Humala promete igualdad social en Perú

Por Ángel Páez

Ollanta Humala. Foto: wikipedia.org

HAVANA TIMES, 28 julio (IPS) — Con un discurso desprovisto de anuncios concretos de políticas económicas y sociales superadoras, asumió este jueves como presidente de Perú el teniente general retirado del ejército Ollanta Humala, quien prometió en su campaña electoral llevar adelante cambios de fondo para abatir la pobreza y la exclusión.

Para sorpresa de la oposición y de los detractores que esperaban la proclamación de medidas de corte nacionalista o populista, Humala habló de encaminar el notable crecimiento de la economía peruana hacia un proceso de inclusión social, especialmente de las zonas andinas y amazónicas.

“Dedicaré toda mi energía a sentar las bases para que borremos definitivamente de nuestra historia el lacerante rostro de la exclusión y la pobreza, construyendo un Perú para todos, atento siempre en los más frágiles de nuestros hermanos”, dijo Humala, ubicado ideológicamente por analistas en la centroizquierda o en la izquierda a secas.

“La democracia peruana será plena (.) cuando la igualdad sea patrimonio de todos y la exclusión social desaparezca aún en los lugares más remotos del país. Queremos que la expresión misma de ‘exclusión social’ se borre para siempre de nuestro lenguaje y de nuestra realidad. Asumiré este reto con mi palabra y con mi vida”, prometió.

La referencia es a la herencia que recibe de su antecesor, Alan García, quien presenta como logro una reducción de la pobreza de 34,8 a 31,3 por ciento de los 28 millones de peruanos entre 2009 y 2010, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Sin embargo, ese avance se contradice, a juicio de especialistas, con la bonanza económica, con un crecimiento de su producto interno de 8,8 por ciento en 2010. También con la permanencia de bolsones de retraso social en 14 de las 25 regiones en que se divide el territorio nacional.

La cantidad de pobres superó el promedio nacional en áreas como Huancavelica, donde afecta a 66,1 por ciento de su población, Apurimac con 63,1 por ciento, Huánuco con 58,5 por ciento, y Puno con 56 pro ciento. Es decir que la pobreza e indigencia mermó poco o nada en áreas históricamente excluidas de la franja andina y amazónica.

Humala, quien carga en su prontuario una intentona de golpe de Estado hace 11 años contra el régimen del hoy encarcelado Alberto Fujimori (1990-2000), añadió que la pobreza es una forma de discriminación, lo cual explica el notable aumento de los conflictos sociales.

“El incremento desmedido de esos conflictos, muchos de ellos absurdamente violentos, nos demuestran, día a día, que es urgente reparar las injusticias, corregir el rumbo y restablecer el diálogo en nuestra sociedad”, explicó el flamante mandatario.

Según la Defensoría del Pueblo, junio fue un periodo especial de conflictos al sumar 217, la mitad de los cuales se dirimieron de modo violento. Es importante resaltar que del total de protestas, 118 están referidas a temas socio-ambientales y en las regiones más pobres de Perú.

El sacerdote católico Marco Arana, experto en temas de relaciones sociales y ambientales, fue uno de los que apuntó a la falta de medidas concretas para superar los problemas socio-económicos, aunque reconoce que Humala mencionó el problema y lo abordó de manera genérica.

“Es una gran ausencia no manifestar qué política se va a utilizar frente a los conflictos socio-ambientales, teniendo en cuenta que es un grave problema dejado por García”, señaló a IPS.

“Otra ausencia en el discurso presidencial es lo relacionado a la consulta previa a los pueblos indígenas respecto al uso del territorio, a pesar de que existe un proyecto de ley en el parlamento sobre el tema”, indicó el también director de la organización no gubernamental Grufides.

“Es preocupante que no lo mencionara, porque precisamente varios de los conflictos se originaron porque se llevan adelante proyectos a espaldas de las comunidades indígenas”, apuntó.

Entre los pocos anuncios concretos del nuevo gobernante se cuenta la ampliación del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, Juntos, que se desarrolla en los 800 distritos más pobres del país y que incluye la entrega mensual de una cantidad de dinero, en particular a las madres embarazadas y a las familias con niños menores de cinco años.

