Perú: Investigan a Primera dama por presunto delito de lavado de activos
HAVANA TIMES – La primera dama del Perú, Nadine Heredia, está siendo investigada por la Fiscalía de Activos y Pérdida de Dominio por un presunto delito de lavado de activos.
Se ha señalado que la primera dama junto a su hermano Ilán Heredia recibieron 92 mil dólares para ser usados en la campaña electoral presidencial del 2011.
Según las investigaciones, uno de los autores de estos depósitos sería el hermano del exasesor presidencial Martín Belaunde Lossio, quién actualmente se encuentra prófugo de la justicia en Bolivia.
El Ministerio Público ha solicitado a las entidades bancarias relacionadas que informen sobre las cuentas bancarias y propiedades de Nadine Heredia y su hermano.
Por su parte, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, expresó su malestar por las injerencias que se presentan en la investigación. Además rechazó enfáticamente que su institución vaya a ceder ante cualquier presión.
“La instrucción es que se trabaje con objetividad con apego a la ley y la Constitución; No aceptaremos injerencias ni presiones de ningún tipo de ninguna persona. Nuestras investigaciones son objetivas; si hay pruebas, bien; si no hay pruebas, no”, dijo el fiscal Sánchez.
Señaló que la denuncia que merece una investigación. “El fiscal ha abierto investigación preliminar para ver si lo que si dice es cierto o no”, refirió el Fiscal de la Nación.
Por otra parte, el ex procurador anticorrupción, Julio Arbizu, manifestó su respaldo a la Contraloría por iniciar también una investigación a la primera dama por la presunta utilización de recursos públicos.
En otra denuncia, a Heredia se le acusa de excesivos gastos en la cobertura de sus actividades y en la cobertura por parte del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) de los eventos nacionales e internacionales a los que acude.
“El anuncio es importante y habrá que atender a los resultados de esta investigación”, destacó Arbizu.
El ex procurador consideró factible que la esposa del jefe del Estado sea considerada como una funcionaria pública para que se le pueda exigir la rendición de cuentas por las actividades que realiza. (César Joao Espinoza – Agencia Púlsar)