Venezuela: Perspectivas post 6D

Por Maria Isabel Puerta y Armando Chaguaceda

HAVANA TIMES — El 6D representa para la ciudadanía venezolana mucho más que una elección parlamentaria de rutina: es la oportunidad de escoger entre dos concepciones del mundo: la autocrática –basada en una lógica militar disfrazada de revolución popular- o la democrática, sustentada en la civilidad.

El reto al que se enfrenta la sociedad venezolana es el de recuperar la capacidad institucional perdida en el proceso de implantación del modelo chavista, que hizo necesario desmantelar las bases del estado derecho. Contribuyendo al debilitamiento del entramado institucional y el equilibrio de poderes que ha facilitado en gran medida los excesos del oficialismo.

En un escenario en el que el Oficialismo alcance la mayoría de los votos parlamentarios –o que logre disminuir el impacto de una victoria opositora mediante la creación de un “Poder Popular” paralelo al parlamento-, el proceso político muy probablemente seguiría su curso actual.

Es decir, de una profundización de la violencia política en medio de una situación económica crítica, con la intensificación de la escasez y el desabastecimiento de productos básicos, el deterioro de la infraestructura básica y de servicios públicos, la conflictividad laboral, la crisis de los sectores de la salud, educación y vivienda, que serán sacrificados mientras la caída de los precios petroleros se mantenga. Así como la política de controles e intervencionismo económico a favor de un proyecto político estatista acompañado de elevados niveles de corrupción.

En otro escenario, donde la Oposición alcance una clara mayoría, su capacidad de maniobra dependerá del tipo de mayoría determinando a su vez el comportamiento del Ejecutivo, abriendo la posibilidad de profundizar en el proyecto político bolivariano si la Oposición alcanza los escaños suficientes para obligar al Oficialismo a ajustarse a la norma constitucional.

En este sentido, resulta importante destacar que este ha sido uno de los compromisos asumidos por los candidatos de la alianza opositora, de recuperar el espíritu de la norma a través de la profundización del cumplimiento del orden constitucional, prometiendo hacer valer su letra en todas y cada unas de las áreas de competencia en materia legislativa. Que no es poca cosa frente al progresivo debilitamiento de la capacidad del órgano parlamentario frente a las sucesivas habilitaciones otorgadas al Ejecutivo Nacional durante los períodos de gobierno de Hugo Chávez y lo que va de Nicolás Maduro.

Ambos escenarios nos remiten a una situación de incertidumbre porque si bien las encuestas más confiables del país dan cuenta de una amplia ventaja de la coalición opositora sobre el gobierno y otras candidaturas independientes, no es del todo un escenario definido debido a particularidades de la elección -como la disposición de los circuitos- que han sido objeto de serias críticas por su sesgo progobierno.

Es difícil cualquier predicción exacta en un proceso que contempla 87 circuitos con candidatos nominales y por listas; a lo que se suma el comportamiento de los poderes públicos, con un Consejo Nacional Electoral que evidencia parcialidad política al actuar con rigidez hacia la Oposición mientras ignora las faltas y atropellos cometidos por el Gobierno. El ventajismo, amparado por las propias instituciones del Estado, se expresa en las restricciones a los observadores y medios de comunicación nacionales y extranjeros, sumándose al de los candidatos y partidos políticos de oposición, configurando un escenario de vulnerabilidad de derechos fundamentales, comprometiendo aun más la naturaleza democrática del gobierno.

Faltando pocos días para la fecha comicial, los reportes de violencia política presentan un balance de fallecidos, ataques frustrados, persecución y amedrentamiento político, amenazas y ataques, así como limitaciones a la labor periodística[1] que hacen dudar que el gobierno esté dispuesto a conducirse por la vía pacífica. Obligando a la Oposición a exhortar a la población a responder tales atropellos por la vía electoral y, eventualmente, por medio de formas de movilización y defensa de voto ciudadanos durante y después de los comicios.

De este modo, el 6D podremos encontrarnos ante tres escenarios principales en la eventualidad de un triunfo opositor vaticinado por las encuestas[2]: la oposición gana ampliamente y el triunfo es reconocido por el gobierno; la oposición obtiene una pequeña ventaja que dificulta la aceptación oficial; el gobierno, ante un triunfo opositor, lo desconoce creando instancias paralelas no previstas en la ley –como hizo después de las victorias opositoras en los gobiernos regionales, años atrás- a la que transfieren poderes, recursos y competencias.

Sin embargo, lo que verdaderamente definirá el rumbo del país, más allá de quién se adjudique el triunfo y pueda defender su propia agenda, es la capacidad para retomar la vía institucional y hacer uso de las herramientas de la democracia para resolver las diferencias y lograr los acuerdos que serán necesarios para superar la profunda crisis económica que aqueja al país. Lograr el suficiente consenso para superar una forma de hacer política que ha limitado la participación de un sector de la sociedad será el mayor triunfo político de los venezolanos en esta hora crucial. Y abrirá, allende las fronteras nacionales, nuevos cursos democratizadores o autoritarios dentro del panorama político regional.
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[1] El día jueves 3 de diciembre varios corresponsales extranjeros – de CNN, Televisa y otros medios- denunciaron por las redes sociales que fueron retenidos sus equipos, exigiéndoles presentar unos documentos donde se ‘comprometieran a no tergiversar” los hechos reportados.

[2] Todas, desde Datanálisis –reputada por su imparcialidad y precisión- hasta Hinterlaces- identificada con el gobierno- reconocen el eventual triunfo opositor, si bien difieren en su magnitud y evaluación.