Pero Juntos, considerada la “joya” de los planes sociales del gobierno de García, afronta serios problemas de eficiencia, según una nueva investigación de la Contraloría General de la República.

El informe de ese organismo de contralor, al que tuvo acceso IPS, indica que el programa Juntos, que contó con un presupuesto de 502 millones de dólares entre 2006 y 2008, “no cuenta con una línea de base que permita medir su impacto en la población beneficiada, que abarcó en ese último año a 420 mil familias”.

Eso explicaría, según los críticos de la marcha del plan, el hecho de que 21.818 familias señaladas como prioritarias no recibieron el monto que les correspondía en los últimos cuatro años. Ese dinero, que suman unos 5,7 millones de dólares, “podría ser usado de forma distinta al asignado al programa Juntos”, advierte la Contraloría.

Durante sui campaña electoral, Humala manifestó como una reivindicación justa la aplicación de un impuesto a las ganancias excesivas de las compañías mineras, como una palanca para financiar los programas sociales y consolidar la economía nacional. Pero en su alocución de asunción del mando no abordó el punto.

“Aunque dijo que será el primer ministro (cargo que ocupará Salomón Lerner) el encargado de desarrollar cada una de las propuestas, pudo haber mencionado el tema del impuesto a la sobre-ganancias mineras, porque hay una gran expectativa al respecto”, comentó a IPS la especialista en temas mineros Julia Cuadros, de la no gubernamental Cooperación.

“Suponemos que cuando el primer ministro se presente ante el Congreso legislativo, dirá en concreto qué es lo que va a plantear”, señaló.

“Ha sido un corto discurso de 40 minutos de planteamientos generales. También esperábamos un pronunciamiento sobre la consulta previa a las comunidades campesinas y nativas sobre las decisiones que afectan sus vidas y sus costumbres”, agregó Cuadros.

Otro de las materias, consideradas pendientes en cuanto a anuncios concretos por parte de los analistas, fue la reparación a los afectados por la violencia política durante la lucha contra la insurgencia de 1980- a 2000. El asunto fue mencionado a vuelo de pájaro, en un solo párrafo, por Humala.

En 1992, como capitán del ejército, Humala dirigió una base contrainsurgente en la localidad selvática de Madre Mía, como parte de la estrategia para enfrentar a la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso. Incluso fue acusado de violaciones a los derechos humanos, asunto por el que fue absuelto por la justicia.

“Debemos poner fin a las secuelas de la violencia terrorista que vivimos y cumplir con las reparaciones individuales y colectivas. Es necesario que las víctimas y deudos rehagan sus vidas personales y familiares, que miren con otros ojos su futuro porque viven en una patria que los incluye y que los reconoce como peruanos”, señaló.

El gobierno de García aprobó en junio el pago de reparaciones, que van desde 1.785 a 3.571 dólares, a víctimas de violación sexual, discapacitados, ancianos y viudas que resultaron de la acción represiva de las fuerzas de seguridad durante esa lucha, lo cual fue considerado por diversas organizaciones de personas afectadas como discriminatorio.

En comparación, en efecto, los policías víctimas de la violencia política recibieron reparaciones de hasta 20.000 dólares y a los integrantes de las “rondas de autodefensa” les entregaron hasta 11.428 dólares.

“Esperaba un discurso de mucho mayor contenido en relación a los derechos humanos. Durante la campaña electoral se habló sobre la ‘judicialización’ de los casos de derecho humanos, pero en la práctica no se ha abordado de manera concreta y puntual el tema”, señaló a IPS el director del no gubernamental Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera Paz.

“No dijo una palabra sobre el tema de justicia en cuanto a crímenes de lesa humanidad”, recalcó.

“Es importante, porque el asunto genera muchos conflictos y confrontaciones y es indispensable, por tanto, que el nuevo presidente asegure que no se entrometerá en las decisiones de la justicia. Por eso lamento que no dijera nada al respecto, para que marque la diferencia respecto del gobierno de García”, puntualizó Rivera.

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