En Nicaragua protestan amenaza de limitar proteccion contra la violencia hacia las mujeres

HAVANA TIMES – Mujeres organizadas en diferentes movimientos feministas y de derechos humanos, se han manifestado en diferentes puntos de Nicaragua para exigir a los magistrados que desestimen los recursos por inconstitucionalidad, presentado por tres hombres, en contra de la Ley 779 de Protección contra la Violencia hacia las Mujeres.

Elia Palacios, enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), dijo que les preocupa la decisión que puedan tomar los magistrados en relación a una reforma a la ley 779 que establezca la mediación, lo cual  no está permitido en ninguna ley del país.

El magistrado Rafael Solís, en declaraciones públicas dijo que aparentemente hay consenso entre los magistrados  para establecer la mediación y lo que faltaba era  determinar el procedimiento.

Al respecto la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, dijo que la mediación solo está permitida en materia civil pero que en lo penal es restringida únicamente para las faltas, pero no existe la figura de mediación  para los casos de violencia.

En tanto la joven Hayzel Pineda, llegó hasta el despacho de la presidenta de la CSJ para manifestar que se opone a la mediación; ella fue víctima de agresión por parte de su ex pareja y por la influencia de un Pastor Evangélico, medió con su agresor y al final este casi la asesina.

El agresor de Hayzel fue condenado a 15 años de cárcel por agresión y  tentativa de femicidio, pero la defensa llevó el caso hasta el máximo tribunal para apelar la sentencia y teme que le reduzcan la condena o lo dejen libre.

Mediante un comunicado firmado por unas 80 organizaciones y movimientos de mujeres de todo el país, le exigen  a la Corte Suprema de Justicia CSJ, “que actúe con coherencia y responsabilidad mandatada por la Constitución Política de la República y los compromisos internacionales en materia de defensa y protección de los derechos de las mujeres”.

En los cuatro meses de este año, 26 mujeres han sido asesinadas, siete  de ellas adolescentes y jóvenes de 12 a 20 años de edad; la ley 779 obliga al Estado a castigar a los agresores, según indica el monitoreo de femicidio de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.