Baja norteamericana pondera recomendaciones para la política exterior estadounidense respecto a Managua

 

Por Wilfredo Miranda Aburto  (Confidencial)

HAVANA TIMES – Mientras Nicaragua seguía con jubilo la liberación de los presos políticos este martes, en el Congreso de Estados Unidos se realizó una audiencia pública que abordó la crisis nacional, enfocada en las acciones que ese país podría tomar de cara al régimen Ortega-Murillo a tan solo semana y media para que al Departamento de Estado se le venza el plazo de 180 días planteado por la NicaAct, y presente un informe con las medidas especificas a implementar.

La audiencia fue convocada por el Comité de Relaciones Exteriores y el Subcomité del Hemisferio Occidental, este último liderado por el representante demócrata por Nueva Jersey, Albio Sires, quien ha impulsado acciones estadounidenses para la crisis nicaragüense en la Cámara Baja. La sesión estuvo centrada en una actualización del estado de la crisis actual y recomendaciones para la política exterior estadounidense respecto a Managua.

Despite #Ortega’s violations of human rights, Nicaragua’s crisis has been overlooked by the intl community. Today, I held a hearing focused on the political and #humanrights crisis in #Nicaragua. Thank you @JMVivancoHRW @Maradiaga & Dr. Carlos Ponce for your testimony. – Rep. Albio Sires

Los congresistas escucharon a Felix Maradiaga, director del Instituto Estratégico de Políticas Públicas (IEEPP), a José Miguel Vivanco director de Human Rights Watch (HRW), y a Carlos Ponce de la fundación Víctimas del Comunismo.

Maradiaga explicó a Confidencial que esta sesión servirá para que el Congreso saque sus propias conclusiones y las presente a las agencias internas norteamericanas, como el Departamento de Estado, y a los aliados hemisféricos y de la comunidad internacional de Washington, quienes mantiene presión diplomática sobre la dictadura a través de sanciones internacionales.

“En la presentación enfaticé que en Nicaragua continua represión y el estado policial. Así como la forma en que Ortega ha utilizado a los presos políticos como fichas de canje, algo que consideramos inmoral”, dijo Maradiaga. “A pesar de que les dijimos que este martes se dieron liberación de presos políticos, les explicamos que no era liberación plena, porque son personas que salen sin sus garantías restablecidas… además que son inocentes en todo momento”.

Aunque los congresistas escucharon a los expositores la mayor parte de la sesión, les preguntaron sobre algunos puntos específicos. Uno de ellos fue que si además de aplicarse sanciones, Estados Unidos debería bloquear el acceso al tratado de libre comercio CAFTA al gobierno de Ortega.

Jose Miguel Vivanco, Felix Maradiaga and Carlos Ponce dieron su testimonio.

En ese particular, José Miguel Vivanco recomendó redoblar sanciones internacionales en contra de altos funcionarios del régimen “responsables por abusos, incluyendo la prohibición de ingreso al país y congelar sus bienes”.

“En Human Rights Watch estamos extremadamente preocupados porque los responsables de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no han rendido cuentas por sus abusos”, dijo Vivanco. “El gobierno de Estados Unidos debería adoptar una posición contundente contra las atrocidades en Nicaragua a través de la imposición de sanciones individuales dirigidas contra altos funcionarios que son responsables de gravísimos abusos”.

Maradiaga aseguró que los congresistas preguntaron si era posible que los crímenes de lesa humanidad hayan sido cometidos sin que Daniel Ortega supiera, algo que el director del IEEPP respondió de forma negativa. “Dijimos que no. Ortega controla las fuerzas armadas”, enfatizó.

Informe del Departamento de Estado

Aunque en Washington ya se habla de nuevos candidatos del régimen para las sanciones, Carlos Ponce recomendó no solo sancionar al entorno de la pareja presidencial sino a policías, alcaldes, entre otros funcionarios del Estado y operadores políticos del sandinismo.

Maradiaga aseguró que el informe del Departamento de Estado ya está próximo a finalizarse, tal como mandata el plazo de 180 días de la NicaAct. Aunque Maradiaga no precisó si esta sesión en el Congreso influirá en ese informe, sí dijo que han mantenido varias reuniones con asesores del Congreso para determinas más medidas de presión hacia el régimen.

“Eso sí, les dijimos hoy a los congresistas que la NicaAct es una herramienta subutilizada, porque hasta ahora solo se han aplicado sanciones individuales a través de la ley Global Magnitsky”, afirmó Maradiaga.

Carlos Ponce dijo por su parte a Confidencial que una de las razones por la que la NicaAct no ha sido implementada en su totalidad podría radicar en que el Departamento de Estado y el embajador norteamericano en Managua, Kevin Sullivan, esperan que el gobierno de Ortega “se siente a negociar una reforma electoral para adelantar elecciones”.

“Quizá por la liberación de los presos políticos y por esa razón no han sido vigorosos con la NicaAct”, expresó Ponce. Sin embargo, destacó la importancia de la sesión de este martes, a la luz del alto número de congresistas que asistieron a ella.



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