El Salvador: Calles violentas, chóferes indefensos
Por Edgardo Ayala
HAVANA TIMES, 11 abril (IPS) — Zigzagueando por las calles del centro de la capital salvadoreña, José Nuila conduce su autobús mucho más preocupado por evitar un ataque de pandillas que por sortear el entreverado tráfico cotidiano. Es que la violencia ya ha cobrado la vida de cientos de transportistas.
Los 15.000 chóferes del transporte colectivo del país son víctimas de atracos y extorsiones perpetrados por las dos principales pandillas del país, la MS 13 y el Barrio 18, que en los últimos años han mutado a verdaderos grupos del crimen organizado, con sicarios como mano de obra directa y con peones del tráfico de drogas.
Desde 2006, cuando se agudizaron los ataques contra del sector, 625 conductores han sido asesinados, según estadísticas del sector. Ya van 29 en el primer trimestre de este año.
“He ido a las escenas del crimen donde han matado a compañeros, a veces por un dólar los han asesinado, porque la mala suerte que en ese momento no andaban dinero”, dice Nuila a IPS, mientras conduce.
La extorsión es la forma más rentable que tienen las pandillas para sostenerse financieramente. Cálculos del sector transporte estiman que, en 2009, sus agremiados pagaron alrededor de 18 millones de dólares.
El Salvador, al igual que Honduras y Guatemala, afronta severos problemas para contener a las pandillas, surgidas en la década del 80 como un fenómeno emergente de la pobreza extrema y marginación social, impulsado por cientos de jóvenes centroamericanos expulsados de Estados Unidos con experiencias en este tipo de agrupaciones violentas.
Alrededor de 70 por ciento de los jóvenes de las ciudades salvadoreñas no tienen la oportunidad para seguir una carrera universitaria y poder salir del ciclo de pobreza y marginalidad en el que han crecido, señala el Mapa de Pobreza Urbana y Exclusión Social, publicado en abril del 2010 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En El Salvador se calcula que unos 40.000 jóvenes forman parte de esos grupos, más conocidos en la región como maras. La pobreza alcanza a 37 por ciento de los 5,7 millones de salvadoreños, 18,9 por ciento de los cuales tienen entre 15 y 19 años, según datos oficiales.
El Informe sobre Desarrollo Humano para Centroamérica 2009, elaborado por el PNUD, calificó a esta región como la más peligrosa del mundo, a juzgar por su alto índice de homicidios registrados sobre todo en Honduras, Guatemala y El Salvador. En este último país, la tasa es de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Es en ese contexto de criminalidad que se da la campaña de extorsiones y asesinaros contra trabajadores del transporte colectivo. Son emboscados cuando se movilizan por las carreteras con el dinero ganado.
“Se han subido (al autobús) y me han llevado, encañonado, y me dicen no pare porque si no me van a matar”, narra Nuila. “Entonces uno tiene que darles el dinero, a veces todo y a veces solo una parte”, añade.
También son comunes las extorsiones a comerciantes de pequeña, mediana y gran escala.
“El hecho de que el dinero circule en las unidades del transporte es un fuerte atractivo para cualquiera que le guste delinquir”, indicó a IPS el viceministro de Transporte, Nelson García.
El funcionario aseguró que se están diseñando planes para modernizar el transporte colectivo y establecer, por ejemplo, un sistema en el que los usuarios no paguen en efectivo sino con tarjetas prepago, lo cual redundaría en la disminución de los atracos y las extorsiones.
El mismo temor de morir a manos de pandillas afrontan los viajantes de comercio, contratados por grande empresas para ir de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad distribuyendo alimentos y productos básicos.
Cinco distribuidores de agua embotellada y uno de lácteos fueron asesinados en febrero. Los primeros en Tonacatepeque, al norte de San Salvador, y el último, en una zona rural del central departamento de la Libertad.
“Hace como dos semanas nos asaltaron en Ilopango (al este de San Salvador), nos encerraron en el vehículo y nos pidieron que les entregáramos todo”, relató a IPS Marcos, quien por temor prefiere omitir su apellido.
Estadísticas del sector de distribución indican que las pérdidas por robo llegaron a un millón de dólares en 2006, aunque el año pasado bajaron 172.000 dólares.
Hay lugares donde, si los distribuidores no pagan previamente a los líderes de las pandillas de la zona, no entran a distribuir la mercadería. Los pagos diarios oscilan entre cinco y 10 dólares, y hay extorsiones que se cobran semanal o mensualmente.
El subdirector de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, dijo a IPS que la lucha contra la extorsión es la que mejores resultados muestra en los últimos tiempos, pues las condenas alcanzan a 90 por ciento de los casos denunciados.
Sin embargo, Cotto descartó que todo asesinato en el sector transporte, por ejemplo, sea motivada por no pagar la extorsión, algo que rechazan los transportistas al afirmar que es la extorsión el motivo principal, y las pandillas las que mayoritariamente cometen del delito.
Luego de un ataque perpetrado por pandilleros contra un microbús colectivo, en junio del 2010, en el que murieron 20 personas, el Congreso aprobó en septiembre de ese año la Ley de Proscripción de Pandillas, que persigue esos grupos por el simple hecho de serlo pero que ha resultado poca efectiva porque los fiscales deben comprobar que un pandillero ha cometido un delito, y no solo por serlo.
La incertidumbre en la que viven los chóferes del transporte colectivo de pasajeros y viajantes de comercio los está empujando a dejar esa actividad.
“Han venido bastantes muchachos a pedir empleo como conductores de autobuses, pero el primer día que los pusieron a prueba los asaltaron o los extorsionaron, entonces al siguiente ya no vienen, pues ven que los pueden matar”, comenta Nuila.
Otro conductor, que prefiere no revelar su nombre, dice que en 2006 unos hampones le pusieron una pistola en la sien y a él y a su asistente los despojaron del dinero. A raíz de eso, sufrió achaques de salud que lo obligaron a dejar el oficio, aseguró.
“Me enfermé después de ese asalto, y tuve que dejar de trabajar, mi esposa y mis hijos me dijeron que de cualquier manera íbamos a conseguir para alimentarnos”, narra.
Además de ver en riesgo el derecho a la vida, los chóferes y repartidores de mercadería ven vulnerado su derecho a obtener y mantener un empleo digno.