La nueva jugada de Doe Run en Perú
Por Milagros Salazar
HAVANA TIMES, 14 enero (IPS) — La empresa metalúrgica Doe Run volvió a desafiar al Estado peruano. A través de su representante, el Grupo Renco, notificó al gobierno de su intención de iniciar un arbitraje internacional amparándose en el tratado de libre comercio (TLC) entre este país y Estados Unidos.
Antes de proceder, lo conmina a llegar a un acuerdo en 90 días. ¿Qué hay detrás de ese ultimátum?
Con avisos en los diarios de Lima, la empresa informó el 5 de este mes a la opinión pública que se amparaba en el acuerdo comercial porque sentía haber recibido “un trato injusto e inequitativo” del gobierno de Perú y no haber gozado de “protección y seguridad” como inversionista de capitales estadounidenses que exige el tratado.
Doe Run empezó a operar en 1997 la planta metalúrgica de La Oroya, una de las ciudades más contaminadas del mundo, ubicada a 175 kilómetros de Lima, en la región centroandina de Junín.
Al obtener la concesión, Doe Run se comprometió a cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en un plazo de 10 años, mientras que las autoridades aceptaron responsabilizarse por la “remediación”
(remoción de los elementos contaminantes) de los suelos, debido a que antes la fundición había estado a cargo de la empresa estatal Centromin.
Actualmente, Doe Run asegura que Activos Mineros, la empresa estatal que asumió los compromisos de Centromin, se rehúsa a remediar los suelos de La Oroya y que además “desconoce su responsabilidad ante las demandas interpuestas por un grupo de ciudadanos” de la ciudad.
“Pero es Doe Run el que no ha cumplido con el PAMA y ha seguido contaminando a La Oroya. Con este comunicado es como si le dijera al
gobierno: yo contamino y tú pagas”, dijo a IPS María Chappuis, ex directora general de Minería.
Chappuis renunció a su cargo en diciembre de 2004 a causa de la aprobación de una norma que permitía ampliarle el plazo del PAMA a Doe Run.
La ex funcionaria cuestionó que la compañía pretenda que el gobierno pague las indemnizaciones que podría dictaminar un tribunal estadounidense a favor de más de 100 niños contaminados por plomo en La Oroya.
En noviembre se informó que el Vigésimo Segundo Juzgado de la ciudad de Saint Louis, en el estado de Missouri, aceptó 11 denuncias contra el grupo Renco y su afiliada Doe Run Perú. Si el proceso les sigue siendo adverso, la empresa tendría que pagar una reparación económica a los niños y niñas.
La compañía estadounidense se comprometió, como parte del PAMA, a lograr que 95 por ciento de los niños y niñas menores de seis años de La Oroya tuvieran menos de 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre (el límite permitido por la Organización Mundial de la Salud), refirió la no gubernamental Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Pero en 2008 el Ministerio de Salud determinó que por lo menos 100 niños tenían 45 microgramos de plomo por decilitro en sangre.
La empresa también se comprometió a construir tres plantas de tratamiento de ácido sulfúrico para sus procesos de producción de plomo, zinc y cobre, de las cuales no concluyeron la de cobre, la más importante, según los expertos.
Hasta mediados de 2009, a Doe Run le faltaba por cumplir cerca de 20 por ciento del PAMA. Desde entonces no ha habido avances porque la compañía dejó de operar en abril de 2009, tras declararse en quiebra, pese al alto precio de los metales, e incumplir la prórroga que le dio el gobierno peruano de Alan García para reanudar sus operaciones en julio de 2010.
“El plazo (de 90 días que Doe Run le da a las autoridades) es sospechoso.
Lo que busca es que en ese tiempo aparezca alguien que ceda a sus presiones, como sucedió antes, sobre todo ahora que se vive una campaña electoral”, aseguró a IPS la ex funcionaria.
Chappuis hizo referencia a una carta que envió el ex primer ministro peruano Jorge del Castillo (2006-2008), en octubre de 2007, al entonces embajador de Estados Unidos en Perú, Michael Mckinley, solicitándole la “intervención del Departamento de Estado” en un proceso judicial en Missouri iniciado en esos días contra Doe Run Resources Corporation, socia de Doe Run Perú.
Del Castillo pedía al gobierno de Estados Unidos que notificara al Departamento de Justicia y a la Corte de Saint Louis, para que no se estableciera “un precedente perturbador para los inversionistas de ambos países y que socava la seguridad jurídica”, dice la carta.
El ex primer ministro respondió en su momento que lo hizo para “evitar controversias de cara a la aprobación del TLC con Estados Unidos”, que entró en vigor a inicios de 2009.
Si se concreta el arbitraje, sería la primera empresa que recurre al TLC para hacerlo.
