OEA demanda retorno de CIDH a Nicaragua

La Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH) insistió en la necesidad de contar con un “listado completo” de los presos políticos en Nicaragua. Foto: OEA, 5 de abril de 2019.

 

Alertan sobre tácticas dilatorias de Ortega, igual que Maduro, en Consejo Permanente

Luis Ángel Rosadilla, delegado de Almagro y testigo de la negociación: no se ha avanzado “ningún milímetro” sobre adelanto de elecciones ni justicia

 

Por Juan Carlos Bow  (Confidencial)

HAVANA TIMES – El crédito político de Daniel Ortega roza los números rojos con varios de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA), que este viernes alertaron de una táctica dilatoria del régimen en sus conversaciones con la Alianza Cívica. Las naciones exigieron también, como muestra de buena voluntad, el retorno a Nicaragua de las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, como la CIDH.

El Consejo Permanente de la OEA retomó el tema de Nicaragua y escuchó los informes de varios expertos y funcionarios de la organización, entre ellos Luis Ángel Rosadilla, delegado del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y testigo de la negociación, quien destacó que no se ha avanzado “ningún milímetro” en los temas de adelanto de elecciones, y reparación y justicia para las víctimas de la represión orteguista.

En un lenguaje diplomático, Rosadilla destacó que en el tema de fortalecimiento de la democracia y reformas electorales “el debate había entrado en una etapa de reflexión”, mientras el aspecto de “verdad, justicia, reparación y no repetición se ha discutido en varias jornadas y no se ha tenido acuerdo”.

Rosadilla, quien primero fungió como invitado y ahora es testigo y acompañante de las negociaciones, aseguró que en todas las sesiones del diálogo “el clima ha sido franco, a veces fuerte, pero de una discusión centrada en los temas y en los hechos”.

“Tácticas chavistas”

El delegado de la Secretaría General de la OEA comentó que espera que los puntos pendientes “se pueden retomar a corto plazo”. Sin embargo, la Alianza Cívica envió una carta a los países de la OEA, en la que afirman que “las diferencias profundas en estos dos temas y la negativa del gobierno en buscar un acercamiento de posiciones nos llevó al convencimiento de que faltaba voluntad para construir consensos en estos temas de gran relevancia para solucionar la profunda crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua”.

Añaden que “estos hechos han llevado a la Alianza Cívica a tomar la decisión de suspender la discusión de los puntos de agenda referentes a justicia y democracia hasta que se den muestras serias de voluntad política que se traduzcan en hechos concretos para la búsqueda de una pronta salida pacífica que exige la ciudadanía”.

Para la embajadora de Paraguay en la OEA, Elisa Ruiz Díaz, el régimen orteguista ejecuta las mismas “tácticas dilatorias” del chavismo en Venezuela, por lo que urgió al régimen un compromiso real sobre la implementación de reformas electorales.

En ese mismo sentido se expresó el representante de Chile en la OEA, Hernán Salinas, quien afirmó que existe una “falta de voluntad real” del régimen y que lo único que busca es “ganar tiempo”, al mantener la represión y no cumplir con los acuerdos que firma.

Regreso de CIDH

El cumplimiento de estos acuerdos debería, según la mayoría de embajadores de la OEA, ser supervisados por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expulsada por el régimen orteguista.

La embajadora de Costa Rica en la OEA, Montserrat Solano Carboni, urgió la garantía que solo organismos internacionales como la CIDH y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), pueden dar a las negociaciones entre el régimen y la oposición.

La diplomática costarricense calificó de “cínica” la pretensión del Gobierno, de imponer a la Policía Nacional, como uno de las organizaciones para investigar los crímenes cometidos por agentes y paramilitares orteguistas. Posición que es compartida por la Asociación Madres de abril (AMA), cuyos miembros declararon que el régimen represivo está incapacitado para establecer la verdad e impartir justicia, y demandaron la presencia en Nicaragua de la CIDH.