Indígenas bolivianos en pie de lucha en defensa de territorio

Por Franz Chávez

HAVANA TIMES, 10 agosto (IPS) — Pueblos aborígenes de las llanuras orientales de Bolivia reeditarán, 21 años después, una caminata de 600 kilómetros en defensa de las tierras donde se proyecta una carretera para tráfico intenso y pesado, que se construirá con respaldo del gobierno brasileño.

La marcha de rechazo a la obra comenzará el lunes 15 y unirá las ciudades de Trinidad, capital del norteño departamento de Beni, con La Paz, donde se asienta la sede administrativa del gobierno boliviano.

La movilización se decidió tras el fracaso del diálogo entre la Confederación Indígena del Oriente Boliviano y las autoridades a cargo del proyecto, que involucra una vasta zona entre Beni y el central departamento de Cochabamba, rica en biodiversidad y que registra una creciente expansión de cultivos de coca.

La protesta está orientada a proteger a 13.000 habitantes del área, miembros de los grupos étnicos yuracarés, trinitarios y chimanes, señaló a IPS el dirigente Adolfo Moye, de la subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), un abierto opositor a la carretera de 306 kilómetros que irá de Villa Tunari, en Cochabamba, a San Ignacio de Moxos, en Beni.

En septiembre de 1990, una marcha de indígenas de los bosques y llanuras bolivianas irrumpió en las alturas de La Paz tras un mes de caminata y conquistó el reconocimiento de cuatro territorios amenazados entonces por empresas de explotación de madera y de otros recursos naturales.

La experiencia se repetirá ahora para exigir el respeto de ese reconocimiento como territorio indígena, que fue confirmado con el decreto supremo 22610 de septiembre de 1990 y ampliamente respaldado en la nueva Constitución impulsada por el propio Evo Morales, el primer presidente de origen indígena de Bolivia.

El texto constitucional proclama el respeto a la autonomía, la cultura, la tierra y las formas de gobierno tradicionales de los pueblos originarios.

El presidente Morales entregó en 2009 un título de ejecutoria del Tipnis, en el cual otorga derecho propietario sobre una superficie de 1,09 millones de hectáreas.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en ocasión de celebrarse este martes el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, denunció que “casi 370 millones de aborígenes han perdido o están bajo la inminente amenaza de perder sus tierras ancestrales, territorios y recursos naturales debido a la inequitativa e injusta explotación en nombre del ‘desarrollo'”.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en agosto de 2009, declaró a Morales “Héroe Mundial de la Madre Tierra”, por considerarlo el máximo exponente y paradigma en la defensa del ambiente.

Morales organizó en abril de 2010 una Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra que congregó a unos 30.000 participantes en la ciudad de Tiquipaya, en Cochabamba. Al término del encuentro se emitió una declaración de “respeto a los Derechos de la Madre Tierra y a los Derechos Humanos”.

Empero, la coordinadora de Campañas del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), Patricia Molina, señaló a IPS que hubo un notable giro en las políticas del gobierno últimamente, como resultado de la “presión de grupos de cocaleros (cultivadores de coca) por expandir sus zonas de producción”.

Según estudios de la ONU, Bolivia ocupa el tercer lugar en la producción de coca en América Latina, con 30.900 hectáreas cultivadas, supera por Colombia con 68.000 hectáreas y Perú con 59.000 hectáreas.

La zona por donde pasará la ruta en Bolivia llevó a decir al excandidato presidencial opositor brasileño José Serra que se trataba de la “carretera de la cocaína”.

En 2009, el entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comprometió el respaldo financiero al proyecto, con un crédito por 332 millones de dólares.

La semana pasada, el embajador de Brasilia en La Paz, Marcel Fortuna Biato, condicionó el desembolso del préstamo, que se hará a través del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), a un acuerdo entre el gobierno de Morales y los pueblos indígenas.

Tres artículos de la nueva Constitución de la República Plurinacional de Bolivia reconocen la integralidad de los territorios indígenas, obligan al Estado a consultarlos sobre el uso de sus recursos naturales de acuerdo a sus normas y procedimientos, y garantiza la conservación de los ecosistemas.

Pero el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, declaró que el resultado de la consulta no obliga al gobierno a modificar su decisión de construir la vía.

Desde las filas parlamentarias oficialistas, el diputado indígena Pedro Nuni se declaró defensor de las demandas de los pueblos originarios orientales y dijo no temer perder su tribuna en la Asamblea Plurinacional a la cual, según expresó, llegó por el voto de sus hermanos.

Molina observa otro ángulo de la polémica y cuestiona la presencia brasileña, a la que califica de “potencia imperialista” por su interés de obtener ventajas para explotar petróleo, impulsar cultivos de alimentos para transformarlos en biocombustible, ejercer control sobre la generación eléctrica e influir en la economía boliviana.

“El interés geopolítico está claro y es que la Amazonia andina posee grandes riquezas que Brasil no va a perder”, comentó Molina.

Una desafortunada intervención de Morales en un acto público en la que instruyó a los jóvenes a “enamorar a las compañeras yuracarés trinitarias” y persuadirlas para que no se opongan a la carretera, originó una exigencia pública de disculpas al mandatario de parte de la no gubernamental Coordinadora de la Mujer.

“Sus declaraciones, además de ofensivas, evidencia una preocupante visión machista que promueve la conquista de nuestras ideas y cuerpos”, señala la carta de esa entidad difundida esta semana.

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