Santiago Nieto, jefe de la unidad de inteligencia financiera de Hacienda declaró a los periodistas que “el monto de las primeras irregularidades detectadas” en las cuentas de los involucrados “era de más de 150 millones de dólares”.
Según la fiscalía mexicana, estas personas y empresas investigadas obtenían recursos del gobierno venezolano y los desviaban de sus fines humanitarios para para adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos.
Las indagaciones mexicanas apuntan que los intermediarios adquieren productos de baja calidad y los exportan a Venezuela con sobreprecio a través de los CLAP.
El gobierno mexicano ya ha presentado tres denuncias judiciales relacionadas a este caso que la fiscalía investiga desde 2016 y por lo que en octubre del año pasado ya había impuesto sanciones monetarias por 3 millones de dólares a algunos responsables.
Numerosas denuncias señalan que estos alimentos no cumplen con los estándares mínimos de nutrición e investigaciones periodísticas afirman que detrás de estas despensas se teje una red de corrupción y lavado de dinero entre empresarios cercanos al gobierno de Maduro.
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