“El gobierno peruano no puede cometer un nuevo error y debe actuar con cautela”, advirtió el economista José de Echave, de la no gubernamental CooperAcción.
El Ministerio de Energía y Minas aseguró a IPS que “el Estado se pronunciará únicamente por las vías legales”.
Activos Mineros, por su parte, publicó un encarte en una revista local.
Allí la empresa estatal asegura que planificaron una inversión de 100 millones de soles (35 millones de dólares) entre 2007 y 2015. Hasta ahora han invertido 4,8 millones de dólares en un estudio de remediación de suelos y trabajos en la zona urbana, afirma.
IPS también pudo conocer que Activos Mineros ya calculó cuánto debería pagar Doe Run a Perú por la remediación, ya que trascendió que el contrato establece que, si la empresa operadora no tiene mejor comportamiento ambiental que Centromin, debía asumir parte de estos costos.
“Si en 2004 no se hubiera ampliado el plazo del PAMA, la empresa no se hubiera acogido al TLC que recién entró en vigencia cinco años después”, aseguró De Echave.
También cuestionó que “se afirme que un tribunal como el CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las
Inversiones) tenga sensibilidad ambiental, cuando sus fallos suelen ser favorables a los inversionistas”.
El experto recordó que desde el inicio de las negociaciones, diversas organizaciones advirtieron que el capítulo de inversiones del TLC con EE UU era muy concesivo. “Hoy vemos las consecuencias”, insistió.
Existe consenso nacional que el TLC entre el Perú y USA protege adecuadamente los intereses del Perú.
Doe Run firmó un contrato con el Estado peruano donde se determinaron las reglas de juego y las condiciones bajo la cual se adquiría el complejo metalúrgico de La Oroya. Bajo el arbitraje en el marco del TLC se examinan los compromisos asumidos por cada una de las partes y se verifica que no haya existido un trato discriminatorio entre ellos.
Los medios han hecho leña la imagen de Doe Run a la que la han tildado de incumplidora por no completar en una fecha su plan ambiental prometido. Sin embargo de acuerdo al contrato, se estipula que una situación como la de crisis económica externa es una condición de Fuerza Mayor que puede ser invocada por cualquier parte para pedir prórrogas de sus obligaciones. Así lo hizo Doe Run. Y esa prórroga fue solicitada luego de haber realizado Doe Run un esfuerzo importante en su programa ambiental cuya finalización lo impidió la crisis financiera del 2008/2009 (una situación similar se presentó en el 2007).
La empresa Doe Run en comunicados ha señalado que su esfuerzo de mejora ambiental está reflejado en sus logros ambientales: no se contamina el agua ni los suelos y ha reducido significativamente los niveles de azufre en el aire. También señala que su esfuerzo puede verificarse en el nivel de inversión realizada, donde según el contrato, debió invertir 107 millones de dólares y ellos han invertido más de 310 millones y aún no terminan. También ha declarado que está dispuesta a seguir asignando todos sus excedentes a terminar su programa ambiental para lo cual requiere algo de tiempo.
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La empresa ha señalado también que desde el 2007 cumple con el límite máximo permisible mensual de emisiones de partículas de plomo al aire y que la contaminación de plomo, en el caso de los niños, se debe fundamentalmente por la no remediación de los suelos (la actividad natural de los niños de tocar el suelo y luego pasar su mano a su boca impide que cualquier plan evite que los niños se contaminen, más aún en zonas donde las viviendas no tienen vías asfaltadas o casas con pisos cubiertos). La planta de ácido que está pendiente de terminarse es para reducir el nivel de azufre en el aire y no del plomo.
La Sra Chappuis debió conocer el Contrato entre Doe Run y el Estado. Posiblemente renunció porque no estuvo de acuerdo con el contrato (no por Doe Run). Pero esas fueron las reglas de juego que en su momento se consideraron lo mejor para el país y para el proceso de privatización de los años 90.
No dependerá de los que se haga ahora y en el futuro, como lo señala el Sr. De Echave. Modestamente discrepo y creo que por el contrario todo dependerá de lo que se hizo o no hizo en el pasado.
Un arbitraje determinará quien incumplió. Y está en juego miles de millones de dólares. El gobierno peruano debe contar con una posición muy sólida si piensa que el arbitraje lo favorecerá. Si no fuera así, todos nosotros pagaremos los platos rotos. Esa cantidad podría desestabilizar la economía peruana y generar un caos inflacionario nuevamente.
Si no se tiene una posición sólida, es mejor negociar inteligentemente. Y negociar inteligentemente es conseguir un acuerdo que conviene mejor a todas las partes manteniendo razonabilidad y equilibrio en los valores sociales, económicos y ambientales involucrados.