Educación en Chile: El conflicto vuelve a foja cero
Por Pamela Sepúlveda
HAVANA TIMES, 9 oct. (IPS) — Luego de cinco meses de protestas por una educación gratuita y de calidad en Chile, se rompen las negociaciones y el gobierno del derechista Sebastián Piñera endurece la represión policial en diversos puntos del país.
Alumnos y profesores coparon las calles para exigir un cambio radical del considerado sistema educativo desigual, que reproduce la inequidad y la segmentación social, en un clima en general pacífico. Pero esta semana la respuesta policial que recibieron dejó como saldo decenas de manifestantes heridos y detenidos, en una embestida brutal que no distinguió ni a los periodistas.
La dirigente universitaria Camila Vallejo dijo que la violencia desatada el jueves se produjo a raíz de la postura del gobierno de no permitir la marcha por la Alameda, la principal avenida de Santiago, y por no responder a la demanda de reformas estructurales en la educación.
Mostrando una aparente voluntad de diálogo, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, convocó el miércoles a una mesa de trabajo a los dirigentes estudiantiles y de los profesores. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron, ante la negativa de las autoridades de avanzar hacia la educación gratuita, una de las principales demandas de los estudiantes.
El gobierno “no cree que una reforma estructural del sistema pase por darle educación gratuita a todos, incluidos los más ricos”, indicó Bulnes.
Pero los estudiantes sostienen que se intenta confundir a la ciudadanía deslegitimando sus propuestas. “Nosotros no estamos planteando, bajo ningún punto de vista, que los ricos tengan educación gratuita”, explicó a IPS el dirigente de los alumnos de la escuela secundaria Alfredo Vielma.
Mientras el movimiento de protesta propone “una reforma que permita subir los impuestos a las grandes empresas”, para con esos fondos “brindar enseñanza gratuita a todos en Chile”, el gobierno insiste en que el diálogo debe apuntar a revisar los aranceles que se cobran actualmente, disminuir las tasas de interés de los créditos estudiantiles y extender las becas.
Vielma indicó que el planteo oficial “simplemente permite inyectar recursos, pero no se propone ninguna formulación de fondo como la que nosotros reclamamos.
Ante este congelamiento de las negociaciones, el sociólogo Francisco Durán, del Departamento de Políticas Públicas del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), dijo las posturas de uno y otro lado son al parecer irreconciliables, pues exponen paradigmas diferentes sobre educación y difieren radicalmente en cómo realizar políticas públicas en la materia.
La educación es para el movimiento estudiantil “un bien público en el cual los resultados sociales son más importantes que los individuales”, planteando “ideas sobre la base de una racionalidad valórica, con imperativos morales y éticos”, observó Durán.
En tanto que el gobierno “responde sobre una operación del pensar instrumental”, defendiendo su idea de que el sistema es “un bien de consumo que tiene que ser, por tal motivo, pagado de forma personal”, analizó.
Si Chile pretende ser un país desarrollado y con mayor equidad social, debe invertir en tener una educación gratuita, afirmó el experto del Cenda. “Esa es la verdadera inversión a largo plazo que las economías emergentes debieran concretar”, sostuvo.
Añadió que la propuesta de los estudiantes apunta al fondo del problema, que es la necesidad de terminar “con la brutal segmentación social con que hoy coexiste la educación chilena, donde hay instituciones para cada clase social”.
“La diferencia entre un estudiante pobre y otro rico (donde ambos estudien gratis) es que la familia del segundo abona más impuestos. En buenas cuentas, es otro mecanismo de pago que tiene como consecuencia positiva que no hay restricción de entrada a la educación”, sostuvo Durán.
Uno de los mayores problemas que afrontan las familias en Chile con el sistema educativo vigente es el alto endeudamiento en caso de enviar a sus hijos a la enseñanza terciaria. Se estima que, en promedio, los jóvenes al finalizar sus estudios técnico-profesionales deben destinar 30 por ciento de sus ingresos laborales para pagar los créditos que les permitieron graduarse.
A pesar de no estar de acuerdo con una gratuidad para todos los sectores socioeconómicos, sino que el pago “debería ser proporcional a la capacidad de hacerlo”, el economista Alejandro Micco entiende que es “importante hacer una reforma tributaria para inyectar más recursos para financiar el sistema”
Según publicaciones del Departamento de Economía de la estatal Universidad de Chile, una reforma integral al sistema educativo debe establecer un financiamiento permanente y no un fondo transitorio como lo propuesto por las actuales autoridades.
Un cambio de fondo del sistema de enseñanza en Chile “tendría un costo de entre 1,4 a 2,2 por ciento del producto interno bruto (PIB)”, indicó a IPS este académico universitario, coautor del estudio “Costos y Financiamientos de las Propuestas de Reforma de la Educación en Chile”.
Coincidentemente a la discusión, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe de perspectivas económicas para América Latina y el Caribe presentado el jueves en Perú, recomendó a Chile subir los impuestos directos a las empresas para hacer frente a “los niveles aún elevados de desigualdad” y las mayores necesidades sociales.
El FMI incluso sugiere que estos ingresos tributarios podrían aumentar, en promedio, más de cuanto puntos porcentuales del PIB”.
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El pueblo responde
La llamada Mesa Social por la Educación, que agrupa a diversos sectores que apoyan las demandas de alumnos y profesores, lleva adelante una consulta popular para conocer la opinión sobre el sistema de enseñanza vigente en Chile desde los tiempos de la dictadura (1973-1990).
Los centros de recepción de las respuestas instalados el viernes en plazas y lugares públicos de todo el país estarán abiertos hasta este sábado inclusive. La ciudadanía puede participar también por Internet.
La consulta busca saber si la ciudadanía está de acuerdo en que exista una educación pública gratuita y de calidad en todos sus niveles, garantizada por el Estado, y si las escuelas y liceos deben volver a ser administrados por el Ministerio de Educación y no por los municipios o alcaldías como ocurre actualmente.
También se pregunta si el lucro con fondos públicos debería ser prohibido, y si debe incorporarse la figura del plebiscito vinculante convocado por los ciudadanos para resolver los problemas fundamentales de carácter nacional.
“Nosotros apostamos a una salida social”, explicó el portavoz de los estudiantes secundarios Alfredo Vielma. “El gobierno en algún momento tiene que escuchar a una ciudadanía movilizada”, sostuvo.
Los estudiantes universitarios y de las escuelas secundarias, el Colegio de Profesores y la Central Unitaria de Trabajadores convocaron a una nueva huelga general por la educación para el 19 de este mes.