Ecuador: ¿Motín o golpe frustrado?

Por Gonzalo Ortiz

HAVANA TIMES, 2 oct. (IPS) — Analistas discuten si lo ocurrido el jueves en Ecuador fue un intento de golpe de Estado o sólo un amotinamiento de policías, apoyados por efectivos de la fuerza aérea, en protesta por la aprobación de una ley que supone recortes de beneficios enraizados en la tradición de los uniformados.

La afirmación de intentona golpista fue repetida por el gobierno de Rafael Correa, por las televisoras y radios que transmitieron en cadena obligatoria como parte de la declaración del Estado de Excepción en el país, por las agencias internacionales de noticias y como tal fue condenado por los mandatarios de América Latina y de otras partes.

Correa acusó directamente al ex presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005) de haber infiltrado gente suya en la policía para engañarla sobre los alcances de la norma cuestionada y provocar así la sublevación. Lo hizo ante manifestantes en la Plaza de la Independencia, en el centro histórico de Quito, apenas fue sacado del hospital policial, donde estuvo cercado por efectivos amotinados casi todo el día.

Gutiérrez, cuyos partidarios también fueron señalados de invadir medios de comunicación, ha negado esa implicancia, calificando de cobarde a la acusación de Correa.

“El gobierno le ha hecho un gran favor a Gutiérrez, al darle tanta importancia”, dijo a IPS la ex diputada socialdemócrata Magdalena Chauvet.

“No habrá perdón ni olvido” para los policías que participaron en este atentado contra la democracia y para los responsables políticos, reiteró Correa, pero no mencionó ningún nombre propio aparte de Gutiérrez.

La mirada de observadores del exterior sigue en general la línea de la posible existencia de un plan para crear o azuzar este estallido de uniformados y luego culminar con el derrocamiento del gobierno democrático.

Resolver la pregunta parece crucial para ver el rumbo futuro de Ecuador.

La preocupación no es menor en un país crónicamente inestable, que debido a constantes embates contra las instituciones tuvo ocho presidentes en una década hasta 2006, cuando Correa llega al gobierno por primeras vez. Luego fue reelegido en 2009, en comicios convocados por la entrada en vigor de una nueva Constitución.

El gobernante centroizquierdista reforzó la tesis del golpe de Estado al narrar que ninguno de los policías con los que conversó mientras estaba cercado en el hospital había leído la ley que pedían fuera derogada. “Se habían dejado llevar por la guerra sicológica que hacen los gutierristas, los vende patrias y los conspiradores”, expresó.

SUELDOS Y PRIVILEGIOS

“A Correa le molestó sobremanera que la tropa gritara (durante su discurso en el cuartel donde fue atacado, contiguo al hospital) que quien les subió los sueldos fue Gutiérrez. Él tiene razón al decir que ha duplicado los salarios, pues los policías rasos ganaban 355 dólares en 2006 y hoy ganan 750”, dijo, por su parte, a IPS la periodista Juana Ordóñez, subdirectora de la revista económica Gestión.

“Lo que pasa es que la avalancha de personas para ser policías”, que hizo incrementar en más de 10.000 la tropa de 40.000 que había hasta entonces “no pudo ser financiado por el gobierno, que, con un criterio tecnocrático buscó recortar otras prebendas de los policías y militares”, añadió.

“Hoy hay en Ecuador casi 52.000 efectivos en la policía, 39.000 de los cuales son rasos, y 72.644 militares, 37.000 de ellos también rasos, y cerca de 20.000 conscriptos y aspirantes”, precisó Ordóñez.

Entre los bonos suprimidos por la llamada Ley de Servicio Público están los de un sueldo y medio que recibían por una sola vez los suboficiales cada vez que ascendían de rango y que van del equivalente a 3.000, 5.000 y hasta 8.000 dólares para los oficiales superiores. También los incentivos pecuniarios que recibían cuando eran condecorados por su desempeño.

