Venezuela con nueva ley de precios
Por Humberto Márquez
HAVANA TIMES, 26 julio (IPS) — La población de Venezuela se encamina a vivir con valores regulados para los artículos y servicios básicos de consumo, fijados ya no por el mercado sino en una mesa de discusión entre el gobierno y empresarios a partir de una ley que entrará en vigor en octubre.
La norma de Costos y Precios Justos dejará así a un lado la ley de la oferta y la demanda, en busca de “controlar las ganancias desproporcionadas de las empresas, mediante la aplicación de parámetros no discrecionales”, según el vicepresidente ejecutivo de Venezuela (cargo no elegido), Elías Jaua.
“No es para atacar al sector privado sino para confrontar a los sectores especulativos y garantizar la transición al socialismo”, puntualizó Jaua al presentar el nuevo texto legal.
Se trata de un decreto-ley dictado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, apelando a los poderes especiales aprobados en diciembre por la Asamblea Nacional legislativa, entonces con más de 90 por ciento de los escaños a su favor, que lo habilitan a legislar a fin de atender emergencias generadas por las lluvias.
Esos poderes, otorgados según lo previsto en el ordenamiento institucional, regirán hasta mediados de 2012 sobre decenas de asuntos de gobierno, entre ellas el manejo de la economía, sin necesidad de consultar de nuevo con la Asamblea, que en enero renovó su conformación al ingresar los representantes elegidos en septiembre y que le dan una mayoría más acotada de 60 por ciento.
Regulando solo lo esencial
Jaua sostuvo que sólo se regularán bienes y servicios considerados esenciales, como alimentos, medicinas y servicios de salud, materiales de construcción y vivienda, textiles y calzados, enseres y útiles escolares.
“El Estado no está interesado en controlar rubros como licores, cigarrillos o autos de lujo”, dijo el vicepresidente.
Los fundamentos de la ley son la escasez y el constante aumento de precios. Venezuela tiene desde hace seis años la inflación más alta de América y una de las mayores del mundo, al oscilar entre 20 y 30 por ciento anual, y aún más alta en rubros como alimentos, pese a que están regulados los valores de la cesta básica y rige un férreo control cambiario.
En cuanto a la escasez de artículos en los anaqueles, las estadísticas del Banco Central indican que en los últimos tres años es de entre 10 y 13 por ciento, aunque estudios privados sostienen que llega hasta 20 por ciento de faltantes en diversas mediciones mensuales.
La percepción de carestía, escasez y descontrol brota ante cualquier consulta, como las efectuadas por IPS entre compradores de mercados del este y oeste de Caracas.
Elena Hernández, compradora en el mercado Quinta Crespo (suroeste), dijo que “cada día los precios van en aumento, de casi todo, vegetales, frutas, embutidos, queso, carne o pollo. El médico recomienda pescado, pero no lo compro, el precio es prohibitivo”.
“Vengo a Mercal (expendio gubernamental de víveres subsidiados), porque aquí se compra más barato, pero pocos días hay carne o pollo y casi nunca productos frescos, lo más común son empacados o enlatados”, señaló Víctor Torres, vecino del sudeste de la ciudad.
“¿Usted cree que uno puede vivir con una pensión (un ingreso equivalente a 330 dólares mensuales al cambio oficial)? El dinero no alcanza. Las medicinas también están muy caras. Ni hablar de los médicos o de las clínicas”, lanzó Ana Julia de Lima en el mercado de Chacao, un municipio habitado por familias de clase media.
Unos dicen que habrá escasez
Para José Díaz, “con los precios igualados desaparecerán las ofertas con las que uno siempre se rebusca, se presentará la escasez y los mismos productos que uno se lleva del mostrador querrán venderlos más caros, pero por debajo de la mesa”.
Miriam Gómez, expendedora de grasas, aceites y condimentos, dijo que “muchas veces debemos vender los productos regulados con pérdidas sobre nuestros costos, pero tenemos que hacerlo porque la gente los necesita. Creo que con las regulaciones, lo que puede aumentar es el mercado negro”.
La nueva ley entrará en vigor a mediados de octubre, cuando los empresarios que producen, importan o distribuyen bienes o servicios, inscritos en un registro especial, deberán acudir a mesas de discusión con las autoridades sobre costos y precios, los que finalmente establecerá una Superintendencia.
El ministro de Alimentación, Carlos Osorio, adelantó que en ramos como hortalizas y legumbres se establecerán bandas de precios en lugar de valores únicos.
La Superintendencia inspeccionará las cuentas de las empresas, y a las que falseen o nieguen información, o vendan por encima de los precios fijados, las sancionará con severas multas, cierre u ocupación de las existencias de productos y otros activos.
Directivos de dos clínicas, consultados por IPS, expresaron temor de que al fijarse los precios para determinados servicios, operaciones o tratamientos, merme la calidad de la salud si se ven obligados a prescindir de cuidados secundarios para sus pacientes.
Consumidores, transeúntes y comerciantes coincidían estos días fines de julio en su ignorancia sobre la ley y su escepticismo acerca de los posibles resultados.
Víctor Maldonado, director de la Cámara de Comercio e Industria de Caracas, dijo a IPS que “entre los consumidores se cruzan las percepciones de inflación crónica y falta de creencia en este gobierno, que quiere reducir el problema de inflación a especulación”.
“Esta ley es una de las tantas señales de que el gobierno se toma en serio su cronograma de acceso al socialismo. Quieren pasar del actual estatismo, que convive con el sector privado, a un socialismo autoritario en el cual el Estado tenga la mayoría, la hegemonía o la totalidad del sector productivo”, opinó Maldonado.
El dirigente sostuvo que “el talón de Aquiles del gobierno son los malos resultados de su política económica”, y recordó que en 2012 se convocará a elecciones presidenciales en Venezuela, “por lo cual la ley tiene una presentación política, de convertir la inflación avivada por las políticas oficiales en especulación causada por empresarios”.
Maldonado duda que el tiempo alcance para que el gobierno tenga éxito en la nueva operación, “pues le ha caído encima el viejo apotegma de que quien tiene todo el poder tiene toda la responsabilidad, y ahora le toca rendir cuentas”.