“Todos somos víctimas”: El duro camino de reconciliación en Colombia

Por Isaac Risco

Gráfico: www.stockopedia.com
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HAVANA TIMES (dpa) – Luz Marina Carmona es una mujer de rostro suave y afable. Cuando cuenta lo que le ocurrió el día de su cumpleaños hace casi 13 años, la campesina colombiana parece serena, incluso sonríe a veces. Sólo en una ocasión le tiembla la voz y sus ojos se llenan de repente de lágrimas: al hablar de su segundo hijo, el que sobrevivió a la matanza.

Carmona perdió a su hijo mayor en una masacre el día 10 de octubre de 2001. Unos 40 paramilitares entraron ese día en su pueblo, un pequeño caserío llamado Alaska en el municipio de Buga, en el departamento del Valle del Cauca en el suroeste colombiano.

“Se derramaron por ahí”, cuenta a la agencia dpa señalando las montañas verdes por las que bajaron los paramilitares. Su casa es una de las más altas del lugar. Era un miércoles a la una de la tarde, el día de su cumpleaños 34.

Los hombres armados conminaron con urgencia a los habitantes a una “reunión” en el centro del pueblo. Luego separaron a las mujeres y los niños. A los hombres los ejecutaron a tiros. Su hijo Jhon Fredy, de 18 años, estaba entre las 24 víctimas.

Su segundo hijo, Francisco Javier, entonces de 14 años, se salvó sólo porque en ese momento estaba en otro pueblo, cree Carmona. “Él tiene el trauma”, solloza. “Dice que al que tenían que haber matado es a él”.

Buga está al pie de la cordillera y era considerada entonces “zona roja”, enclavada entre frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos paramilitares y el Ejército. Se cree que la matanza pudo haber sido una venganza o una acción desesperada de las “autodefensas” para desviar la atención de los militares de una zona cercana.

Carmona es una de más de 6,6 millones de personas que tiene registrada actualmente el gobierno colombiano como afectados por la guerra, considerada el conflicto más largo del mundo. La violencia ha enfrentado durante más de cinco décadas a guerrillas de izquierda, grupos paramilitares ya desmovilizados, y las fuerzas del Estado.

El gobierno de Juan Manuel Santos apuesta ahora por poner fin al conflicto. Desde noviembre de 2012 negocia en Cuba con las FARC, el mayor grupo insurgente, y quiere abrir en breve un proceso de paz también con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las delegaciones de paz retomaron esta semana las negociaciones en La Habana, que se centrarán en la situación de la víctimas, el cuarto de cinco puntos pactados en la agenda. Y uno de los más sensibles.

Este sábado debe presentarse en Cuba un grupo de 12 víctimas para hablar de sus experiencias ante la mesa de diálogo. El gobierno y las FARC han acordado recibir a hasta 60 personas en audiencias similares en los próximos meses para intentar impulsar la reconciliación.

Pero las heridas son profundas tras años de asesinatos, secuestros y sufrimiento. Foros de víctimas organizados en Colombia, en los que los afectados podían presentar sus reclamos y sus expectativas, estuvieron marcados por tensiones. Entre los más de 3.200 asistentes había también víctimas de las FARC que no se sienten representadas en La Habana.

Otras, como María Zanabria, no creen en una reconciliación con los militares. “El Estado no quiere saber nada de nosotros”, asegura a la agencia dpa en Bogotá. Zanabria, de 54 años, es una de las llamadas “Madres de Soacha”, conocidas por un escándalo que implica a militares en la muerte de civiles.

Al menos 14 jóvenes de Soacha, un suburbio de Bogotá, fueron secuestrados y asesinados en 2008 para ser presentados luego como guerrilleros muertos en combate. Cientos de casos similares al de los llamados “falsos positivos” están en manos de la Justicia.

Zanabria desconfía del Estado. “Sería muy alentador” -dice con amargura- ver a Álvaro Uribe “tras las rejas”. El ex presidente es el gran impulsor de la vía militar para derrotar a la guerrilla.

Pese a todo, el diálogo con las FARC es visto como la gran oportunidad de las últimas décadas para acabar con el conflicto. Es “ahora o nunca”, consideran muchos. Víctimas como Sandra Gutiérrez, por ejemplo, apuestan por las negociaciones.

“La reconciliación es un paso previo a la paz”, asegura Gutiérrez. La empresaria de 46 años cree en la reconciliación, pese a que su vida quedó marcada para siempre por la violencia. En 1996 perdió a su primer esposo y a un hijo de año y medio en un ataque de las FARC.
Más adelante fue secuestrada por paramilitares, que la acusaron paradójicamente de ser “auxiliar de la guerrilla”.

Hoy, Gutiérrez da empleo a combatientes desmovilizados, entre ellos a guerrilleros de las FARC, en su pequeña fábrica de ladrillos en las afueras de Villavicencio, una ciudad de unos 500.000 habitantes a unos 80 kilómetros de Bogotá.

“Cuando sus contratantes se dan cuenta que son desmovilizados, inmediatamente los echan de las empresas”, explica sobre la situación de sus empleados. Por eso, ella quiere darles una oportunidad.

Actualmente tiene a 22 desmovilizados como empleados. “Todos somos víctimas”, asegura. Y espera que su aporte sirva para acabar con el
conflicto: “Yo no quiero que mis hijos tengan hijos en un país con tanta guerra”.


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