Además, la ley alarga de cinco a siete años el tiempo requerido para el ascenso de un grado a otro. “Aunque es verdad que la carrera también se alarga, la gente ve a corto plazo y se desespera”, dijo a IPS José Caiza, guardia de un conjunto residencial y policía retirado.

“Esto está en el trasfondo de la insurrección militar, más que un complot organizado”, dijo a IPS Felipe Burbano, profesor de ciencias políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

“Hay un malestar en la tropa de la fuerza pública que el gobierno no evaluó bien”, agregó.

“El sistema de incentivos forma parte de la institucionalidad militar, que funciona desde hace décadas”, dijo Burbano.

El académico citó al contralmirante en servicio pasivo Raúl Jaramillo, quien dijo este viernes en televisión que no veía razón para cambiar el sistema. “Como dice el viejo adagio, si no está dañado, no intentes arreglarlo”, dijo el militar.

Pero Burbano indicó que esta insurrección puntual “empató con una lógica desestabilizadora”.

“Como parte de la cultura política de Ecuador, la oposición siempre tiene estos deslices desestabilizadores. Hacer oposición es tumbar gobiernos. Me parece que eso sucedió ayer: que la protesta en los cuarteles derivó en esa dinámica desestabilizadora, y la cosa se complicó”, explicó.

Nick Mills, un académico estadounidense que ha escrito libros sobre la cultura política ecuatoriana, dijo a IPS que “son las trabas que se dan en las instituciones democráticas del país lo que provoca los conflictos”.

“La propia debilidad institucional democrática resulta en un desbordamiento hacia las medidas de fuerza y no hacia la persuasión”, sostuvo.

Obligado a quedarse en el país por el cierre del aeropuerto, a Mills le tocó presenciar en vivo y en directo otro episodio de la convulsa política ecuatoriana

“Fue interesante y penoso ver que un conflicto puntual creció por la intemperancia del presidente y luego se contagió a muchos otros recintos policiales y aún militares y que produjo el bochorno de que se secuestrara al mandatario durante todo el día”, dijo Mills.

VOTOS Y VETOS

“La verdadera culpable de todo esto es la Asamblea Nacional (parlamento

unicameral) y sus repetidas maniobras de aprobar leyes sin debate, para darle gusto a Correa”, dijo a IPS el columnista Simón Espinosa. “Gobernar por imposición tarde o temprano genera resistencias”, sostuvo.

Espinosa hace referencia en su comentario a que, muchas veces, tras meses de negociaciones en la Asamblea, los cambios que se hacen en los proyectos de ley son luego desechados por Correa, que vuelve a enviarlos con artículos vetados para volverlos a su texto original.

Al carecer de mayoría, el bloque legislativo de la gobernante Alianza País deja en esos casos sin quórum a las sesiones de debate de los vetos, para que así se cumplan los plazos para ello y entren en vigencia de hecho por lo que se llama “el ministerio de la ley”.

En cambio, en el caso de esta llamada Ley de Servicio Público, que involucra a todos los empleados estatales no sólo a los policías, el proyecto respectivo enviado en agosto por el Poder Ejecutivo fue discutido en dos debates.

La Federación de Servidores Públicos, la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior, la Unión Nacional de Educadores, y otros tantos sindicatos se manifestaron en contra y acudieron a la Asamblea a hacerse escuchar.

Como resultado, el parlamento modificó el proyecto y fue enviado a Correa, quien emitió cuatro vetos. Así volvió a la Asamblea, que la aprobó la noche del miércoles con la aceptación de tres de esos cuatro vetos presidenciales.

El que no se aprobó era una medida para forzar la “compra de renuncias” de la burocracia, uno de los puntos que había generado más críticas de los servidores públicos.

Pero subsistieron los artículos de homologaciones salariales y supresión de bonos e incentivos, de topes a la carrera en el servicio público, la jubilación obligatoria, el pago en bonos y no en efectivo de dichas jubilaciones, además de otras medidas rechazadas por civiles y uniformados.


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