Preservación forestal enfurece a mineros en Guyana
Por Bert Wilkinson*
HAVANA TIMES, 9 feb. (IPS) — El sector minero de Guyana rechaza las nuevas condiciones y regulaciones que le impuso el gobierno en el marco de su campaña en busca de donaciones internacionales para preservar los bosques amazónicos.
En su lucha se aliaron con la oposición política y advierten a las naciones que se adhieran al programa, lanzado el año pasado, que incluyan medidas de salvaguardia financiera para garantizar que los fondos que aporten se invertirán en planes de desarrollo en el país.
Noruega suscribió en noviembre con Guyana un pacto de preservación forestal, por el cual acordó pagar a esta ex colonia británica sudamericana, hasta 250 millones de dólares en los próximos cinco años.
Una partida inicial de 30 millones puede estar en las arcas nacionales ya este mes, dijo el presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo.
Aunque la pequeña Guyana, en comparación con los países industrializados, tiene una responsabilidad mínima en la contaminación planetaria, el acuerdo la obliga a acelerar sus esfuerzos por limitar las emisiones de gases invernadero y también a proteger sus reservas forestales, en gran medida intactas.
La puesta en marcha de este plan de atracción de fondos externos llevó a las autoridades a aumentar las regulaciones a industrias como la minería de oro y diamantes, así como el sector maderero, dos de las principales fuentes de divisas del país.
El minero Fred McWilfred dijo a Tierramérica que la nueva norma que obliga a esperar hasta seis meses para que se aprueben permisos extractivos puede representar una sentencia de muerte para la actividad de pequeña y mediana escala como la suya.
El gobierno sostiene, en cambio, que fue necesario dar potestades especiales a la estatal Comisión Forestal para que controle ese tipo de extracción comercial a partir de la presentación del pedido de los permisos correspondientes.
Estos mineros, que deben despejar segmentos pequeños de selva para cavar con palas manuales donde suponen hay yacimientos de oro, no tiene interés en comerciar la madera de los árboles que talan.
Para ellos ese control de seis meses arruinará su medio de sustento, dado que las decisiones de inversión tendrán que esperar según el antojo de los burócratas. La normativa es “inaplicable” y “ridícula, por decir poco”, señaló a Tierramérica Tony Shields, secretario de la Asociación de Mineros de Oro y Diamantes.
Como muestra de cuán fuerte es la oposición a algunas de las nuevas normas, los mineros reclamaron la renuncia del presidente de su Asociación, el ex jefe del ejército Norman McLean, por entender que se alineó con el gobierno en este tema. El dirigente acusado niega tales cargos.
Como acción concreta, el 1 de este mes casi 4.000 mineros bloquearon el ingreso y salida del norteño pueblo de Bartica, pese a la delegación ministerial enviada para detener la protesta.
Analistas señalan que, más allá de las buenas intenciones del plan de protección de la selva, el gobierno de Jagdeo catapultó un conflicto que se ha alimentado de declaraciones altisonantes de ambos lados.
En ese marco, Jagdeo manifestó que su gobierno “tendrá que seguir solo” si no puede hacerlo con el sector. También indicó que el uso de mercurio para la explotación de oro y diamantes, también prohibido en la nueva normativa, pronto será cosa del pasado.
El primer ministro Samuel Hinds también alertó que las propuestas para mejorar las prácticas mineras llegaron para quedarse.
Los dichos de Jagdeo y Hinds irritaron aún más a los mineros, que insisten en que el periodo de espera es malo para la producción. Están convencidos de que la demora de seis meses sólo busca evitar que ellos derriben árboles de valor comercial para la industria maderera.
Hinds sostuvo que la controversia puede y debe resolverse cordialmente, pero tanto McWilfred como Shields entienden que el gobierno está tan ansioso por cumplir con los compromisos y usar los fondos noruegos que la industria es la primera en sentir la presión de normas y controles más estrictos.
Lo que necesita la pequeña minería, alegan, no son nuevas medidas, sino que la comisión geológica aplique de modo organizado los sistemas actuales que rigen la actividad, considerando la reforestación y la cooperación entre madereros y mineros.
Las comisiones de silvicultura y geología planean reforzar las inspecciones para vigilar la selva, pero ésta es tan vasta y algunas áreas mineras están tan alejadas del control administrativo que se duda de la efectividad de esta medida.
Se estima que en Guyana hay unos 25.000 mineros, un tercio de ellos procedentes del vecino Brasil.
En ausencia de grandes corporaciones mineras, el año pasado los pequeños mineros nacionales y brasileños vendieron un récord de 305.000 onzas troy, a unos 1.000 dólares la unidad, a la agencia de compras del Estado. Así convirtieron a la minería en el segundo sector que más divisas aporta al país, detrás del azúcar.
*Este artículo fue publicado originalmente el 6 de febrero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.