Un nombre para las víctimas de Guatemala

Por Danilo Valladares

HAVANA TIMES, 8 de enero (IPS)  –

La campaña “Mi nombre no es XX”, impulsada por la no gubernamental Fundación de Antropología Forense de Guatemala, invita a los familiares de las casi 45.000 personas desaparecidas de modo forzoso a aportar su muestra de ácido desoxirribonucleico (ADN) para cotejarla con otras extraídas de restos óseos enterrados en cementerios o fosas clandestinas.

“Mi nombre no es XX. Una muestra de ADN de mis familiares puede identificarme. Llame al teléfono 1598”, se puede leer en uno de los rótulos publicitarios colocados en los autobuses urbanos de la capital como parte del llamado social lanzado en noviembre.

En Guatemala se denomina XX a las personas fallecidas que por alguna razón no fueron identificadas.

En la guerra civil, miles de personas murieron y fueron enterradas sin identificar en cementerios, fosas clandestinas y cuarteles, en su gran mayoría a manos de fuerzas militares, sin que se conozca hasta hoy su paradero ni su identidad, según organizaciones de derechos humanos.

“Mi hermano Rubén Amílcar Farfán, de 38 años, fue capturado ilegalmente el 15 de mayo de 1984. Desde entonces estamos trabajando para saber su paradero, pero tocar diferentes puertas y hacer súplicas no ha sido suficiente para que las autoridades nos digan dónde está”, dijo a IPS Aura Elena Farfán, dirigente de la no gubernamental Asociación de Familiares de

Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua).

“Nuestros familiares, que fueron desaparecidos o masacrados y enterrados en cementerios clandestinos, no merecen, como seres humanos, permanecer como XX”, agregó.

La activista, junto con su madre y un hermano, se acercaron a la fundación para que les tomaran muestras de ADN para continuar la búsqueda de Rubén.

Durante la guerra interna de 36 años entre las fuerzas de seguridad del Estado y la guerrilla izquierdista, al menos 45.000 personas fueron desaparecidas y otras 150.000 fueron asesinadas, según la independiente Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH.

Jorge Molina, coordinador de la campaña, dijo a IPS que la razón principal de la iniciativa es dignificar a las víctimas y a sus familiares de manera que al localizar sus restos puedan sepultarlos conforme a sus creencias.

Según el especialista, la necesidad de utilizar el ADN se deriva de lo complejo de identificar a las personas o sus restos a través de registros dentales, fisuras, huellas o vestimentas.

“A muchas víctimas se les cambió la ropa, otras fueron trasladadas a otros sitios donde era imposible identificarlas desde el punto de vista arqueológico, por lo que recurrimos al ADN”, comentó.

Hasta ahora, cerca de 2.000 personas se han acercado al laboratorio de genética forense para brindar sus muestras de ADN.

Al menos doce personas han sido identificadas a través de este método y hay muchas expectativas con respecto a lo que se pueda lograr en el futuro.

Molina explicó que este mes se abrirán los osarios del cementerio La Verbena, ubicado en la capital, donde hay enterradas más de 3.000 tumbas identificadas como XX, “de las cuales estimamos que 889 fueron producto de desapariciones forzadas entre 1979 y 1983”.

Un caso diferente es la identificación de niños. Evelyn Blanco, dirigente del no gubernamental Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, dijo a IPS que la mayoría han sido encontrados vivos.

“Hemos localizado 450 casos, todos producto del conflicto armado, y en su mayoría han sido reencontrados con sus familiares”, indicó. De acuerdo con la CEH, 5.000 niños y niñas desaparecieron a raíz de la guerra interna en el país.

Según Blanco, es de suma importancia la campaña encabezada por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, con el apoyo de la Unión Europea, porque facilitará la localización de las víctimas.

La representante del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos agregó que actualmente están apoyando las gestiones para extraer las muestras de ADN de seis niños guatemaltecos víctimas de la guerra localizados en Italia y Suiza para ubicar a sus familiares en el país.

“Son más de 60 casos los que tenemos ubicados en Europa”, dijo.

Para atender de manera integral a los familiares de desaparecidos, grupos de derechos humanos promueven la aprobación de una ley que crea la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, la cual tendría una vigencia de 15 años, presupuesto propio y una base de datos única que facilitaría las labores de identificación.

Sin embargo, la iniciativa de ley permanece estancada en el parlamento desde 2006.

“Creo que es una gran necesidad para la historia de la lucha por la verdad el que todas las personas que fueron masacradas puedan tener un entierro digno porque la mayoría se quedaron sin identidad”, dijo a IPS la máxima dirigente de la no gubernamental Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, Rosalina Tuyuc.

Esta indígena cakchiquel lamentó que desde 1990 a la fecha 40 por ciento todas de todas las personas exhumadas habían sido enterradas sin identidad.

“Lamentablemente el Programa Nacional de Resarcimiento no ha aportado recursos para la identificación de todos los masacrados”, dijo.

Este programa se creó en abril de 2003, con un presupuesto de 35 millones de dólares al año, y fue concebido como un conjunto de políticas, proyectos y acciones para indemnizar y dignificar a quienes más sufrieron el conflicto armado.

Tuyuc aclaró que para dignificar a las víctimas no sólo es necesario identificarlas, sino que también se debe hacer justicia.

“Para que la historia no se repita es necesario que se siente un precedente en todos los casos, no sólo de desaparición forzada, sino de masacres y genocidio, para que los autores no sólo materiales, sino intelectuales puedan ser procesados”, enfatizó.



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